Rodolfo Huerta González | Opinión-La Jornada Zacatecas
En días pasados tuve la oportunidad de estar en la zona metropolitana del Valle de México. Desde octubre de 2009 una buena parte de los ciudadanos de esta parte del país, han vivido un verdadero calvario por el suministro de energía eléctrica. La compañía que antes de esa fecha proveía ese servicio era la de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que transmitía, distribuía y comercializaba energía eléctrica a todo el Distrito Federal, a 80 municipios del Estado de México, dos de Morelos, dos de Puebla y cinco de Hidalgo. Sin embargo, el 11 de octubre de 2009, por decreto presidencial de Felipe Calderón, se dispuso su extinción; Gobierno federal, en una acción verdaderamente gansteril, procedió a la toma de las instalaciones de LyFC con miles de policías federales, que realmente era personal militar disfrazado de policía federal, según denunció meses después la revista Proceso.
El decreto calderonista inició la liquidación administrativa de LyFC, por lo que la operación eléctrica en esta región pasó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, por lo tanto, también empezó a cobrar la luz a millones de hogares y negocios. Esta decisión, justificada por el gobierno panista por lo oneroso que resultaba el funcionamiento de LyFC, sus deudas millonarias e ineficacia, fue tomada realmente para desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y permitir la injerencia de grandes empresas particulares en el muy rentable negocio de tendido y uso de la fibra óptica, a lo que el SME se había opuesto decididamente.
Y aquí comenzó el suplicio para millones de habitantes del centro del país. La situación empezó con grandes fallas de suministro de la energía eléctrica en las localidades atendidas por la LyFC y variaciones constantes en el voltaje abastecido, lo que ocasionó que a muchos usuarios se les descompusieran sus aparatos domésticos, composturas que tuvieron que pagar de sus propios bolsillos. Además, cuando se cortaba el servicio eléctrico no asistía ningún personal del CFE a reinstalar el servicio, lo que obligó a cientos de personas a colgarse del tendido eléctrico con los “diablitos”.
Muchos ciudadanos siguieron los consejos del SME de ampararse alegando que el contrato por el servicio eléctrico por ellos firmados había sido con la LyFC, no con la CFE. Por lo tanto, los pagos exigidos por ésta, eran totalmente ilegales. Cuando la CFE cortaba la luz, los vecinos recurrían a los miembros del SME quienes los volvían a conectar al servicio eléctrico.
Desde el decreto, la CFE empezó a aplicar altos cobros por el servicio eléctrico sin tomar en cuenta los medidores instalados con anterioridad y que medían el consumo real. Desde finales de 2009, los usuarios del centro del país se han quejado de los “pagos locos” emitidos por la CFE. Nada más por poner un ejemplo, un vecino pagaba entre 80 y 90 pesos por su consumo pero en los 6 últimos meses, los recibos le han llegado de mil 100 pesos. En muchos casos, los cobros son impagables.
En el presente año, esta situación se ha vuelto exasperante para los miles de usuarios del servicio eléctrico. En los días que estuve en el DF y Estado de México era constante ver vecinos alrededor de las camionetas y del personal de la CFE discutiendo agriamente acerca de los recibos y los cortes de luz por falta de pagos. Ha sido, desde hace meses, una lucha cotidiana, dura e intensa entre los habitantes del DF y municipios de la zona metropolitana y el personal de la CFE: los primeros por conservar el servicio eléctrico y pagar lo justo y los segundos por cortar la luz a como dé lugar.
Los altos cobros pretendidos por la CFE llevaron a la creación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de una comisión especial que se ha avocado a revisar la situación, misma que ha informado que sólo entre enero y marzo de este año se presentaron unas 30 mil denuncias contra la CFE. Cientos de usuarios que se sienten ofendidos e indignados han recurrido a la Procuraduría Federal del Consumidor sin obtener resultado alguno. La ineficacia de los mecanismos de defensa de los consumidores del servicio eléctrico ha provocado en este año mayores hostigamientos y cortes de energía por parte de la CFE.
Ante la nacionalización del petróleo argentino, Calderón lo tildó de un “acto irracional”. Pero mandar al desempleo a unos 44 mil trabajadores afiliados al SME, dejando sin recursos a sus respectivas familias, los millones de pesos del erario público perdidos por los miles de usuarios colgados con diablitos al tendido eléctrico, los costos incalculables de pérdidas de aparatos domésticos descompuestos y reparados, el cobro injustificado de los “pagos locos”, acaso no es más “irracional” que lo decidido en el país andino.
