21 febrero 2012 |Rolando Ramos | El Economista
En materia de transparencia y rendición de cuentas, los grupos parlamentarios en las cámaras de Diputados y Senadores están reprobados.
Así se desprende del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, que por mandato constitucional la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara Baja.
Durante aquel año, los diputados federales gastaron 1,179 millones 119,600 pesos por concepto de Asignación a los grupos parlamentarios, sin que la ASF pudiera emitir sus conclusiones sobre la aplicación y destino de esos recursos porque no se presentó la información correspondiente.
En lo que respecta a los grupos parlamentarios del Senado, les fueron asignados 916 millones 427,400 pesos y tampoco hubo manera de comprobar el ejercicio de los recursos.
El reporte refiere que al solicitarse la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos de la partida 3827, Asignación a los Grupos Parlamentarios, la Cámara Baja sólo proporcionó una integración y auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a dicha partida durante el ejercicio 2010, los cuales se cotejaron contra una muestra de recibos emitidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios pero solamente por 517 millones 859,900 pesos, que representan 43.9 por ciento.
De ahí que el máximo ente de fiscalización del país dictaminó que “no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar si los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos, por lo que persiste la limitada rendición de cuentas en esta partida, sobre todo si se considera que la misma tuvo ampliaciones presupuestales netas en el ejercicio 2010” por 53 millones 288,000 pesos.
Las autoridades competentes de la Cámara Baja argumentaron que la Contraloría Interna realizó dos revisiones semestrales en el 2010 para constatar la recepción, registro y control de los ingresos recibidos y verificar que el ejercicio de los mismos se realizó conforme a la Norma para Regular la Transferencia y Control de los Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, de cuyo resultado informó a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Los grupos parlamentarios representados en ambas cámaras del Congreso no están obligados a rendir cuentas claras de los recursos que les son asignados y solamente informan a la Junta de Coordinación Política, el máximo órgano de gobierno integrado por los coordinadores de los propios grupos parlamentarios, de la aplicación del dinero a través de informes trimestrales.
PAGAN OBRA INCONCLUSA
UNA PIEZA CARA Y OCULTA
Para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados autorizó, el 28 de abril del 2010, la realización de un mural que tendría un costo de 26 millones 647,700 pesos.
Tras las revisiones de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó otros gastos por la realización del mural conmemorativo, que sumaron 1 millón 521,800 pesos, afectando partidas presupuestales distintas a la 5104, Bienes artísticos y culturales.
Además para la confección de la primera etapa del mural, instalado en el vestíbulo del edificio E del Palacio Legislativo de San Lázaro, en una superficie de 60 metros cuadrados, en agosto del 2010 se pagaron 3 millones 650,400 pesos.
Entre los factores que, de acuerdo con el reporte de la ASF, podrían presumir una “inadecuada programación de la obra”, destacan:
El 22 de septiembre del 2011 se inau¬guraron las etapas II y III del mural, lo que evidencia que la realización continúa, aun cuando los festejos concluyeron en el 2010.
El vestíbulo del edificio E se ubica en la entrada al Palacio Legislativo por la avenida Eduardo Molina, del lado opuesto al salón de sesiones.
El espacio se utiliza para la realización de reuniones de trabajo por los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y áreas administrativas; sin embargo, en el 2010 en el vestíbulo solamente se realizaron 85 eventos de los 7,830 celebrados.
La Cámara argumentó que, en términos contables y presupuestales, el mural representa un gasto de inversión y no de gasto corriente, ya que “además de incrementar el valor del activo fijo de la Cámara de Diputados, enriquece el acervo cultural del Palacio Legislativo”.
ENTRE SENADORES JUSTIFICAN LA MITAD DEL GASTO AUDITADO
Por concepto de “pasajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales”, la Cámara de Senadores reportó, como parte del ejercicio fiscal 2010, un gasto por 46 millones 439,900 pesos.
“Aun cuando estos gastos se encuentran autorizados, se considera que el importe de los recursos ejercidos anualmente en los citados boletos de avión representa un gasto oneroso en el presupuesto de la H. Cámara de Senadores”, dictaminó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010”.
Del monto total, 40 millones 189,600 pesos (equivalentes a 86.5%) se utilizaron en la emisión de 4,016 cupones canjeables por boletos de avión que se otorgaron a 99 senadores como herramienta de trabajo para trasladarse a su lugar de residencia durante los periodos de sesiones ordinarias, extraordinarias y recesos.
Los legisladores tienen derecho a dicha prestación cuando su lugar de residencia se ubica a más de 200 kilómetros del Distrito Federal.
Como parte de la revisión, la muestra auditada por la ASF sumó 1,452 millones 496,200 pesos, que representa 52.8% del universo seleccionado por un total de 2,751 millones 224,500 pesos.
La auditoría financiera y de cumplimento tuvo como objetivo verificar que el presupuesto asignado para la administración y las actividades de apoyo legislativo se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables.
El dictamen precisa que si bien los senadores cumplieron, en términos generales, no se proporcionó al ente fiscalizador información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto.
Fuente: El Economista
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