16 abril 2012 Michoacano
Clarificar el proceso seguido con los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que tras el anticonstitucional decreto de su extinción fueron transferidos ilegalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante un comodato que vence en agosto próximo, demandó Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien se cuestionó, después de dicha fecha a quién se van a entregar.
Al tener los primeros documentos desclasificados sobre la extinción de LyFC, en poder del SME, quedó demostrado que Felipe Calderón Hinojosa mintió a la sociedad, pues no ha cumplido ninguno de los puntos que prometió tras ese proceso que además violó el Estado de Derecho, reiteró el líder electricista. Ahora, dijo, buscarán ya con esas pruebas escritas hacerlas valer ante instancias federales, y en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos también, a fin de reponer el procedimiento que dejó en el desempleo de un día a otro a más de 44 mil electricistas.
Por su parte, el Pro-secretario de Jubilados del Mexicano de Electricistas José Antonio Almazán González expresó que con los documentos desclasificados se evidencia que el gobierno calderonista no tenía argumentos fundamentados para desaparecer a Luz y Fuerza, al contrario, fue un acto deliberado con el propósito de descapitalizarla y luego venderla atendiendo a la privatización del sector energético y de la red de fibra óptica, donde hay mil 100 kilómetros en la red manejada por los smeitas.
Entrevistados por la periodista Carmen Aristegui en MVS Noticias del pasado 3 de abril, ambos integrantes del comité central del SME, que tienen la toma de nota hasta el año 2013, coincidieron que la mala situación en las finanzas de LyFC no se debió a los salarios y prestaciones de los sindicalizados y los jubilados, sino a los malos manejos y a la compra de energía en bloque a la CFE.
Mostrando los cuatro documentos sobre la extinción de la citada compañía que obtuvo el gremio tras solicitarlos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) luego de ser desclasificados, José Antonio Almazán dijo que el primero es una carta de la titular de Energía Georgina Kessel al secretario de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, donde señala que tanto el informe como el diagnóstico de la empresa fundan y motivan el decreto de extinción, lo cual no es verdad.
Un segundo es el «Informe de la desincorporación mediante extinción del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro », a través del cual «hay un alegato sin fundamento» tratando de atribuirle a los salarios, a la plantilla de trabajadores, a las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, la debacle financiera de la compañía.
Especificó que en 2008, último año de LyFC, los sueldos de los sindicalizados apenas representaron el 7.2 por ciento de los ingresos totales de la empresa, y por concepto de prestaciones en ese mismo año, el 6.3 por ciento. Es decir, en total 13.5 por ciento, y «apenas el 6 por ciento si nos vamos a costos», aseguró.
A este particular descalificó las cifras «trucadas» del documento desclasificado donde indica que por todas las prestaciones económicas al sindicato ascienden aproximadamente al 216 por ciento del salario nominal del tabulador, y en 2008 alcanzaron tres mil 172.81 millones de pesos.
«La empresa fue quebrada a partir de imponerle un precio elevado en compra de energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad; a partir de impedirle construir sus propias plantas de generación en la región centro, que además es un requisito de carácter técnico. Le han permitido a los productores independientes de energía eléctrica pulular en todo el territorio nacional; sin embargo, a Luz y Fuerza se le impidió crecer en capacidad de generación de energía propia; se le impidió mantener el factor de planta en las empresas de la zona de generación que vienen de comienzos de siglo», remarcó.
Detalló que de acuerdo al reporte financiero de diciembre de 2008, LyFC obtuvo ingresos por concepto de venta de la energía eléctrica de 50 mil 791 millones de pesos; pero pagó por energía en bloque a la CFE 60 mil 727 millones de pesos.
Aunque, agregó, en 1994 todavía pagaban menos por ese concepto de energía en bloque, cuando erogaron tres mil 825 millones de pesos; no obstante, ingresaron cinco mil 913 millones de pesos en números cerrados, y 14 años después ya se pagaba el 120 por ciento de sus recursos obtenidos a la comisión, que vendía la energía eléctrica a un precio por encima de la tarifa industrial a nivel nacional «y después nos obligaba a vender al precio de la tarifa industrial y automáticamente teníamos pérdidas».
Respecto a los salarios de trabajadores de Luz y Fuerza, señaló que en 1974 representaron el más alto porcentaje de los ingresos, con el 26 por ciento, y desde entonces fueron descendiendo hasta el 7.2 por ciento ya señalado en 2008. Igual con el pasivo laboral, de 102 mil millones de pesos, no los 240 mil millones de pesos en cifras cerradas, mencionados por el gobierno federal, que son con base en proyecciones hasta el 2030 en su reporte.
Tercer documento desclasificado, de 68 cuartillas, orientado básicamente a criticar las prestaciones y contrato colectivo de los electricistas, por no permitir el contratismo, «que sí lo permite CFE y es fuente de corrupción y de negocios», a decir de Almazán González.
Y el cuarto son las bases para la desincorporación. «Todos los documentos tienen un valor probatorio en cuanto a que no pueden fundar y motivar el decreto de extinción de Luz y Fuerza. Se trató de un acto administrativo carente de fundamento y eso es violatorio a lo que establece la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que obliga a la autoridad a fundar y motivar, si no estaríamos por fuera de un Estado de Derecho», apuntó.
Fue más allá y subrayó que por lo expuesto en los documentos con fechas entre el 31 de agosto y 28 de septiembre de 2009, muestran que fue un acto planeado y deliberado. «No fue un caso fortuito ni de fuerza mayor, que es lo que el gobierno argumenta; es toda una estructuración de acciones tendientes a escoger la fecha para extinguir a Luz y Fuerza del Centro. En las bases para la desincorporación, por ejemplo, Georgina Kessel propuso el 7 de octubre de 2009 y resulta que fue esa la fecha para el decreto de extinción, sino que fue el 11 de octubre».
ANOMALÍAS TRAS EL DECRETO
La noche del 10 de octubre de 2009, policías y militares desalojaron a los trabajadores de LyFC que se encontraban de guardia de sus instalaciones en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán e Hidalgo. Horas antes la selección mexicana de futbol se clasificó al mundial de Sudáfrica 2010 luego de vencer en el Estadio Azteca de la capital de la república a su similar de El Salvador 4 a 1.
Horas después se hizo público el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (domingo 11 de octubre) e inició una campaña mediática en radio y televisión justificando esa acción, tachando a los electricistas de ser «privilegiados» y con ello contribuir a sangrar las finanzas nacionales. Tras lo cual habría mejor atención a usuarios de electricidad, tarifas más bajas, generación de empleos suficiente en el país y una economía sana.
Nada de eso, a más de dos años ha cumplido la administración de Felipe Calderón, lamentó Martín Esparza. Al contrario, abundó, hay tarifas de energía más altas, los empleos no han aumentado ni la economía nacional mejorado, pues la deuda pública asciende hoy a cuatro billones 800 mil millones de pesos.
De ese «decretazo», de entrada dijo que como un Organismo Público Descentralizado, creado por mandato del Congreso de la Unión el 21 de diciembre de 1989, LyFC no pudo extinguirse por una orden del ejecutivo federal, sino debió ser el legislativo. Un segundo factor, en ninguna de sus juntas de gobierno se trató el caso de la desaparición; la última sesión, presidida por la secretaria de Energía Georgina Kessel, fue en junio de 2009, sin abordar el tema ni señalar indicios a ese punto. La extinción debió pasar por una reunión extraordinaria y tomarse la decisión de aprobarla o rechazarla, dijo.
Tres días después del decreto presidencial, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), nombrado para la liquidación de Luz y Fuerza, demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, «y el argumento del presidente dice que es un asunto de interés público y de economía nacional, que Secretaría de Hacienda le autorizó; si el tema era económico debieron haber demandado un conflicto de carácter económico en las juntas federales y nos demandaron por caso fortuito y causa de fuerza mayor, que son causales distintas a lo que establece la propia legislación en materia laboral».
Más anomalías. En el propio decreto instruye a la Secretaría de Energía a que en los tres días hábiles siguientes publiquen las bases de la desincorporación de la empresa; pero se difundieron el mismo 11 de octubre, lo cual es ilegal, arguyó el dirigente del SME quien, subrayó, basaron esa decisión en el Artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, «cuando quedó derogado en agosto de 1994 con la Ley Federal de Procedimientos Administrativos que hizo Ernesto Zedillo para evitar que se estuviera despojando a la nación de más de mil empresas que había privatizado Carlos Salinas».
Para Esparza Flores, lo de fondo es la privatización de la industria eléctrica, de la red de fibra óptica de la zona centro, con mil 100 kilómetros a empresas como Televisa y TV Azteca y trasnacionales, y con la aplicación anticipada de la contrarreforma laboral impulsada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
¿DÓNDE ESTÁN LOS BIENES DE LYFC?
Pero el 11 de octubre de 2009, sostuvo Martín Esparza en la entrevista con Carmen Aristegui, el SAE le transfirió todos los bienes de LyFC a la CFE ante un notario público, «en un documento que se llama comodato, que vence en agosto de este año», por lo que se interrogó qué pasará con la infraestructura de la compañía extinta y a quién se la entregarán.
«Eso lo tiene que resolver el Congreso de la Unión, aquí no es el ejecutivo, los únicos facultados son los diputados y los senadores, y en esa infraestructura están invertidos todos los fondos de previsión social y son las jubilaciones de nuestros compañeros jubilados; las jubilaciones de los trabajadores en activo, nuestro seguro sindical. Es la fecha que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no informa sobre el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. La Ley del SAE dice que debieron de hacer una acta de entrega-recepción sobre qué les van a dar a administrar y luego hacer un inventario de toda la infraestructura y ese inventario registrarlo en la Dirección de Bienes Nacionales; abrir una página (de internet) y a la fecha no se ha integrado un solo informe de los inventarios de Luz y Fuerza», refirió.
Sí en cambio, puntualizó, hay una discrecionalidad y corrupción en el proceso de extinción, con saqueos de herramientas, vehículos, algunos de ellos parados desde hace más de 30 meses que se compraron en licitación «en dólares». Además hay contratos con terceros, como la empresa ABB, de subestaciones encapsuladas que se adquirieron y ya no se instalaron.
«Hace días Felipe Calderón dijo que había acabado con una empresa que era ineficiente, que era corrupta, cuando las facultades que a él le da la ley es que si hay corrupción en alguno de los órganos de gobierno, es fincarle responsabilidades; a la fecha no lo ha hecho, mucho menos al director Jorge Gutiérrez Vera, nombrado por el ejecutivo; él ya había estado en Luz y Fuerza en la época de Carlos Salinas, con señalamientos de corrupción, lo vuelven a traer de Comisión Federal de Electricidad siendo que ya estaba jubilado y se volvió a jubilar en Luz y Fuerza del Centro», destacó.
En 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del 11 de octubre de 2009 era constitucional, pero a la vez dejó salvaguardados los derechos laborales de los afiliados al SME. Asimismo, resolvió que el sindicato electricista no había podido demostrar la viabilidad financiera de la compañía desaparecida, «porque estaban reservados los documentos» que ahora ya tienen algunos, pues otros se podrán conocer hasta en 12 años, porque podrían causar un riesgo a la seguridad nacional, según el argumento del gobierno federal.
Sin embargo, hay miles de demandas por la restitución del empleo, pues persiste la fuente de trabajo, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; un amparo directo en el Poder Judicial de la Federación, y falta la interpretación de la ley en términos de que no se puede extinguir un organismo público descentralizado, un contrato colectivo de trabajo y un sindicato. Y está por interponerse una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, para reponer el procedimiento jurídico.
A la fecha continúan en la lucha por restitución laboral y que se cree la figura del patrón sustituto, 16 mil 599 smeitas, de los más de 44 mil que había antes del decreto. Muchos optaron por aceptar las condiciones oficiales de la liquidación «más arriba de la ley», y la promesa de ser recontratados por la CFE, situación que no fue cabalmente cumplida.
Fuente: Michoacano
