José Antonio Almazán G. | Opinión-La Jornada
Perdido en el mar de letras de las iniciativas privatizadoras del PAN y el PRI, el tema de la electricidad y el futuro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido ignorado en el debate mediático, pasando por alto que el gobierno de Peña Nieto propone privatizar toda la cadena productiva de la CFE, contando para ello con el apoyo explícito del PAN y la omisión del PRD. En ese contexto privatizador se ubica la heroica lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y la propuesta que ofrecerá la Secretaría de Gobernación para resolver un conflicto próximo a cumplir cuatro años.
En el caso del PAN, su iniciativa de reforma al párrafo sexto del artículo 27 constitucional propone eliminar de tajo la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica mediante el recurso de borrar los textos constitucionales con los cuales se elevó a rango constitucional la expropiación petrolera, se prohibieron los contratos y se nacionalizó la industria eléctrica. Asimismo, elimina al petróleo y la electricidad de las áreas estratégicas exclusivas del Estado mexicano y las ubica como prioritarias, en donde, conforme al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, pueden otorgarse permisos o concesiones.
Finalmente propone, como puede leerse en la página 37 de su iniciativa de reforma, una nueva estructura del sector eléctrico, sobre la base de la desintegración horizontal de la CFE, cuya cadena productiva –desde la generación, transmisión, distribución y comercialización– se realizarían con filiales de CFE y la participación del capital privado, reservando al Estado, como área estratégica, el control operativo del sistema eléctrico nacional.
La reforma privatizadora del PRI es muy parecida a la del PAN, aun cuando parezcan diferentes. El PRI no borra todo el contenido del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, conserva el texto con el cual el presidente Lázaro Cárdenas del Río elevó a rango constitucional la expropiación petrolera y después miente descaradamente al afirmar que Lázaro Cárdenas estuvo de acuerdo en la participación del capital privado. Sin embargo, una revisión de la exposición de motivos de la iniciativa y de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo de 1939 echa por tierra las mentiras del PRI, pero también del PAN. El presidente Cárdenas acotó muy bien la participación del capital privado en la industria petrolera, señalando que siempre y cuando fueran “personas físicas mexicanas” y no “sociedades anónima que emitan acciones al portador”, como se lee en el artículo 9 de la primera ley reglamentaria.
En el caso de la electricidad, la iniciativa de Peña Nieto mutila la reforma constitucional del presidente Adolfo López Mateos, elimina la exclusividad de la nación en la generación, y con ello legaliza constitucionalmente la participación del capital privado en dicha actividad, elimina la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica y la reduce a una caricatura de “control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”; para terminar afirmando que “en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.
Por si existiera alguna duda, y para invitar al banquete privatizador, la subsecretaria de Electricidad, Lourdes Melgar, declaró hace algunos días que la intención de la reforma en el sector eléctrico, presentada por Peña Nieto, busca la participación del capital privado en toda la cadena productiva de CFE, mediante contrato o en asociación con CFE, lo mismo para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica. El negocio alcanzaría la cifra de 350 mil millones para los próximos años.
En lo que hace al PRD, aun cuando busca fortalecer a CFE en la operación de energías renovables, salta a la vista su omisión respecto al conjunto de los artículos privatizadores, comenzado por el artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que, reformado por Salinas de Gortari en 1992, abrió las puertas a la participación del capital privado en la generación eléctrica a través de la figura inconstitucional de productor independiente de energía.
Aparentemente las cartas están marcadas. La suma de los votos de PRI, PAN, PVEM y Panal alcanza los dos tercios que exige una reforma constitucional. Sin embargo, como hemos visto y veremos en los próximos días, un abanico de fuerzas sociales y políticas, destacadamente el magisterio democrático, la Proclama por México y Morena, ha hecho explícito su rechazo a la privatización del petróleo y la electricidad, sea por vía constitucional o mediante reformas en leyes secundarias, y se apresta a defender el patrimonio nacional energético mediante la movilización popular. ¡La patria no se vende, la patria se defiende!
Fuente: La Jornada
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