Este 23 de octubre el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos será juzgado en el seno de las Naciones Unidas. Gobernantes e integrantes de la sociedad civil mexicana confluirán en Ginebra, Suiza, para escuchar y tomar nota de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional. Para las organizaciones civiles el balance es negativo. Aseguran que durante los últimos 4 años, periodo que comprende la revisión del Examen Periódico Universal, las violaciones a los derechos humanos han repuntado como consecuencia de un contexto de violencia generalizada y de la militarización de los espacios públicos.
El Estado mexicano asegura, en cambio, que las carencias sociales han disminuido y que el país está ante la mayor ampliación de garantías desde la aprobación de la Constitución de 1917
El Estado mexicano está en la mira de la comunidad internacional. El próximo 23 de octubre será objeto de su segundo Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que evalúa los avances y retrocesos de un país en materia de derechos humanos.
Previo a este ejercicio, el fallo de la sociedad civil mexicana sale a la luz y evidencia una realidad de penumbras: entre 60 mil y 100 mil personas asesinadas, 25 mil desparecidas, miles de desplazadas; cientos de periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos y asesinados…
A través del Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal de México, 31 organizaciones de derechos humanos denuncian que de 2009 a 2013, periodo que comprende la revisión del segundo EPU, las violaciones de derechos humanos en el país se incrementaron exponencialmente como consecuencia de un contexto de violencia generalizada y de aplicación de políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos.
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, precisa que la raíz de esta crisis humanitaria es el “fracaso” de una política de Estado: la “guerra” contra el narcotráfico emprendida durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa.
Vista por la lente de los gobernantes mexicanos la realidad del país es otra. El Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, describe un contexto de “disminución de carencias sociales” y de “avances trascendentales para garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos” que, remata, “no sufrirá retroceso alguno”.
El entusiasmo del Estado mexicano se cimienta en avances de carácter normativo alcanzados durante el periodo en revisión. Destacan las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo, así como la expedición de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Amparo.
“El país está ante la mayor de ampliación de garantías a favor del individuo desde la aprobación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917”, se lee en el documento coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La sociedad civil mexicana no es omisa a los “avances de papel”. Finalmente es ella quien ha empujado el diseño y la aprobación del nuevo marco jurídico. No obstante, lamenta que toda esta normatividad no haya trascendido del estante a la realidad.
Un caso ejemplar es el de la Alerta de Violencia de Género, figura de vanguardia contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A 6 años de la creación del mecanismo que busca hacer frente a la violencia feminicida en un territorio determinado, ninguna de las solicitudes de alerta promovidas por la sociedad civil ha prosperado (Contralínea 350).
Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México, califica de “decepcionante” el informe que el gobierno mexicano presenta a la ONU, y enumera sus razones: no asume la gravedad de la realidad del país; adolece de medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos contra los derechos fundamentales; y carece de datos duros respecto del impacto de la política gubernamental en la materia.
Agnieszka Raczynska destaca que, para el periodo que comprende la revisión del EPU, el Estado mexicano ha sido objeto de cinco sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que conciernen a casos representativos de las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos en México: González y otras (“Campo Algodonero”), Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, y Cabrera García y Montiel Flores.
En cada uno de éstos, precisa, la Corte ha emitido fallos a favor de las víctimas, mismos que el gobierno mexicano no ha logrado satisfacer cabalmente. Para la representante de la sociedad civil, “esto nos habla de una falta de voluntad y capacidad del Estado para ejecutar los dictámenes de una Corte que lo está señalando como responsable de violar derechos humanos”.
A partir del panorama descrito, Agnieszka Raczynska concluye que el balance a los ojos de la sociedad civil es “negativo”. Y es que, expone, “son muchos pendientes por parte del Estado mexicano: “recomendaciones rechazadas, recomendaciones que no han sido retomadas o efectuadas, y otras que tienen un grado de avance sobre todo en aspectos legislativos, pero que no logran finalmente este impacto en el goce de derechos”.
Avances legislativos, a medias
Los logros que el Estado mexicano enuncia en su informe, esos a los que atribuye en un contexto de ampliación de garantías semejante al de la Constitución Política de 1917, están inacabados.
Tal como lo señala Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México, durante el foro México Ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos: Examen Periódico Universal, Retos y Oportunidades, las acciones reportadas como avances por las autoridades del país refieren, en su mayoría, iniciativas de ley o proyectos que no han sido aprobados, que no han comenzado a operar o que simplemente han resultado ineficaces.
Respecto de la normatividad aún inconclusa, el informe de la sociedad civil apunta que a pesar de los avances que significó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, no se han expedido las leyes secundarias necesarias, ni avanzado en la armonización de las constituciones locales; lo mismo ocurre con el marco legal secundario de la reforma constitucional en materia de amparo.
Lejos de ello, durante el periodo en referencia, el Partido Revolucionario Institucional impulsó una reforma que implicaría la eliminación del principio Propersona (aplicación preferente de la norma más favorable a la persona) y del reconocimiento de rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, han prosperado al menos dos iniciativas contrarias a los principios de los derechos fundamentales: la reforma laboral, que “reduce de forma drástica los derechos de los trabajadores”; y la incorporación de la figura de arraigo a la Constitución mexicana.
En materia de armonización legislativa, las organizaciones de la sociedad civil cuestionan las reservas que el Estado mexicano mantiene a diversos instrumentos de derecho internacional de los cuales es parte. A la fecha, el país carece de una legislación federal que retome integralmente el contenido del convenio C169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular en lo relativo a la consulta de los pueblos indígenas; continúa sin ratificar los convenios 98 y 138 de la OIT; no ha retirado la reserva al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que habla de la libertad sindical, ni ratificado el protocolo facultativo del mismo; no ha aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; mantiene una reserva al artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas relacionado con el fuero militar.
Finalmente, señalan que continúa pendiente una legislación en materia de acceso a la información que permita la democratización de los medios de comunicación, así como la armonización de diversos tipos penales con los estándares internacionales.
Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, reconoce que a escasos días de la celebración del EPU existe un listado de pendientes legislativos “inscritos en mayor o menor grado en procesos de discusión en comisiones”.
La representante del Partido de la Revolución Democrática alude a algunos de estos pendientes: el dictamen en materia de tortura, las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucional, la reforma al Código Penal Federal en torno al delito de desaparición forzada, la iniciativa para que se quiten las reservas a diversos tratados internacionales, la minuta para elevar a 1 año la edad mínima para que los infantes se incorporen al mundo laboral y la reforma a la Ley Contra la Trata de Personas.
Temas del EPU, los mismos que hace 4 años pero agudizados
En febrero de 2009 México fue evaluado por primera vez por el EPU. Entonces recibió 91 recomendaciones. A más de 4 años de aquél examen, el balance de la sociedad refleja que las problemáticas de ayer son las mismas de hoy, y que incluso algunas de ellas se han agudizado.
El acceso a la justicia, la violencia contra las mujeres, el feminicidio, la tortura, la situación de los pueblos indígenas, la impunidad en los casos donde el perpetrador es militar son, a decir de Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, las temáticas que se mantienen de un examen a otro. Desapariciones forzadas, situación de personas migrantes y agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, serían, en tanto, las que adquirieron mayor relevancia durante los últimos 4 años.
Para la sociedad civil son 11 los temas de especial interés según el Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal de México: armonización legislativa; pobreza y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; acceso a la justicia y reforma judicial; sistema penitenciario; seguridad pública y militarización; desaparición forzada y tortura; pueblos indígenas; personas defensoras de derechos humanos y periodistas; migrantes; mujeres; y juventudes y niñez.
Agnieszka Raczynska refiere que del diálogo que la sociedad civil ha sostenido con los delegados y embajadas de países como España, Alemania, Estados Unidos y Noruega se desprenden algunos de los temas prioritarios para la comunidad internacional y que seguramente figurarán dentro de las preguntas y recomendaciones dirigidas al Estado mexicano: la reforma al Código de Justicia Militar, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, las acciones emprendidas para la erradicación de la tortura y los esfuerzos para proteger a las personas migrantes.
Arraigo y justicia militar, dos temas pendientes
Ocho de las 93 recomendaciones dirigidas el Estado mexicano en 2009, año en que fue objeto de su primer EPU, fueron rechazadas por quienes entonces gobernaban el país bajo el argumento de que ya se estaban aplicando las acciones necesarias para resarcir los errores y omisiones. Las autoridades mexicanas mintieron: estos temas continúan vigentes.
Cinco de las recomendaciones rechazadas se centran en el tema de la reforma al Código de Justicia Militar; piden que las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas sean juzgadas por tribunales civiles y no por militares como hasta la fecha ocurre. Las otras se pronuncian por abolición de la figura del arraigo, por reformar la definición de delincuencia organizada para que sea compatible con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y por restablecer la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra movimientos sociales y políticos del pasado o crear una fiscalía similar.
Para las organizaciones de la sociedad civil es preciso detenerse en al menos dos de estos rubros: el de la reforma al Código de Justicia Militar y el del arraigo.
En el Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal de México argumentan que el fuero militar ha permitido que las violaciones a derechos humanos a manos del ejército permanezcan en la impunidad.
Explican que a pesar de que cuatro de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncian porque los abusos a derechos humanos sean juzgados e investigados en la vía ordinaria y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar, los cambios legislativos en la materia aún no llegan.
Respecto de la figura del arraigo (detención preventiva sin cargos que la justifiquen), comentan que no obstante que nueve mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado su eliminación, ésta sigue operando, y no sólo eso, fue elevada a rango constitucional mediante la reforma de justicia penal.
Angélica de la Peña, senadora, asegura que durante el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión, al menos dos de estos temas quedarán resueltos. Se trata de las reformas al Código de Justicia Militar y de la definición del delito de delincuencia organizada conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
Cuestionable, compromiso de Peña Nieto con los derechos humanos
A pesar de que el periodo que comprende la revisión del segundo EPU abarca mayoritariamente la gestión de Felipe Calderón, las organizaciones de la sociedad civil han detectado en la administración de Enrique Peña Nieto síntomas que les hacen dudar sobre su compromiso en materia de derechos humanos.
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, refiere que fue “muy mala señal” para la sociedad civil que el Programa Nacional de Derechos Humanos se considerara como uno más de los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y no como uno de los ejes prioritarios. “Ahí hay una mala señal de cómo se ve la agenda de derechos humanos en este gobierno”, comenta.
—¿Las organizaciones de la sociedad civil fueron consultadas para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos? –se le pregunta.
—Hemos sido convocadas a dos reuniones donde se nos ha compartido la ruta para elaborar este programa. Nosotras insistimos en la necesidad de hacer una evaluación del programa anterior para tener un piso en común y de ahí partir. Nuestra recomendación no fue tomada en cuenta. Lo que estamos viendo es que ya hay una ruta establecida por Gobernación para la construcción de este programa y quien se sume a ella es bienvenido, pero en realidad no se está contemplando como una construcción colectiva.
—En la metodología del informe que el Estado mexicano presenta al EPU, la Secretaría de Relaciones Exteriores asevera que la voz de la sociedad civil está incluida en el documento, puesto que se les consultó en dos foros, en una mesa de trabajo conjunta y a través de un espacio electrónico. ¿Esto es cierto, su visión quedó reflejada ahí?
—No, para nada. En su momento mandamos nuestro insumo e informes individuales al correo electrónico que abrió la cancillería para que fueran tomados en cuenta. Acudimos también a los foros que se organizaron. Creo que sí tenemos concepciones distintas de lo que es una consulta, porque sí se realizaron los foros, se entregaron insumos, pero no hubo ninguna devolución para comentarios, ninguna retroalimentación o claridad en la metodología de construcción del informe del Estado.
“Lo que nosotras no vemos reflejado en el informe del gobierno mexicano es, entre otras cosas, el reconocimiento del contexto de violencia generalizada del que nostras hablamos y que implica un deterioro de los derechos humanos”.
¿Qué es el EPU?
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados responsables del fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo.
El EPU revisa, cada 4 años y medio, las prácticas de derechos humanos de los 193 Estados parte de la ONU. Se trata de una evaluación entre pares, que valora hasta qué puntos los Estados respetan las obligaciones de derechos humanos contenidas en La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados, las promesas y compromisos voluntarios, así como la ley humanitaria de derecho aplicable.
La evaluación se realiza con base en tres documentos: informe presentado por el Estado en cuestión; compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); resumen elaborado por la OACNUDH respecto de la información brindada por las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados.
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, habla de la importancia de este novedoso mecanismo. Además de ser el único en su tipo (en el sistema interamericano de derechos humanos no existe otro igual), implica una revisión muy integral de la agenda de derechos humanos y una evaluación que es entre pares y no por un grupo de expertos.
—¿Qué tan confiable es el fallo del mecanismo? –se le pregunta.
—Obviamente hay afinidades entre países, eso sin duda, y ningún mecanismo lo podrá evitar. Pero más allá de las alianzas políticas que se puedan hacer, lo que en esta ocasión buscamos las organizaciones no gubernamentales es que se hagan recomendaciones más concretas, mucho más focalizadas, y no tan amplias como las de hace 4 años pues eso nos dificulta mucho el monitorear el avance en la ejecución de una recomendación.
—¿Qué pasa después de la emisión de las recomendaciones por parte de la comunidad internacional? ¿Su cumplimiento es obligatorio?
—No hay obligación per se de cumplir, porque son recomendaciones emitidas por un mecanismo de la ONU que no es obligatorio. No obstante, es importante recalcar que a diferencia de hace 4 años contamos con un marco legislativo que obliga al Estado mexicano a incorporar dentro de todo su actuar la perspectiva de derechos humanos y aplicar el estándar más alto en la materia.
—¿Cuáles serían entonces las implicaciones para el Estado mexicano en caso de que incumpla con estas recomendaciones?
—Muy burdamente, podríamos decir que México se estaría construyendo una mala imagen a nivel internacional. Pero, sobre todo, se ganaría la descalificación por parte de la sociedad mexicana al no cumplir recomendaciones que se le hacen a ese nivel.
La sociedad civil llama al Estado mexicano a ver en el EPU una oportunidad para mejorar y no un instrumento de golpeteo político. A través del Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal de México, lo instan, asimismo, a contar con un mecanismo incluyente para dar seguimiento a las recomendaciones recibidas.
Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, comenta que el Estado mexicano, a través de la cancillería, ha decidido no responder de inmediato a las recomendaciones emanadas del segundo EPU, sino hasta 2 meses después con la a finalidad de analizar con más precisión sus respuestas, mismas que, asegura, someterá al escrutinio de la sociedad civil.
Para la realización de esta investigación, Contralínea solicitó entrevistas con Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y con Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al cierre de esta edición, no hubo respuestas.
