Francisco López Bárcenas | Periodico La Jornada - Opinión | Sábado 4 Febrero 2012
La industria minera en México se sigue tiñendo de sangre. Su primera víctima pública fue Mariano Abarca Roblero, asesinado frente a su casa el día 27 de noviembre de 2009, en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas. Miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el activista pagó con su vida haber encabezado la lucha contra Blackfire, la minera canadiense que se apropiaba de los minerales en la región.
La segunda sucedió el 18 de enero, durante una agresión contra los habitantes del municipio oaxaqueño de San José del Progreso encabezada por el presidente municipal, donde murió Bernardo Méndez y quedó gravemente herida Abigaíl Vásquez Sánchez. Ambos eran firmes opositores a la minera Cuxcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc., que ha comprado decenas de parcelas en ese lugar y pretende explotar el mineral existente en el subsuelo.
Muertes violentas de opositores, como las anteriores, son las menos. Hasta podría decirse que son la excepción, el último recurso de los personeros de las empresas mineras para
Con todo su dramatismo, los anteriores son sólo unos ejemplos de lo que sucede en varias partes del territorio mexicano. Para satisfacer los requerimientos del mercado mundial y apuntalar la revolución tecnológica las empresas mineras –la mayoría de ellas extranjeras, aunque no faltan las mexicanas– están dispuestas a llevar adelante sus proyectos de extracción mineral sin importar el precio para lograrlo, incluida la destrucción de la vida. Pero los pueblos no están dispuestos a pagar el precio de esa destrucción. Por eso cuando toman conciencia de la amenaza que se cierne sobre ellos reaccionan, se organizan y luchan. De manera lenta pero firme, la resistencia se va tejiendo por muchas partes. Desde Baja California Sur, hasta Chiapas, pasando por Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
Muertes violentas de opositores, como las anteriores, son las menos. Hasta podría decirse que son la excepción, el último recurso de los personeros de las empresas mineras para
convencera los opositores a sus actividades depredadoras y contaminantes. Son más las muertes silenciosas, como la de Sofía Figueroa Peña, quien fue afanadora del consorcio minero Goldcorp, con sede en Vancouver, Canadá, la cual opera en El Carrizalillo. Figueroa Peña murió el día 4 de diciembre de 2010, después de dos días de vómitos y convulsiones ininterrumpidas, producidas por manejar el equipo de absorción atómica del laboratorio de la minera. O como las enfermedades que se denuncian por varias partes de la sierra tarahumara, producto de la contaminación con los químicos que se usan para la lixiviación, que mata animales y plantas. Sucesos de ese tipo dan la razón a los wirrárikas que se oponen a las actividades mineras porque les quita la vida.
Con todo su dramatismo, los anteriores son sólo unos ejemplos de lo que sucede en varias partes del territorio mexicano. Para satisfacer los requerimientos del mercado mundial y apuntalar la revolución tecnológica las empresas mineras –la mayoría de ellas extranjeras, aunque no faltan las mexicanas– están dispuestas a llevar adelante sus proyectos de extracción mineral sin importar el precio para lograrlo, incluida la destrucción de la vida. Pero los pueblos no están dispuestos a pagar el precio de esa destrucción. Por eso cuando toman conciencia de la amenaza que se cierne sobre ellos reaccionan, se organizan y luchan. De manera lenta pero firme, la resistencia se va tejiendo por muchas partes. Desde Baja California Sur, hasta Chiapas, pasando por Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
En todos partes las quejas son los engaños para la firma de contratos leoninos de acceso a la tierra, la destrucción del medio ambiente, las enfermedades que generan y, en general, el peligro que representan para los habitantes de los alrededores.
Como parte de estas resistencias varios pueblos ya se están movilizando. Los wirrárikas, en la Sierra Madre Occidental, han comenzado peregrinaciones hacia sus lugares sagrados amenazados por las empresas mineras, mismas que culminarán la noche del 6 de febrero en una ceremonia conjunta de todos los centros ceremoniales, como hacía años no sucedía; de manera paralela, los días 5 y 6 de este mes, varios pueblos cuicatecos de Oaxaca se reunirán en San Pedro Chicozapotes para acordar acciones que detengan la explotación minera que los amenaza; mientras tanto, en Guerrero, la policía comunitaria denuncia que el gobierno del estado se ha mostrado abiertamente a favor de la actividad minera y se preparan a responder; mientras, en Veracruz emprenden acciones para oponerse a las actividades de la mina Caballo Blanco, la cual pone en peligro a los pueblos vecinos, por su cercanía con la núcleoeléctrica Laguna Verde.
A su manera y en sus tiempos, los pueblos resisten. Muchas y variadas son las estrategias que hasta ahora han usado para hacerlo: información a los afectados, campañas de denuncia nacionales e internacionales, acompañadas de las movilizaciones correspondientes. Otros incluyen la defensa jurídica en los tribunales nacionales, reclamando los derechos que las leyes les reconocen. Todas ellas son válidas y si pueden combinarse, mejor. Pero no hay que olvidar que las empresas que enfrentan representan el capital trasnacional y su lucha debe llegar a esos niveles para tener algún éxito.
La resistencia debe trascender los límites nacionales porque si alguna vez este fue un elemento a favor, ahora puede ser un obstáculo que les impida alcanzar el triunfo. De ese tamaño es el reto y si no se rompe, la minería puede seguir ensangrentando el campo mexicano.
