Una propuesta tributaria de la Secretaría de Hacienda acaba de prender las alarmas entre diversos actores políticos, toda vez que “debilitaría” a Pemex, además de que busca incorporar los “contratos de utilidad compartida” en beneficio del sector privado. Por lo demás, en foros organizados por la Comisión de Energía del Senado y por la bancada perredista hubo coincidencia en advertir acerca de los peligros de una reforma energética completa, es decir, que implique modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales.
MÉXICO, DF (Apro).- La reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto quedó amarrada al futuro de la reforma fiscal que deberá aprobarse en los próximos días en el Congreso. Por la vía de una nueva Ley de Ingresos de Hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretende crear un régimen tributario que debilitaría a Pemex e incorpora la figura de los "contratos de utilidad compartida" aun antes de que se aprueben las reformas constitucionales a los artículos 27 y 28 y sin que se conozcan los detalles de la legislación secundaria.
La propuesta ya generó fuertes críticas dentro de la bancada del PRD en el Senado, así como en la Cámara de Diputados. También la fustiga el ex director de Pemex Adrián Lajous Vargas, quien propone suspender la aprobación de un nuevo régimen tributario en materia de hidrocarburos basado en los contratos de utilidad compartida porque "aún no se conocen el contenido y los alcances de esos contratos".
Por su parte, el constitucionalista Diego Valadés Ríos considera que las reformas a los artículos 27 y 28 "darían a los particulares derechos reales; es decir, de posesión o propiedad sobre la parte de los recursos que hayan sido objeto de la contratación".
La nueva Ley de Ingresos de Hidrocarburos propuesta en el paquete fiscal por la SHCP establece dos regímenes fiscales de operación simultánea: uno para Pemex Exploración y Producción, y otro para las empresas privadas operando al lado de la paraestatal o compitiendo con ésta.
La iniciativa de Hacienda modifica la naturaleza de Pemex y las instituciones que giran en torno a ella, como la Secretaría de Energía (Sener), que adquirirá mayor poder de decisión. Esta dependencia se encargaría de asignar a la paraestatal los bloques en explotación directa.
Al mismo tiempo se crearía una empresa para comercializar los hidrocarburos –gas natural o petróleo– obtenidos mediante los contratos de utilidad compartida. El dinero generado se entregaría a la SHCP para su reparto.
Así lo establece la iniciativa en su exposición de motivos:
"El comercializador del Estado entregará al fideicomiso todos los ingresos derivados de la producción, una vez descontado el pago por los servicios de aquél, de conformidad con lo establecido en el contrato de recolección y venta que formalicen con la Secretaría de Energía".
La iniciativa fue criticada por Lajous, quien participó tanto en los foros de debate organizados por la bancada del PRD como en los de la Comisión de Energía que preside el priista David Penchyna.
"El Poder Ejecutivo difícilmente podrá hacer públicas las legislaciones secundarias a la reforma energética sin que antes se apruebe su paquete fiscal; pero sin conocer los contenidos que se implementarán, ¿cómo quieren aprobar la forma de tasarlos? ¿Aplicarán estos cobros para Pemex o para todas las empresas? Los legisladores no pueden aprobar leyes basándose en conjeturas", afirmó quien fuera director de Pemex durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Asimismo, propuso que en lugar de los contratos de utilidad compartida se explore la figura de un "régimen de permisos y de licencias", similar al que hoy rige en materia de gasoductos, transporte y distribución, "y que tiene una larga tradición jurídica en el país".
El régimen de licencias, abundó, es más fácil de diseñar y administrar porque sus términos y condiciones se fijan por ley, no caso por caso, como ocurre con las concesiones y con los contratos de riesgo, como sería en la figura de los "contratos de utilidad compartida".
También aseguró que si se adopta el régimen de licencias, la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá tener "amplios poderes regulatorios y una autonomía para proponer áreas geográficas a explorar y desarrollar; definir con el gobierno los bloques que se liquidarán, las ventajas de su adjudicación y abandono, así como el tamaño y frecuencia de las rondas de licitación".
En el debate organizado por el PRD participó Valadés Ríos, quien se opone a las reformas al 27 y 28 constitucionales porque éstas, dice, darían a los particulares "derechos reales, esto es, de posesión o de propiedad, sobre la parte de los recursos que hayan sido objeto de la contratación".
La reforma propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, planteó el también extitular de la PGR, "fortalece las capacidades decisorias y discrecionales del gobierno, lo cual agrava la situación".
Y añadió: "Lo que no se ha explicado todavía, desde el punto de vista técnico, ni administrativo y económico es por qué un monopolio petrolero fracasa. Es un caso único en el planeta. No es porque el país no tenga capacidad técnica de gestión, administración o exploración y explotación. Lo que ha hecho fracasar a la industria petrolera es el régimen político".
TRAMPAS
Un análisis elaborado por la bancada perredista en el Senado, el cual Proceso pudo conocer, advierte que se pretende amarrar la reforma hacendaria a la energética mediante la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, lo que implicará "el desmantelamiento" y el "fin de la autonomía de gestión" de Pemex.
En esta iniciativa se otorgan facilidades para la explotación de hidrocarburos realizada por medio de asignación. La Sener podrá contratar a un comercializador del Estado: una nueva entidad paraestatal que prestará los servicios de recolección y venta de hidrocarburos.
La SHCP creará un "fideicomiso de administración y pago" en una institución de banca de desarrollo para el manejo de los ingresos derivados de los contratos de utilidad compartida, así como del pago de contraprestación a Pemex, eliminando el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de la paraestatal "y, con ello, toda autonomía presupuestal y de gestión".
Se abriría así la posibilidad de que Pemex bursatilice y se endeude, pues se "reitera la potestad para que la paraestatal realice negociaciones oficiales, gestiones sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales, así como contratar financiamientos externos y contratar obligaciones de deuda en moneda extranjera, pese a las experiencias negativas que se han reportado (caso Repsol)", plantea el análisis.
