Escrito por Miguel Ángel Granados Chapa, el 23-05-2011
Aunque los deudos de las víctimas del desastre minero del 19 de febrero de 2006, especialmente los agrupados en la organización denominada Familia Pasta de Conchos, han impedido que el olvido sepulte la memoria de los suyos, como hicieron los escombros con sus cuerpos, persiste el riesgo de que la tragedia del 3 de mayo, donde murieron 14 personas, se convierta en un expediente cerrado, gracias a las habilidades propagandísticas del secretario del Trabajo, Javier Lozano.
Ocurrido el nuevo infortunio en un momento especialmente delicado para su futuro político, pues se trata de uno de los siete aspirantes a la candidatura presidencial del PAN, Lozano dio muestra de una diligencia y una sensibilidad que no suelen formar parte de su idiosincracia. Desdeñoso y aun antagónico con quienes insisten en rescatar los cuerpos de 63 mineros (únicamente los cuerpos de 2 fueron recuperados el día mismo de la tragedia, en 2006), al punto de que ha disputado aun con un relevante miembro de su partido (que, dicho sea de paso, tendría más méritos partidarios y personales para figurar en la liza interna), el senador Ricardo García Cervantes, se ocupó directamente del rescate de los 14 mineros del pocito desastrado al comienzo de este mes.
Convenientemente comunicado cada uno de sus pasos a través de Twitter, pretendió (y tal vez logró) ocultar que la irresponsabilidad de su dependencia (y puesto que es su titular, la suya propia) contó entre los factores que provocaron el derrumbe y la muerte en el pocito 3 de la empresa BIMSA. Su presencia allí me recordó la de José Antonio Zorrilla, director federal de Seguridad, que presidió el funeral del periodista Manuel Buendía, por cuyo homicidio fue años más tarde sentenciado.
Una adecuada inspección del trabajo, simplemente ajustada a la ley laboral y a las normas específicas, que revisara la aplicación de medidas de seguridad industrial, hubiera alertado sobre la necesidad de suspender las labores de esos establecimientos, la mina 8 de Pasta de Conchos y el pocito tres. Se habría evitado que en el primer caso el deterioro de la infraestructura de protección, y su ausencia en el segundo, completaran el efecto causado por la acumulación de gas metano (igualmente prevenible de contarse con los mecanismos legales). Como si esa negligencia de la Secretaría del Trabajo fuera inocua, Lozano pretendió cargar la responsabilidad a la Secretaría de Economía (que otorga las concesiones) y en el gobierno estatal, ejercido a la distancia por Humberto Moreira, desde su oficina principal en el PRI.
Luego, apareció como el benefactor de las familias damnificadas, anunciando que se pagarían las indemnizaciones respectivas, y disponiendo el cierre del pocito dañado y dos más de la empresa infractora. Hecho lo cual, dio por concluido el caso y retornó a sus banalidades electorales.
Es preciso que los deudos reciban el trato humano y jurídico adecuado, asistidos por personas solidarias con ellos. Especialmente urge atender al jovencito que trabajaba en el sitio de la tragedia sin poder ser contratado, debido a su minoría de edad, y necesitado de cuidado especial. Perdió un brazo y se necesita dotarlo de una prótesis o de las nuevas destrezas que su baldamiento requiere. El caso no puede ser cerrado. No se puede volver la página y simplemente esperar a que un día, más o menos próximo, un nuevo infortunio se cierna sobre los mineros de la región carbonífera de Coahuila, hasta ahora jalonada por matanzas producidas por el gas grisú, con consecuencias agravadas por errores o negligencias humanas.
Se precisa ir más allá, recomponer la explotación carbonífera de suerte que sea una actividad industrial segura y productiva, en vez de fuente de dolor resignadamente esperado y sufrido por los mineros, y causado por los explotadores del mineral y de la gente. Es preciso impedir que la escasa rentabilidad de los pocitos sea posible por los magros salarios pagados a personas a las que resulta imposible negarse a trabajar sin prestaciones.
Si los responsables de la economía y la regulación minera en general, y de la carbonífera en particular, contaran ya no digamos con visión de estadista, que es mucho pedir, sino al menos con elemental información histórica, sabrían la enorme importancia que la industria del carbón tuvo en la construcción de los crecientes espacios comunes que llevaron a la Unión Europea, esa genial idea integradora vigente a pesar de sus peripecias actuales.
De saberlo, establecerían una política integral para la industria del carbón, en donde ahora hay no sólo campo para la muerte, sino también para la corrupción. A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad no sujeta sus compras de carbón (utilizadas en sus plantas termoeléctricas de Nava), sino que compra la producción a través de un oneroso mecanismo de intermediación que forma parte del gobierno estatal, se halla en un conflicto por haber pactado una adquisición hasta por 200 millones de pesos a una empresa prácticamente desconocida, y probablemente inexistente, constituida sólo para beneficiarse de un mercado cerrado que abren voluntades políticas susceptibles de ser convenientemente aceitadas. En la columna Capitanes, de la sección de Negocios del Grupo Reforma (viernes 20 de mayo), se da cuenta de la peculiar asignación de una compra por aquel volumen acordada por la CFE (una empresa de clase mundial) a un negocito cuyo capital social es de sólo 50 mil pesos, acaso mera fachada de otra avecindada en Nuevo León.
