Romina López La Rosa/DPA
23-Mayo-2011
México, D.F..- México debate actualmente una reforma laboral que apoya el gobierno y que es criticada desde otros sectores que opinan que se quiere imponer una liberalización excesiva que en los hechos legalice lo que ya ocurre de facto en cuanto a la seguridad en el trabajo: un abandono por parte de las autoridades de sus obligaciones."A partir de los diversos regímenes neoliberales que hemos tenido en México (...) todos han ido imponiendo normas que hacen que los patrones no cumplan la ley tal y como está. Hay una permisibilidad para que no cumplan la ley, y se da desde el gobierno. Porque no sanciona a los patrones que incumplen la ley", afirma a dpa Enrique Larios Díaz, catedrático de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El experto destaca además que hay una inspección del trabajo obsoleta o que no se advierte, por una parte porque no hay un número suficiente de inspectores, pero además porque no son peritos en las materias que van a analizar.
Como suele ocurrir muchas veces en América Latina, en México existe una norma, la Ley Federal del Trabajo, que rige las condiciones de seguridad y salud, las sanciones, las compensaciones en caso de accidentes y las inspecciones. Pero que a menudo se ignora o se incumple.
Larios no cree que la ley, que es de 1970, esté obsoleta, "porque siguen subsistiendo los mismos problemas", aunque reconoce que desde hace décadas no se ha actualizado, por ejemplo en la lista de las enfermedades relacionadas con el trabajo.
Todo lo contrario de lo que afirma el gobierno, para el que a México le urge un cambio rápido de legislación laboral. "Necesitamos actualizar una legislación que lleva 41 años de vida sin un cambio de fondo", aseguró la semana pasada el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, durante una visita al estado de Puebla.
En la receta oficial, la modificación del marco jurídico es la forma de garantizar que "más mexicanos cuenten con un trabajo digno y capacitación" y que las empresas sean más responsables. El funcionario consideró que "ambas jurisdicciones, estatal y federal, pueden converger escuchando a la parte patronal y la parte obrera, para que, entre todos, podamos decidir tanto políticas públicas como acciones preventivas a tomar para la seguridad en los centros de trabajo".
Lozano Alarcón añadió que en México el siete por ciento de los accidentes fatales registrados durante 2010 se concentraron en cuatro actividades: petroquímica, cementera, automotriz y minera. En la minería del carbón hubo en el país en los últimos ocho años 96 muertos.
Larios recordó al respecto dos casos "de escándalo" que en su opinión ponen de manifiesto los problemas que enfrenta México: La muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos en 2006 y el accidente que mató a otros 17 en una pequeña mina de carbón en Coahuila el 3 de mayo pasado.
Cinco años después de la tragedia, en Pasta de Conchos no se ha hecho nada para recuperar los cuerpos de las víctimas. "Y las indeminizaciones también han sido dadas a cuentagotas y con muchas restricciones. No han tenido un comportamiento decoroso ni el gobierno ni la empresa, que es un poderosísimo grupo económico", sentenció el catedrático.
El hecho de que la tragedia se repitiera en Coahuila "hace evidente que los accidentes y muertes continúan, en tanto que la Secretaría del Trabajo, que debe vigilar las condiciones en las minas, y la Secretaría de Economía, que da los permisos, lo siguen permitiendo y no sanciona a las empresas".
Otro elemento fundamental a la hora de abordar el problema es el informal, fuente de trabajo de millones de mexicanos y donde no hay ningún tipo de protección a los trabajadores. "El problema de México es que hay un gran desempleo y una precarización de las condiciones de trabajo de facto", opina Larios.
Sobre todo en vista de que el salario mínimo de un mexicano es aproximadamente de 60 pesos mexicanos, es decir unos 5 dólares al día por ocho horas de trabajo. "Se trata de unas condiciones de empobrecimiento tremendo y por otro lado se permite una enorme acumulación de capital, ya que tenemos al hombre más rico del mundo... (el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim)".
"Estamos triplicando el número de inspecciones. Amanecimos en este gobierno con 218 inspectores, hoy tenemos 376, o sea un incremento del 72 por ciento”, defiende Lozano Alarcón, pese a reconocer que el número de inspectores es mucho menor del cosiderado idóneo por la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
Pero el laboral también es un problema que se enmarca en una situación más amplia que sacude a toda la sociedad mexicana y de muy difícil solución: Las más de 4,.000 muertes que se produjeron en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón en la lucha contra el narco.
"Estamos en un estado de gran desigualdad -subraya Larios-. No obstante, tenemos esperanza de que tendrá que suceder algo en este país para que recuperemos la lógica de las políticas públicas".
