La aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, mediante un denigrante mayoriteo legislativo en San Lázaro, vino a corroborar el grado de descomposición al que ha llegado el aparente modelo republicano basado en una imaginaria división de poderes que priva en México. Es nuestra forma de utilizar las palabras democracia y gobierno democrático la que produce mayor confusión. A menos que se definan claramente esas palabras y se llegue a un acuerdo sobre las definiciones, la gente vivirá en una inextricable confusión de ideas, para beneficio de los demagogos y los déspotas
Alexis de Tocqueville
El Poder Legislativo ha perdido su elemental fundamento teórico como representante del pueblo e impulsor de las leyes que más convienen al país; el Ejecutivo se ha convertido en un poder absoluto que lejos de anteponer los intereses de las mayorías y mantener el esquema de la soberanía nacional que le impone como responsabilidad inexcusable la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha mutado en un simple ejecutor de las directrices establecidas por organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Mundial, que a través del neoliberalismo buscan no únicamente la privatización de las empresas públicas, sino de sectores estratégicos como el energético y el educativo. Y el Poder Judicial ha demostrado de manera reiterada ser un vergonzoso apéndice de las consignas del Ejecutivo, sin independencia alguna.
Lo ocurrido en las últimas semanas ha terminado por corroborar, pese a la reiterada manipulación mediática, que no es lo mismo hablar de una democracia en las urnas que de una democracia en los hechos; es decir, la aplicación de un verdadero gobierno democrático con capacidad de establecer un diálogo con los sectores de la población directamente afectados con sus políticas impositivas: un gobierno que vele por el interés de la nación y no por los intereses de la oligarquía internacional.
Una sociedad bombardeada y confundida por la distorsionada realidad que le han vendido hasta el cansancio los llamados “líderes de opinión” no acierta a discernir que la reforma educativa constituye una regresión a la auténtica calidad educativa, amén de un atentado laboral a los derechos adquiridos por los profesores. Lo aprobado por los legisladores tendrá un serio impacto en la educación de nuestros hijos, pues en ninguna parte del mundo se eleva el nivel educativo dejando en la incertidumbre y la precariedad laboral a los mentores, quienes ahora, en aras de una tergiversada evaluación, estarán en riesgo de perder su empleo cuando así lo establezca un grupo de funcionarios que ya han demostrado su incapacidad hasta para corregir faltas de ortografía en los libros de texto.
Las reformas tanto laboral como educativa, energética y fiscal conllevan un mismo objetivo: velar por los intereses de las multinacionales, a las que les conviene tener países empobrecidos y sumidos en la mediocridad educativa, con una clase trabajadora depauperada y sin derechos a la seguridad social ni a la estabilidad laboral. El capitalismo voraz que avanza gracias a la complicidad de gobiernos dóciles y antinacionalistas ha emprendido una feroz embestida contra la educación pública, incluso en Estados Unidos.
Por ejemplo, William Ayers –profesor emérito de la Universidad de Illinois, en Chicago, fundador y vicepresidente de la división de estudios curriculares de la Asociación Estadunidense de Investigación Educacional, así como de diversas organizaciones en defensa por la educación pública democrática en la Unión Americana– ha venido alertando y denunciando en los últimos años sobre las reformas que en ese sector se han promovido en su país, que buscan “minar la voz colectiva” de los maestros en una bien definida estrategia por privatizar la administración de un recurso público hasta reducir la enseñanza a un mero examen estandarizado.
En una amplia entrevista publicada en un diario nacional en diciembre del año pasado, el experto en el tema advirtió sobre los riesgos de que México y otros países copien parte del modelo estadunidense. Y aconsejó que sus gobiernos “deberían entender un par de cosas: una, se reduce la educación a algo que sólo se centra en un muy estrecho espectro cognitivo, en lugar de que sea una introducción robusta y amplia de los aspectos humanizantes de la cultura entera”. Ejemplifica al respecto: “No me puedo imaginar a los Obama diciendo a sus hijas: ‘nos gustaría llevarlas al concierto, a clases de violín, al equipo de natación, al ballet, al club de ajedrez, pero sólo lo haremos si se comprueba que eso elevará sus calificaciones en los exámenes’.
“La segunda consecuencia que estamos viendo –señala el analista– es que se está desalentando a toda la mejor gente que desea ingresar al magisterio. El modelo de enseñanza que promueve Arne Duncan (secretario de Educación en la administración de Obama) es de 3 años y para afuera”. En ese modelo se contrata a jóvenes capacitados rápidamente mediante programas como Teach for America, con la idea de que sólo trabajarán pocos años antes de ser abogados o tener otra profesión.
Algo muy similar han comentado los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el sentido de que en México se busca acabar con el normalismo para dar paso a las “escuelas chárter” o de concertación, que no son más que instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público.
Retomemos las evaluaciones de Ayers: “Eso es una catástrofe. Ser maestro es la única profesión en Estados Unidos donde tener experiencia y antigüedad es considerado un déficit. También es la única profesión donde 50 por ciento de nuestros egresados de escuelas de pedagogía deja de enseñar después de 5 años. Si eso ocurriera en las escuelas de leyes y de medicina, tendríamos una emergencia nacional”.
El problema, en este contexto, es que “los poderosos, los Walton de Walmart, la Fundación de Bill Gates, tienen el micrófono y han logrado encuadrar el tema como de incompetencia de los profesores”. Al evaluar el impacto de eso, Ayers aduce: “En lugar de apoyar a los maestros otorgándoles no sólo recursos físicos, sino también clases más reducidas, reformistas como Gates argumentan que los sindicatos del magisterio son el gran obstáculo para el progreso en las escuelas. ¿A dónde van con ese argumento? Esos reformistas tipo Gates desean, primero, destruir la voz colectiva de los profesores; segundo, imponer la administración privada de un recurso público, y tercero, definir el aprendizaje como una calificación en un examen estandarizado”.
Abunda: “En torno al asunto sindical, buenas condiciones de trabajo son buenas condiciones para la enseñanza, y buenas condiciones para la enseñanza son buenas condiciones para el aprendizaje”. Las reformas en el sector minan, además, una “educación humana y democrática”.
Después de leer las consideraciones del experto en materia de educación en Estados Unidos es fácil entender que la reforma educativa en México no es propiamente una política de Estado que surja por motu proprio de la clase política en turno, como tampoco lo son las reformas ya enumeradas, sino por lineamientos internacionales totalmente ajenos al interés de millones de mexicanos.
En esta inercia es de esperarse que los apátridas y entreguistas diputados y senadores que rehuyeron un debate de altura y de cara a la nación con los maestros de la CNTE, para incorporar sus propuestas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, serán los mismos que emplearán la consabida estrategia de descalificación mediática para justificar su voto a favor de la entrega del petróleo, la electricidad y la imposición tributaria en pro de las multinacionales y la oligarquía que hoy nos gobiernan, pero en contra de los intereses del pueblo de México.
Su mayoriteo legislativo en nada refleja la auténtica voluntad de toda una nación y menos aún la existencia, como establece Tocqueville, de un gobierno democrático, o algo que se le parezca.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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