La Jornada - Editorial
En su comparecencia
ante el Senado, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu, se congratuló por la conclusión de las negociaciones para el
Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), tras una última ronda de
conversaciones en Atlanta, Georgia. Expresiones similares tuvieron los
presidentes de México, Enrique Peña Nieto –quien consideró que el
convenio traerá mayores inversiones y empleos bien remunerados–, y de
Estados Unidos, Barack Obama, quien no tuvo empacho en admitir que el
ATP va contra China y otros países, a los cuales, dijo,
no dejaremos escribir las reglas de la economía global. Por su parte, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, aseguró que México consiguió
balances adecuadosen los temas
sensiblespara la industria del país.
Lo cierto es que la larga negociación del acuerdo se ha desarrollado
en una deplorable opacidad. Los representantes de los 12 países
integrantes –Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Australia,
Nueva Zelanda, Japón, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam– se han
reunido y han acordado los términos de ese instrumento de desregulación
comercial de espaldas a sus respectivas sociedades. Ni siquiera los
legisladores de las naciones involucradas han podido tener acceso al
acuerdo, cuyas cláusulas señalan un periodo de reserva de cinco años a
partir de su entrada en vigor. Hasta ahora, los únicos fragmentos
divulgados del texto del ATP han sido los que Wikileaks ha proporcionado a diversos medios, entre ellos este diario.
El ocultamiento ha dejado inermes a los sectores económicos
que se verán perjudicados por los términos del convenio multilateral y a
la ciudadanía en general. De lo que se ha hecho público hay elementos
para considerar que la implantación del ATP amenaza la capacidad de los
gobiernos que lo firmen para regular la economía; reduce peligrosamente
la jurisdicción de los tribunales nacionales, al establecer cortes
privadas que tendrán autoridad para decidir sobre conflictos entre
países y compañías extranjeras; impedirá la adopción de leyes orientadas
a acotar actividades empresariales dañinas a la salud y el medio
ambiente; dejará, en suma, a trabajadores, pequeños empresarios y
consumidores en grave indefensión ante la voracidad de los capitales
trasnacionales. Los documentos correspondientes pueden consultarse en
las ediciones del 26 de marzo y 10 de junio de este diario y en entradas
del 16 de octubre del año pasado del sitio http://wikileaks.jornada.com.mx/.
Sería inaceptable que el Senado ratificara el acuerdo referido sin que antes se realice un análisis público y exhaustivo del documento ahora secreto y sin asegurarse de que éste no se traducirá en limitaciones de ninguna clase a las atribuciones legales de las instituciones públicas ni en afectaciones a los derechos individuales y colectivos de los mexicanos.
Fuente: La Jornada - Editorial
Sería inaceptable que el Senado ratificara el acuerdo referido sin que antes se realice un análisis público y exhaustivo del documento ahora secreto y sin asegurarse de que éste no se traducirá en limitaciones de ninguna clase a las atribuciones legales de las instituciones públicas ni en afectaciones a los derechos individuales y colectivos de los mexicanos.
Fuente: La Jornada - Editorial