México SA-Carlos Fernández-Vega
Las mineras canadienses que de este país han hecho su paraíso rápidamente aprendieron cómo se hacen los buenos negocios en México. A estas alturas, saben que si amenazan y chantajean con cancelar sus proyectos de inversión” (práctica acostumbrada por el zar del cobre Germán Larrea, el de Pasta de Conchos y dueño de Grupo México) las autodenominadas autoridades nacionales entrarán en pánico, recularán de inmediato en su osada pretensión –así sea de saliva– de aplicarles impuestos y/o regalías, y les otorgarán mayores “facilidades” para incrementar sus de por sí gruesas utilidades.
Catalogadas en su nación de origen como empresas mineras respetuosas de la ley, los derechos laborales y la ecología, los consorcios canadienses que operan en México (beneficiarias de la enorme riqueza del subsuelo nacional, con el oro en primer lugar) se han esmerado en desmentir tajantemente lo que el gobierno de ellas pregona. Resulta que aquí han adoptado las peores prácticas de los barones mexicanos de la minería (Larrea, Bailleres, Ancira y conexos): amenazas y chantajes como “política” para abrir puertas, obtener mayores canonjías y garantizar impunidad.
Un ejemplo de lo anterior fue resumido por La Jornada (Roberto Garduño y Enrique Méndez) en su edición de ayer: “las empresas mineras de Canadá amagaron anoche con abandonar el país si la Cámara de Diputados aprueba el impuesto especial de 7.5 por ciento a las utilidades de la explotación, propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto… El mensaje es que los inversionistas estamos fuertemente en retiro de aquí, advirtió la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson, a legisladores de la Comisión de Hacienda” (de San Lázaro).
“Como ha documentado este diario, las mineras canadienses tienen intereses en 100 países, y en México, de las 279 empresas extranjeras, 210 son de esa nación, las cuales poseen concesiones en 26 estados, con 757 proyectos, y de éstos 475 son de oro y plata. Como parte de las audiencias que la Comisión de Hacienda realiza con los sectores que han reclamado afectaciones por la propuesta de reforma fiscal de Peña Nieto, Wilson sostuvo que las cargas impositivas han obligado a los inversionistas de su país a trasladar sus capitales a otras naciones. Los fondos, dijo a los integrantes de la comisión, ‘están entrando en países como Haití y Dominicana. ¡Eso sí nos preocupa, señores! La situación mundial pasa por un momento difícil, sobre todo en este sector, por los bajos precios de los metales’”.
Eso dijo la señora Wilson a los diputados, y éstos calladitos. No cabe duda de que la representante de los corporativos mineros canadienses mucho le aprendió al inenarrable Germán Larrea, quien durante la decena trágica (los dos sexenios panistas) un día sí y el siguiente también amenazó con “cerrar Cananea y retirar las inversiones del Grupo México”, y a cambio no sólo obtuvo más concesiones y “mejor trato fiscal”, sino permanente protección (al estilo porfirista) de la Policía Federal para “cuidar” sus instalaciones e inversiones (quién lo dude, que se dé una vuelta por aquella emblemática población sonorense, donde hasta los propios elementos de la PFP están hasta el gorro del despotismo de la empresa y sus directivos).
Y como en el caso de Larrea, habrá que preguntarle a la señora Wilson si ante la tentativa gubernamental de obtener un mayor ingreso para el Estado por las cuantiosas utilidades que en México obtienen los consorcios mineros (nacionales y foráneos), las empresas canadienses estarían dispuestas a llevar hasta sus últimas consecuencias la amenaza y el chantaje de abandonar un negocio multimillonario, como es el de la minería en México. ¿Estarían dispuestos a cerrar la fábrica de billetes y lingotes que les representa, ante la intentona de pellizcarlos fiscalmente?
¿Va en serio que los consorcios mineros canadienses abandonarán el país? Pues que se vayan, porque atrás de ellos tendrán que dejar 30 centavos de cada dólar que genera la actividad minera en México, y el 72 por ciento de las generosas concesiones gubernamentales para la extracción de oro mexicano. ¿Se animan a dejar el jugoso manjar? En unos cuantos años, las empresas de aquel país acapararon las zonas extractivas de oro, y en el colmo de los colmos el gobierno mexicano tiene que comprar a los canadienses oro mexicano, extraído por mexicanos, de territorio mexicano.
¿Que se van? Buen viaje. Dice la señora Wilson que la inversión canadiense está “en retiro” por los precios bajos de los metales preciosos, especialmente del oro. Bueno, cómo estará la cosa que hasta la propia Cámara Minera de México (organismo patronal) reconoce que “2012 fue un año de claroscuros, en el que, pese a la caída en el precio de la mayoría de los minerales, excepto el oro, prevalecieron los buenos números para nuestra industria, especialmente para los productores de metales preciosos. El valor de la producción minero-metalúrgica tuvo un incremento durante 2012 de 14 por ciento al ascender a 23 mil 12 millones de dólares… El aumento en el valor de la producción se origina principalmente por el incremento en el precio del oro y por incrementos en la producción de metales” (oro 16 por ciento y plata 12 por ciento), y lo anterior lo firma el presidente de la Camimex, Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta.
Esa misma institución privada detalla que sólo en 2012 México extrajo de sus minas 102.8 toneladas de oro. “Nuevamente la empresa canadiense Goldcorp Inc. se colocó como el mayor productor de oro en México y la unidad minera Peñasquito (de la misma empresa), situada en Zacatecas, fue la mayor productora de oro del país. La empresa alcanzó una producción global de 834 mil onzas, que equivale al 26 por ciento de la producción total del país en 2012”.
Y a Goldcorp le siguen otras canadienses: Agnico Eagle Mines, que reporta una producción de oro en su mina Pinos Altos, Chihuahua, de 234 mil 837 onzas, 15 por ciento más que en 2011; Alamos Gold, obtuvo 200 mil onzas de oro en su mina Mulatos, 31 por ciento más que un año antes; New Gold, con 137 mil 555 onzas de oro en su unidad minera Cerro San Pedro, San Luís Potosí (un verdadero atraco legal y económico, con la connivencia gubernamental), y así por el estilo.
Pero, en voz de la señora Wilson, las mineras canadienses dicen que están “fuertemente en retiro”, porque con el citado 7.5 por ciento esto “ya no es negocio”.
Las rebanadas del pastel
