22 octubre 2013 | ALDF
Al expresar que en la ALDF se promueve que el suministro de energía eléctrica sea un derecho humano, el diputado Alejandro Ojeda aseguró que la estrategia nacional en materia de energía anunciada por el Gobierno Federal, cae en el absurdo, porque su plan de disminuir el consumo de energía eléctrica es encareciendo la tarifa.
El asambleísta del PRD dijo que la propuesta de que el acceso a la energía eléctrica sea reconocido como un derecho humano, se hace bajo el concepto del “Buen Vivir”, donde se plantea que en el Distrito Federal sean irreversibles las conquistas y las transformaciones sociales ya logradas.
Explicó que la energía eléctrica, representa uno de los servicios más importantes prestados del Estado, por tanto, resulta primordial abordar el desafío de brindar a la gente el elemento más básico de la vida, en virtud de que sin el establecimiento del derecho de acceder y utilizar la energía eléctrica, serían inalcanzables otros derechos.
Durante su participación en el foro “A cuatro años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, retos y perspectivas de la electricidad en la ciudad de México, hacia un derecho humano” el diputado local argumentó que la CFE como prestadora del servicio público de suministro de energía eléctrica y al ser un organismo gubernamental, se encuentra obligada a observar los principios acordes al respeto a los derechos humanos, respecto de aquellas personas que sean prestatarias del servicio.
“La noción de servicio público implica, por una parte, que el servicio debe otorgarse de manera regular e ininterrumpida, manteniendo un nivel de eficiencia aceptable, para dar respuesta a las necesidades sociales, y por otra, que las entidades que la prestan deben guiar su actuación bajo el principio de respeto a la dignidad humana, la cual, puede definirse como el conjunto de prerrogativas mínimas que se le otorgan a toda persona”, puntualizó.
En presencia de personalidades como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, y el líder del SME, Martín Esparza, el legislador planteó:
Primero: el establecimiento de tarifas sociales, determinadas por parámetros de nivel económico, desarrollo social, industrial y ambiental.
Segundo: la CFE deberá cumplir con las obligaciones relacionadas a los derechos humanos, adoptando políticas en la materia para la realización de sus actividades.
Tercero: en la prestación de los servicios de energía eléctrica se deberá asegurar no sólo la cobertura, sino también la accesibilidad al servicio.
Cuarto: la garantía en la accesibilidad y suministro de la energía eléctrica, permitirá un mayor grado de cumplimiento a otros derechos, tales como alimentación, educación, salud, etc.
Quinto: los actos realizados por la CFE quedarán protegidos por mecanismos jurídicos efectivos, que aseguren el cumplimiento del derecho humano a la energía eléctrica.
Al realizar un análisis sobre el suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, manifestó que el prepago, al ser el suministro de energía eléctrica un servicio público, éste resulta ser inconstitucional, ya que se constituye en un limitante contra el libre acceso al goce de un recurso que es vital.
Criticó que en el manual se omite cumplir con las recomendaciones de la Auditoría Superior dela Federación, en lo concerniente a que se debe asegurar que los servicios al consumo de energía eléctrica, verdaderamente lo reciban los sectores sociales más desprotegidos.
En lo que se refiere al cobro por estimaciones, dijo que éste viola el principio de certeza jurídica, ya que el cobro permite discrecionalidad a la CFE, y es por ello que se ha incurrido en cobros excesivos.
Expuso que el manual que expidió la Secretaría de Energía se constituye en un acto del Ejecutivo que vulnera los derechos de los usuarios, además invade esferas de competencia del Poder Legislativo Federal.
En lo tocante a la problemática existente en relación a las tarifas, enunció que en el Distrito Federal para los 6.1 millones de usuarios domésticos, la CFE facturó por medio de estimaciones el 37.7 por ciento y en 62.3 por ciento lo hizo con base en toma de lectura del medidor.
La CFE emitió 4 de cada 10 recibos por medio de la estimación, es decir, al aire sin saber el consumo real de los usuarios, lo que se ha traducido en un problema que a diarios enfrentan miles de ciudadanos.
Es evidente, indicó, la incapacidad de los directos de CFE, para conducir su administración bajo políticas públicas correctas. Agregó que la dependencia de México en los derivados de hidrocarburos y del carbón mineral para la generación de electricidad para 2011 fue de 79.7%, porcentaje superior al registrado por Estados Unidos, Chile, Canadá y los países miembros de la OCDE.
