La cerrazón oficial al diálogo y a los acuerdos con importantes sectores sociales, como el de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), está abonando un campo minado que por todo el país encontrará tierra fértil donde explotar, sobre todo porque las políticas sociales y económicas no están encaminadas a reactivar la producción y elevar el nivel de vida de millones de mexicanos a través de empleos bien remunerados, sino a aplicar, de nueva cuenta, modelos asistencialistas que sólo encubren las cada vez más pronunciadas desigualdades sociales.
Martín Esparza Flores*/Tercera parte
Las anunciadas reformas estructurales han sido impuestas sin tomar en cuenta la opinión de aquellos a los que en el utópico campo teórico deberían beneficiar; a millones de trabajadores la fuerza numérica de priístas y panistas en el Congreso de la Unión les colocó en un insalvable brete jurídico al aprobar una regresiva reforma laboral que les ha arrebatado la estabilidad laboral y el acceso a los beneficios de la seguridad social. Sus puntos de vista y reclamos fueron enviados al archivo muerto.
A miles de maestros se les infirió una auténtica burla con la instauración, en mayo pasado, de 10 foros regionales donde se analizaría la reforma educativa, de tal forma que las opiniones de mentores y expertos en la materia deberían ser tomadas en cuenta en la integración de la ley secundaria. Tampoco en este caso autoridades federales y legisladores honraron su compromiso adquirido ante todo el país. El autoritarismo legislativo de nuevo atropelló impunemente a los ahora directamente afectados en sus derechos laborales, al poner además en riesgo la naturaleza de la educación laica, gratuita y pública del país.
Tras el violento desalojo de los maestros de la Coordinadora en la plancha del Zócalo capitalino el pasado 13 de septiembre, en el que participaron más de 3 mil elementos de la Policía Federal con el auxilio de tanquetas antimotines, se dio, de parte de las esferas oficiales, la equivocada lectura de que el movimiento de protesta iniciaría una cuenta regresiva, e incluso se ratificó que en torno a la reforma educativa “no se daría un paso atrás”. La ocupación militar que demostró la falta de sensibilidad política para encontrar salidas viables al conflicto originado por el gobierno mismo tuvo en la sociedad un efecto contrario al esperado por los asesores oficiales.
Tal visión de corto alcance le ha apostado a que a través del linchamiento mediático a los mentores su movimiento de lucha se derrumbará y millones de mexicanos compartirán la manipulada criminalización de su movimiento. Nada más alejado de la realidad, porque los profesores disidentes no están solos. Por el contrario, a su incontenible movimiento se están sumando día a día no sólo convencidos padres de familia, sino amplios sectores sociales y estudiantiles que están surgiendo como efecto natural de un descontento con hondas raíces sociales e históricas.
No son de manera exclusiva los maestros de Michoacán, Guerrero y Oaxaca los que están denunciando la política autoritaria en que se están apoyando las reformas; ya han tomado conciencia de las repercusiones en contra de sus intereses profesores de entidades como Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua, en la zona Norte del país, pero también en estados del centro, como Zacatecas, y del Sur, como Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
No es únicamente la Ciudad de México el epicentro donde se manifiesta el descontento masivo de miles y miles de educadores. De forma inédita, en estados como Zacatecas y Veracruz se han dado manifestaciones públicas con la participación de miles de profesores; en el primero, desfilaron por las calles de su capital 12 mil maestros, con lo que sentaron un verdadero precedente histórico; lo mismo que en Veracruz, donde en Xalapa, en su puerto y Coatzacoalcos, 44 mil profesores salieron a las calles a manifestar su rechazo a la imposición legislativa.
Un balance somero habla ya de la movilización de 28 secciones sindicales de maestros en 26 estados de la República Mexicana, lo que ratifica que se está gestando un auténtico movimiento de resistencia y unidad que a una voz dice no oponerse a una evaluación sino a la imposición de procedimientos y cambios a los Artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lesionan la auténtica calidad educativa y la estabilidad laboral en perjuicio de los derechos adquiridos por años y años de trabajo por los profesores.
El efecto para el gobierno federal está siendo y será contraproducente, pues los maestros se están convirtiendo en la locomotora que está arrastrando por el país los incontables vagones del descontento social, construyendo las bases de un legítimo frente nacional contra las reformas estructurales, a partir del ya anunciado Tercer Encuentro Nacional Magisterial y Popular al que habrán de sumarse más de 100 organizaciones sociales y estudiantiles de todo el país.
No puede soslayarse que a la solidaridad con el movimiento iniciado por los maestros de la CNTE no sólo se están sumando estudiantes de infinidad de casas de estudio como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sino otras más, como la Universidad Veracruzana e incluso maestros independientes, conscientes de que sólo sumándose a la lucha ya emprendida podrán defender sus propios derechos.
También en sentido opuesto a lo que el manejo informativo de muchos medios de comunicación busca distorsionar, los profesores en lucha exigen la reinstalación de una mesa nacional de diálogo donde se incluya el análisis de la problemática educativa y laboral que enfrentan los profesores de entidades como Veracruz, Puebla y Quintana Roo. No se busca actuar en el malentendido terreno de la beligerancia, sino construir acuerdos nacionales a través de un verdadero diálogo.
Es obvio que si el gobierno quiere recuperar su legitimidad y capacidad como interlocutor válido ante la sociedad, debe abandonar su postura autoritaria y volver los ojos a lo que está sucediendo en todo México antes de que el descontento social adquiera un nivel de peligrosas dimensiones.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su gobierno seguramente deberán hacer una profunda autocrítica a la errada conducción que están haciendo del país, porque los costos políticos y electorales que deberán pagar serán muy altos, sobre todo porque los costos sociales que habrán de endosarse a millones de mexicanos serán en detrimento de su nivel de vida.
En todo el territorio, una consigna que se repite cada vez con mayor intensidad, retumba como síntesis de una irrefutable realidad histórica: “¡Únete pueblo, no somos PRI, somos maestros luchando por ti!”.
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
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