25 febrero 2013 | Patricia Dávila | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Unos 19 mil jornaleros agrícolas mexicanos viven en Canadá en condiciones de esclavitud, hacinamiento y riesgos sanitarios, denunció Adriana Pérez, miembro directivo de la organización Justice for Migrant Worker (Justicia para el trabajador migratorio).
Pérez afirmó que la precaria situación de los trabajadores mexicanos se debe a que el acuerdo binacional denominado Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá (PTAT) entre México y ese país, no se respeta.
Precisó que a las violaciones a los derechos laborales y humanos de los 19 mil jornaleros agrícolas mexicanos que arriban a Canadá anualmente, se suma la corrupción y extorsión que ejercen funcionarios de la Secretaría del Trabajo para permitirles, de manera condicionada, su acceso a aquel país.
Por ello, indicó que las agrupaciones defensoras de derechos humanos y laborales de jornaleros migrantes en Canadá y México, exigieron al secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y al de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, renegociar el PTAT.
De acuerdo con Justice for Migrant Worker, en realidad esta problemática la padecen 30 mil trabajadores migrantes, de los cuales, la mayoría (19 mil) son mexicanos y el resto del Caribe.
“En Canadá el trabajador migrante es denominado ‘peón’, como si aún se viviera en la época de la colonia; además, de que está controlada la natalidad entre el sexo femenino para evitar otorgar residencias o nacionalidades”, sostuvo.
También indicó que Canadá despoja de prestaciones sociales a más de 30 mil trabajadores agrícolas migrantes participantes del Programa de PTAT, por lo que exigió la restitución de dichos beneficios.
“Es urgente que las autoridades de ambas naciones atiendan la exigencia de revisar a la brevedad el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá, el cual data de la década de los 70, y es regulado por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Dicho acuerdo binacional entre ambos países, indica que Canadá se compromete a dar a los trabajadores mexicanos un tratamiento igual al recibido por los trabajadores canadienses que realicen el mismo tipo de trabajo agrícola, sin embargo no lo respeta y, por su parte, la autoridad mexicana no reclama nada.
De acuerdo con Adriana Pérez, el pasado 6 de diciembre de 2012, Diane Finley, ministra de Recursos Humanos y Desarrollo de Aptitudes de Canadá (HRSDC), anunció la eliminación del Seguro de Desempleo, así como de los beneficios de paternidad, maternidad y “de compasión” para los trabajadores migrantes participantes del PTAT, el cual, emplea anualmente a más de 30 mil personas principalmente mexicanos y del Caribe.
“Lo más preocupante, es que estos trabajadores continuarán pagando este fondo de protección social, como lo han hecho desde 1974, sólo que no podrán cobrar estos beneficios”, aseguró.
De acuerdo con los cálculos de JMW, se estima que los trabajadores migrantes han contribuido con 125 millones de dólares canadienses al Seguro de Desempleo, sin embargo no fue sino hasta el 2002 cuando algunos empleados migrantes comenzaron a tener acceso a algunas de estas prestaciones.
“Los trabajadores jornaleros migrantes llevan a cabo las labores más duras en los campos canadienses y estadunidenses, muchas veces en condiciones precarias y peligrosas que ponen en riesgo la salud”, indicó Adriana Paz.
Puntualizó que un jornalero agrícola mexicano en Canadá gana poco más de nueve dólares la hora, mientras que un jornalero agrícola residente, como son los tailandeses, ganan más y tienen acceso a pago por productividad, así como a derechos sociales.
Este panorama reclama del gobierno mexicano una exigencia de revisión de un acuerdo binacional, ya que en Canadá no existe una Ley Federal del Trabajo, pues cada una de las nueve provincias que conforman dicha nación tiene su propia legislación en la materia y, por tanto, determina de qué excluye al jornalero migrante temporal.
Para ella, la eliminación de estos beneficios es otro ejemplo del tipo de trato injusto que reciben los migrantes por parte de diversos gobiernos receptores de migración laboral.
Fuente: Proceso
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