El SME exige la liberación de 12 presos políticos detenidos ilegalmente
Por María de Lourdes Martínez González
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) descubrió a un agente del ministerio público de Puebla, a un jefe de Policías Federales del Distrito Federal, a un abogado y a elementos policíacos, que podrían estar incurriendo en asociación delictuosa, para detener e intentar mantener presos a electricistas en la resistencia.
El abogado del SME, Gerardo Pineda, dijo en conferencia de prensa del 13 de mayo del 2011, que estos funcionarios fabrican pruebas falsas, por lo cual serán demandados penalmente, pues han llegado al extremo de operar fuera de su jurisdicción."La Procuraduría General de la República, a través de sus agentes de Ministerio Público no ha terminado esa casería contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas...casualmente todas las personas que tenemos procesadas en juzgados federales están siendo procesados por los mismos delitos, supuestamente contra el consumo y la riqueza nacional, privación ilegal de la libertad, resistencia de particulares contra servidores públicos".
Dijo que lo que más llama la atención en el caso de Miguel Márquez Ríos, detenido desde octubre pasado, y Domingo Aguilar Vázquez, en donde casualmente el Ministerio Público que inició e integró las indagatorias, adscrito a Huauchinango, Puebla, ahora se encuentra adscrito al juzgado llevando el proceso. Además de que su intervención en las diligencias fue ilegal, pues no llevó a cabo las indagatorias como establece la ley.
Por otro lado, casualmente los peritos que intervienen en el dictamen pericial de Miguel Marquez Ríos, la mayoría de ellos estaban adscritos al Distrito Federal. Entonces nos preguntamos ¿qué estaban haciendo en la ciudad de Puebla? porque allá emitieron los dictamentes.
Dijo que haciendo un análisis preciso de todas las causas penales de los miembros del SME, en especial la causa 22/2010, que se está siguente en el juzgado de Naucalpan, citan el nombre del mismo agente del Ministerio Público, la parte que está siguiendo lineamientos de parte de un funcionario de la Procuraduría General de la República. Y la situación es que esos mismos nombres vuelven a aparecer en la causa penal que le están fraguando a Miguel Márquez Ríos y a Domingo Aguilar Vázquez.
"Al final nos estamos dando cuenta que las pruebas están siendo fabricadas por parte de la Procuraduría General de la República, es algo grave...el único fin es retardar el procedimiento...son graves estas situaciones y se analiza la posibilidad de interponer una demanda penal y administrativa contra estos funcionarios".
Preciso que el agente del Ministerio Público se llama José Luis Benitez Campos, quien formó parte de supuestas inspecciones por la mañana, antes de detener a Miguel Márquez Ríos, no obstante que ni siquiera había denuncia. Estaba adscrito a la subdelegación de Huauchinango, Puebla. Y actualmente está adscrito al juzgado quinto en Puebla.
Detalló que la persona que se está encargado de todos los operativos en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas se llama Gerardo Mejía Granados tiene un puesto de subdelegado de la zona oriente de la Procuraduría General de la República, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México e ilegalmente actúa en Puebla y en cualquier parte donde se encuentren electricistas. Manda a los Policías Federales del Distrito Federal a realizar esos operativos fuera de su jurisdicción.
"La Ley Orgánica de la PGR establece que tiene que trabajar dentro de su entidad, por eso hay delegados estatales de la PGR".
También hay un agente del Ministerio Público de nombre Balanzatelli, casualmente viene citado en los correos por los cuales se inicia una denuncia por unos supuestos daños y luego viene citado en una puesta a disposición de electricistas en el Estado de México, por la Policía Federal, en donde dice que en todo momento estuvo presente este abogado, no obstente que su adscripción es el Distrito Federal.
Por su parte Martín Esparza, comentó que es increíble que los altos funcionarios públicos que han saqueado los bienes eléctricos de la nación como Néstor Moreno, se encuentren libres e, incluso, disfruten de una pensión que se paga del erario público, mientras que a los electricistas que están defendiendo los bienes patrimoniales de Luz y Fuerza del Centro y la fibra óptica, los acusen de daños a la riqueza nacional.
Explicó que a los otros 11 electricistas detenidos el 11 de abril del 2011, por supuesto motín -que no es delito grave y puedieron haber salido libre bajo fianza- están retenidos en el penal porque el gobierno federal les fincó un supuesto robo de una computadora manual a un ingeniero de Comisión Federal de Electricidad, que no ha podido comprobar que llevaba ese aparato consigo ni la propiedad del mismo. Sin embargo, les han negado su libertad.
