miércoles, 7 de octubre de 2015

Historias de violencia y paz

Marcha conmemorativa del 2 de octubre. Foto: Eduardo MirandaSergio Aguayo - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La violencia carcome a México, y la sociedad, indefensa, se refugia en la pasividad o resiste como mejor puede. En el trasfondo está un hecho gravísimo: el Estado perdió el control sobre la violencia.

Las violencias del Estado. Para Max Weber el Estado preserva o delega el “monopolio del uso legítimo de la fuerza” para garantizar la seguridad de la ciudadanía. En las masacres ocurridas en México desde 1968 el Estado no ha cumplido con esas obligaciones y esto conecta hechos aparentemente separados como Tlatelolco y Ayotzinapa.
El 2 de octubre de 1968 el jefe de un Estado fuerte y centralizado, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, organizó y ordenó una matanza de inocentes; y esa noche la violencia se salió de control. Si en la Plaza de las Tres Culturas vimos toda la fuerza del Estado, en Iguala contemplamos a un Estado debilitado, displicente e ineficaz, aceptando tácitamente que la delincuencia organizada gobierne y se apropie del monopolio de la fuerza. Una paradoja cruel es que el partido nutrido por el Movimiento del 68 (el PRD) terminara siendo cómplice de la violencia criminal.
La verdad. En Tlatelolco y Ayotzinapa el Estado intentó ocultar, distorsionar o dosificar la información de lo que había pasado. La sociedad organizada nacional y extranjera se lo impidió.
Después del 2 de octubre el gobierno de Díaz Ordaz primero quiso responsabilizar al Movimiento para justificar la masacre y luego hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr que se olvidaran los hechos. La sociedad nunca olvidó aquel día y la prensa extranjera y una coalición plural de periodistas, académicos y artistas mexicanos construyeron un relato alternativo en el cual el Ejército era señalado como el asesino.
Las Fuerzas Armadas resintieron la acusación y en 1999 los descendientes del entonces secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán, entregaron a Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, los documentos que completaban el crucigrama y los exoneraba. García Barragán explicó que su comandante en jefe, el presidente de la República, envió a un grupo de oficiales del Estado Mayor Presidencial a disparar contra estudiantes, policías y militares. Por eso lo llamaron la “trampa de Tlatelolco”. Tuvieron que pasar tres décadas para saber lo que había pasado.
Casi medio siglo después se ha reescrito en Iguala un guion parecido. El gobierno de Enrique Peña Nieto reaccionó en las primeras semanas con indiferencia, luego hizo promesas y cuando terminaba 2014 intentó mandar la matanza al archivo. En un discurso pronunciado el 4 de diciembre en Coyuca de Benítez el presidente pidió en tres ocasiones “superar” el trauma. La mañana del 27 de enero de 2015 fue más explícito: para él, había llegado la hora de superar el “dolor y (la) tristeza” por los 43 desaparecidos; ya no podemos, dijo, seguir “paralizados y estancados”. Una hora después Jesús Murillo Karam proclamó su ya famosa “verdad histórica”.
La sociedad mexicana y la comunidad internacional frenaron el carpetazo, y de la indignación nacieron tres informes que permiten tener una idea precisa de lo que sabemos, lo que ignoramos y lo que es prioritario investigar. El 6 de mayo una comisión del PRD integrada por Pablo Gómez, Octavio Cortés y Pablo Franco presentó un informe importante porque da muchísimos detalles sobre la manera como la principal tribu perredista (Nueva Izquierda) entregó a José Luis Abarca el permiso para saquear y ensangrentar el municipio. Es un texto indispensable para entender la degradación de un partido que representa al Estado en algunos ayuntamientos y entidades.
Ayotzinapa forzó el relevo en la cúpula de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que desde noviembre de 2014 ha estado batallando por salir de la irrelevancia. El 23 de julio la CNDH presentó un informe llamado “Estado de la investigación del caso Iguala”, en el cual calificó el hecho como “el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos” en nuestra historia reciente. La CNDH descartó la “verdad histórica” peñanietista y desnudó las incompetencias y descuidos del Estado mexicano, a cuyas instituciones asignó diversas tareas.
El 6 de septiembre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –invitado y financiado por el gobierno mexicano– produjo un documento que sepultó definitivamente la “verdad histórica” y exhibió a un Estado desordenado, remendón e incompetente. El GIEI va más allá cuando contextualiza la tragedia y señala el gravísimo problema de desapariciones forzadas y desatención a las víctimas y familiares.
El gobierno de Enrique Peña Nieto parece haber corregido su actitud previa. Aceptó el regaño público del GIEI, reabrió un caso que había cerrado en enero pasado y tal vez renueve el mandato del GIEI. Esa muda de piel, ¿significará que la PGR investigará en serio, castigará a todos los responsables y tratará con respeto a las víctimas, o es una maniobra para desgastar y dividir a los padres y madres?
Justicia. La verdad no es sinónimo de justicia, pero sin una reconstrucción rigurosa de los hechos es imposible acercarse a ella.
Iguala está siendo la primera masacre en la historia nacional en la cual parece que nos acercamos con una rapidez inusual a conocer los hechos de manera integral. Es mérito de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional. En la medida en la cual mejore el conocimiento se hace posible acercarse a la hasta ahora inalcanzable justicia. Aunque ha pasado un año se mantiene la presión sobre el Estado. No podemos, no debemos claudicar. Nunca habíamos estado tan cerca de conocer en detalle las acciones, omisiones y responsabilidades de todos los actores. En la medida en que lo logremos estaremos golpeando de frente a la impunidad y estaremos empujando al Estado, o a algunas de sus partes, a cumplir con su principal obligación: asegurarse de que la fuerza se utiliza de manera legal y legítima en beneficio de nuestra seguridad. l
Nota del autor: Clementina Chávez Ballesteros colaboró con información y sugerencias al texto.

Fuente: Proceso