De acuerdo con los resultados preliminares divulgados por las instituciones electorales correspondientes, el Partido Revolucionario Institucional se habría apuntado victorias aplastantes en Coahuila, el estado de México y Nayarit, entidades en las que se realizaron comicios para renovar los ejecutivos estatales: en los tres casos, los candidatos tricolores habrían obtenido mayorías absolutas, y en la entidad gobernada por Enrique Peña Nieto el aspirante oficialista, Eruviel Ávila, se habría alzado casi con las dos terceras partes de la votación.
El hecho más destacado es, junto con la creciente regionalización del sufragio –expresada como entidades predominanemente priístas, o panistas, o perredistas–, el enorme poderío logrado por las ramas estatales del Revolucionario Institucional, paralelo a las atribuciones indisputadas de los gobernantes locales. Quiérase o no, esos fenómenos adquieren una proyección federal insoslayable.
Por otra parte, sin desconocer la importancia de los procesos realizados en Nayarit y Coahuila, es pertinente centrarse, por hoy, en lo ocurrido en el estado de México, no sólo porque se trata de la entidad más poblada del país, sino también porque ha sido considerada un laboratorio de cara a las elecciones presidenciales del año entrante.
Son numerosas las quejas por irregularidades en la jornada de ayer, y corresponderá a las instancias correspondientes analizarlas y, en su caso, sancionarlas. Pero la irregularidad principal ocurrió en los días y semanas previos, en forma de una inequidad apabullante en los recursos empleados en las campañas y de documentadas prácticas de compra de votos y de recursos públicos puestos a disposición del candidato tricolor.
Sin ignorar las distorsiones que tales desaseos pudieron imprimir en la expresión de la voluntad popular, el hecho es que el priísmo mexiquense habría obtenido casi 62 por ciento de los sufragios; la coalición de izquierda que postuló a Alejandro Encinas habría logrado poco más de 21 por ciento, en tanto Luis Felipe Bravo Mena, de Acción Nacional, se habría quedado con sólo 12 por ciento de la votación.
Tales cifras, además de referir la aplastante capacidad electoral del priísmo, constituyen un indicador de la asombrosa situación de debilidad en la que se encuentra Acción Nacional a un año de los comicios presidenciales previstos para 2012. Si el estado de México puede ser considerado espejo del país, tal debilidad ha de explicarse como consecuencia del desgaste del PAN en el gobierno federal y del descontento ante la actual adiministración.
Por lo que hace a la coalición de izquierda, es significativo que no haya logrado repetir sus máximos históricos de votación en la entidad mexiquense (obtenidos en 2006) y que los resultados de ayer no hayan reflejado las expectativas que generó en un principio la candidatura de Encinas. Pero, si se ponen en perspectiva las cifras y se les contrasta con la elección de 1993, cuando el propio Encinas y Bravo Mena se enfrentaron a Emilio Chuayffet Chemor (los porcentajes de votación de cada uno fueron, respectivamente, de 8.7, 17.82 y 62.36 por ciento), se observa un crecimiento de la izquierda y un notable retroceso del panismo en la entidad.
Ciertamente, sería impropio proyectar mecánimamente tales resultados al resto del país o al proceso electoral del año entrante. En lo inmediato, la constante desde 2009 –interrumpida el año pasado, gracias a las candidaturas en alianza con el Partido de la Revolución Democrática– es que Acción Nacional viene perdiendo la mayoría de las elecciones. Para el grupo en el poder, el dato debiera ser preocupante.
