Editorial-La Jornada
A unas horas de que el Legislativo discuta y dictamine la iniciativa de reforma fiscal presentada por la Presidencia y sus partidos aliados en el Pacto por México, se multiplican los indicios de que dicha reforma encierra más costos que beneficios para los sectores económicos y el conjunto de la población. Tal es el caso de la propuesta de crear un seguro de desempleo, presentada por el Ejecutivo como una de las puntas de lanza para la creación de un sistema de seguridad social “universal”; como una política que mejoraría las condiciones de los trabajadores del país y que justificaría las alzas impositivas contempladas en el marco de la propia reforma.
Tales afirmaciones, sin embargo, quedan desvirtuadas a la luz de los elementos de juicio disponibles en torno a la referida propuesta. De entrada, el seguro de desempleo no representa avance alguno hacia un sistema de seguridad social “universal”, en la medida en que está limitado a los trabajadores del sector formal afiliados al régimen obligatorio del IMSS o del Issste, por lo que el universo de posibles beneficiarios de ese seguro sería una tercera parte de las personas ocupadas en el país.
Por lo demás, el hecho de que este seguro se vaya a financiar con el 60 por ciento de las aportaciones para la cuenta de vivienda de los trabajadores desvirtúa el afán gubernamental de presentarlo como una acción que justifica las alzas impositivas –porque el costo de dicho beneficio recaería en los propios trabajadores, no en el erario–, y prefigura efectos nocivos para los asalariados y para la economía. En primer término, la creación de este seguro implicaría la afectación de un conquista social, pues provocaría que los trabajadores vieran reducida su aportación a cuenta de vivienda de 5 a 2 por ciento, lo que plantea dificultades adicionales para que los asalariados tengan acceso a créditos habitacionales y amenaza con una reducción estimada de 70 por ciento en las operaciones del Infonavit.
Adicionalmente, la reducción de las aportaciones patronales al fondo de vivienda tendría efectos negativos para ese sector –incluso si se elimina el impuesto a rentas e hipotecas, contenido en la iniciativa original de la reforma hacendaria–, modificaciones como la aquí comentada desincentivarían la construcción y compra de edificaciones nuevas y generarían una afectación que pudiera ser transversal al conjunto de la economía.
Nadie podría estar en desacuerdo con la aplicación de políticas que impliquen una ampliación de los derechos sociales y del bienestar de la población; en el caso específico del seguro de desempleo, la situación de rezago que enfrenta el país en materia de trabajo hace deseable y necesario explorar vías alternativas que permitan que ese beneficio llegue al conjunto de la población y que se considere un derecho. En tanto, los legisladores tienen la responsabilidad de evaluar las propuestas de la iniciativa de reforma fiscal en sus pros y sus contras, a efecto de evitar que, bajo el supuesto argumento de beneficiar a los trabajadores, se le termine causando un daño adicional.
Fuente: La Jornada
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