Astillero-Julio Hernández López
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se desentendió en junio de 2010 de la queja presentada por Christian Samperio Quintanar a raíz de que presuntos policías federales y agentes de la Procuraduría General de la República habían entrado violentamente y sin orden judicial a su domicilio, en una operación violatoria de derechos y garantías que, según el afectado, tenía como voz de mando a Isabel Miranda de Wallace.
Los hechos sucedieron el 14 de enero de 2010, “como a las 12:30 del medio día”, en una casa de la calle Revolución Social, en la unidad habitacional Vicente Guerrero de la delegación Iztapalapa. Samperio Quintanar narró que ese día, “un grupo de policías federales irrumpió en nuestro domicilio, destrozaron la puerta del patio y rompieron algunas pertenencias que yacían en el suelo, después comenzaron salvajemente a tirar la puerta de entrada a la casa mientras yo me encontraba en la segunda planta. Obviamente no tenían ningún instrumento legal (como una orden de cateo) para hacerlo. Al momento de bajar a ver qué ocurría, estos policías me pusieron sus armas largas en la cara y al mismo tiempo me insultaban, mientras que de manera por demás rupestre trataban de derribar la puerta, pese a que estábamos dispuestos a abrirla. Cualquier intento nuestro de dirigirnos a ellos implicaba que nos encañonaran y amedrentaran”. Pero hubo un desenlace “patético” de ese primer episodio: los furibundos agentes se habían equivocado de domicilio, pues en realidad pretendían entrar al de junto. Aún así, siguieron amenazando a los habitantes de la primera casa agredida y a los transeúntes, inhibiendo con sus armas todo intento de conservar testimonio gráfico del asunto.
En el expediente CNDH/1/2010/427/Q, conforme al oficio 05448, del 29 de abril de 2010, recibido en la Oficialía de Partes a las 14:02, Samperio Quintanar relató: “las autoridades mencionadas jamás quisieron decir de qué se trataba el cateo, y mucho menos quisieron presentar la orden, justificándose de que se trataba de un asunto confidencial. Después de permanecer durante más de 12 horas en el domicilio cateado, las autoridades buscaban su objetivo bajo tierra, es decir; buscaban un cuerpo en el jardín de la casa de al lado con número 42, donde se pudo reconocer a la señora María Isabel Miranda de Wallace que parecía estar al mando del operativo, ya que ella era la que daba instrucciones a las autoridades de lo que tenían que hacer. Después de permanecer como hasta las 24 horas y de no encontrar nada, la señora dio la orden de retirarse”.
Christian Samperio Quintanar señaló, en su escrito a la CNDH en 2010: “entiendo el dolor y desesperación de la señora Wallace por la pérdida de su hijo pero no por eso va a atropellar los derechos de otras personas que no tienen nada qué ver con su caso y mucho menos saltarse los procesos legales, porque lo único que quedó evidente fue que no se hizo una verdadera investigación y ni siquiera una simple visión ocular para definir el objetivo con claridad para no equivocarse de casa”.
El 22 de junio de 2010, mediante el oficio 32266, el primer visitador general de la CNDH, Luis García López Guerrero, informó detalladamente al quejoso que habiendo preguntado sobre el asunto a diversos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, unos “informaron que se realizó una búsqueda exhaustiva en la base de datos, sin encontrar antecedente alguno de que personal de la Policía Federal haya participado en los hechos que dieron origen a la queja”, y los otros que “de manera similar (...) no se encontró registro ni antecedente alguno sobre su asunto”. Y que si el quejoso tenía más pruebas, las aportara a la CNDH o concurriera ante los órganos de control interno de la SSP y la PGR o de plano se presentara a levantar denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación. Y colorín colorado.
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| HAMBRE EN LA SIERRA Entrega de víveres en el ejido San Ignacio, municipio de Bocoyna, Chihuahua. Hay que caminar varias horas y hacer largas filas para recibir el apoyo del gobierno estatal Foto Jesús Villaseca |
Astillas
Protesta mundial contra la pretensión de establecer en Estados Unidos la Stop Online Piracy Act, conocida como SOPA, que con la pretensión de proteger la propiedad intelectual de material que circula en las redes sociales abre el paso a formas de control desde los poderes públicos para frenar los nuevos fenómenos de socialización informativa... En consonancia con la propuesta que se analiza en la Cámara de Representantes del país vecino, en México fue presentada una variante “más amigable”, según sus propias palabras, por parte del senador panista Federico Doring... Hoy se dará a conocer el resultado, por todos tan sabido, de las encuestas ordenadas para sacar de la chistera a Miguel Ángel Mancera como candidato a gobernar la ciudad de México. Los acomodos del caso son tan conocidos que ahora lo interesante será ver los pagos políticos (candidaturas al Senado y a diputaciones) que habrán de hacerse a algunos de los contendientes internos para que “cierren filas” en torno a la designación marcelista... Ya de por sí resultaba enredado que una elección municipal, la de Morelia, fuese anulada por el Trife por causas entre las que sobresalía el uso de un escudo del PRI en el calzoncillo de un boxeador mexicano que peleaba fuera del país y cuya imagen era difundida por un canal estadunidense y, comprados esos derechos, retransmitida por Televisión Azteca (ya sin tomar en cuenta la decisión final de los jueces de esa batalla: un robo abierto a Juan Manuel Márquez para beneficiar al filipino Manny Pacquiao). Ahora resulta que el IFE determina (falta ver qué revira el Trife) que el mismo escudo, en el mismo calzón del mismo boxeador, no es causa de anulación de los comicios estatales, que beneficiaron al priísta Fausto Vallejo. Es más, tan no hay culpas punibles, según los consejeros electorales, que el presunto infractor nada más recibirá una amonestación pública... Y, mientras al ex gobernador potosino Marcelo de los Santos, actual director de la Casa de Moneda, le han abierto un proceso administrativo por la evaporación de mil 500 millones de pesos al final de su sexenio, ¡hasta mañana!
