viernes, 6 de julio de 2012

Circulan en la red presuntas pruebas de compra de votos a favor del PRI

5 julio 2012 | La Redacción | Aristegui Noticias
MÉXICO, D.F. (apro).- La imagen de un recibo de compra de una tienda Soriana de Monterrey, Nuevo León, en el que se aprecia la leyenda “Beneficios PRI” circuló profusamente este jueves en las redes sociales, como presunta prueba de la compra de votos a favor del candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto.
La compra, al parecer se hizo el pasado 4 de julio, en la sucursal de Soriana Fundidora 341, ubicada en Monterrey, Nuevo León, y el pago se hizo en efectivo.

Sin embargo, a la mitad del comprobante, en la sección que detalla los puntos que se le abonan a los monederos electrónicos por cada compra, aparece la leyenda “Apreciable: Beneficios PRI”.

La difusión del comprobante de compra generó en la red social Twitter generó la etiqueta “Beneficios PRI” que de inmediato, y a lo largo de todo el jueves, se convirtió en uno de los temas más comentados (Trending Topic).

Este caso se suma a las denuncias que se han hecho a través de las redes sociales por las compras masivas registradas en dos tiendas Soriana de Iztapalapa desde el lunes 2 de julio, luego de que corriera el rumor de que serían cancelados los saldos de las tarjetas presuntamente entregadas por el PRI a cambio de votos.

Paralelamente, en YouTube circuló un video en el que se involucra a la tienda Bodega Aurrerá Tacubaya que este día registró compra masiva de productos.

El video muestra a varias personas en las filas con los carritos de mandado llenos; y en el mismo material audiovisual se escucha a un guardia que atribuye la afluencia de gente a la entrega de monederos electrónicos a cambio de votos.


Este jueves, la dirigencia nacional del PRI, encabezada por su presidente Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que el escándalo, conocido ya como “Sorianagate”, se trata de un “burdo montaje”, y responsabilizó al PRD de haberlo fraguado con gente de Iztapalapa. Advirtió que por esos hechos presentará una denuncia penal en la Procuraduría General de la República.


Fuente: Proceso