Karina Avilés | Periódico La Jornada | Jueves 7 de marzo de 2013, p. 22
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) evitó dar el nombre y la fecha de elección a un cargo gremial de uno de sus empleados, al clasificar como “reservada” la información, con el argumento de que al entregar los datos violaría la autonomía del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) y pondría “en riesgo la vida y seguridad” del servidor respecto del cual se requirieron los datos.
Sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) revocó la reserva realizada por dicha instancia. El presidente del organismo, Gerardo Laveaga, reiteró que la autonomía de la que gozan los sindicatos no significa que no deban rendir cuentas ante la sociedad.
La CFE “se siente arredrada. Considera que meternos con el sindicato, tocar su autonomía, puede ser gravísimo”, refirió.
Un solicitante pidió a la CFE el nombre del secretario de previsión social de la sección 108 del Suterm, la fecha en que fue elegido y el periodo que comprende su designación. Los comisionados Jacqueline Peschard y Ángel Trinidad Zaldívar explicaron que, en principio, todos los nombres de los servidores públicos, como son los trabajadores de la CFE, deben ser del conocimiento de la sociedad.
Además –dijo–, todos los que trabajan en la comisión pertenecen al sindicato, de tal suerte que no se estaría “inmiscuyendo o entrando en lo que sería el régimen interno de la vida” del Suterm.
Peschard indicó además que la CFE dijo que dar la información requerida podría afectar la integridad de las personas, porque en 2011 varios trabajadores de la división Golfo-centro fueron secuestrados, y uno de ellos era un secretario sindical.
Ante ese argumento, la comisionada enfatizó que no puede sostenerse de ningún modo que esos empleados fueron privados de su libertad por pertenecer al sindicato. Recordó que, más bien, la zona referida se caracteriza por sus altos niveles de inseguridad y de prevalencia del crimen organizado.
Fuente: La Jornada
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