Tras la extinción de Luz y FuerzaDe manera silenciosa y sin informar a nadie, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciaron tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, el desmantelamiento del cable de cobre en las redes de distribución de media y baja tensión, sustituyéndolo por cable de aluminio, material más barato pero mal conductor de la electricidad, lo que ya ha ocasionado falsos contactos y variaciones de voltaje dañando equipos y aparatos en infinidad de hogares.
Tras del impune saqueo, hasta donde sabemos, no hay investigación alguna por parte de la Función Pública, ni la Procuraduría General de la República y menos la Auditoria Superior de la Federación, pese a representar un millonario fraude pues el cobre es un material de alto costo de reventa en el mercado y del que a la fecha ya se han acumulado cientos de toneladas, si se considera que la red de distribución de la antes zona de influencia de Luz y Fuerza eran miles de kilómetros de alta y baja tensión.
Es importante señalar que detrás de dicho robo a la nación se encuentra también oculto un beneficio directo a las empresas privadas de televisión por cable al negársele en definitiva a los millones de usuarios de la zona centro del país la posibilidad de que una empresa púbica, como lo era Luz y Fuerza, les hubiera brindado el servicio de voz, datos e imagen, a un bajo costo, pues a través del cobre sí se pueden dar este tipo de servicios, pero con el aluminio, no.
Es aquí donde el delito de saqueo se transforma en el de complicidad a favor de las empresas privadas como WL Comunicaciones, donde aparecieron como socios mayoritarios (¡vaya casualidad!) los ex secretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, y quienes obtuvieron en su provecho la utilización de la infraestructura de las redes de distribución de Luz y Fuerza para brindar ese servicio obteniendo a cambio millonarias ganancias.
La intención de la actual administración por defender los aviesos intereses de los panistas fue más que evidente pues un año antes de la extinción de Luz y Fuerza, en marzo del 2008, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) firmó con el entonces director de la empresa, Jorge Gutiérrez Vera, un Convenio de Productividad que, en su cláusula décima, planteaba obtener una concesión para otorgar a sus usuarios dicho servicio de telefonía, televisión por cable e internet, utilizando precisamente la infraestructura instalada en sus miles de kilómetros de redes, a través de la fibra óptica.
Esto hubiera representado dos importantes beneficios directos: uno, a las finanzas de la empresa, pues de acuerdo con los estudios de factibilidad presentados en su momento a la Secretaría de Comunicaciones y a las dependencias del sector, el otorgamiento del servicio a los 6 millones de usuarios hubiera representado ingresos del orden de los cien mil millones de pesos anuales. Sí, leyó usted bien. Con esto se desmiente el argumento oficial de que Luz y Fuerza era una carga para las finanzas públicas, pues existían vías alternas para su saneamiento financiero.
Pero no sólo el erario federal se beneficiaría con esto, también millones de usuarios de bajos recursos y hasta escuelas y comunidades rurales marginadas de diversos municipios en entidades como Hidalgo y el Estado de México hubieran tenido acceso al llamado Triple Play a un costo muy bajo. Es decir, si la visión oficial fuera nacionalista, la zona centro del país habría salido ganando, pero se optó por anteponer los intereses privados a los de las mayorías.
Ya imaginará el lector a manos de quiénes irán a parar esos cien mil millones de pesos.
Por eso, no es casual que ahora, aunado al pésimo servicio que CFE y sus empresas contratistas dan a los usuarios de la zona centro, se sumen las constantes fallas y variaciones en el voltaje por la sustitución del cobre por aluminio, sin informar ni a los legisladores, ni a la población ni a nadie en lo absoluto de esta nueva fechoría, iniciada y autorizada, por cierto, por el hoy prófugo Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, y quien recibió para su manejo los bienes y la infraestructura de Luz y Fuerza, desde octubre del 2009.
Eso sí, los medios impresos y electrónicos al servicio de Calderón se solazan exhibiendo en sus primeras planas y noticieros los casos de corrupción de funcionarios de SEDESOL y del IMSS, presos por recibir mordidas de tres y cinco mil pesos, pero no van al fondo de millonarios casos de corrupción como el aquí planteado y del que el SME tiene sólida información.
A los peces grandes como Néstor Moreno y Alfredo Elías Ayub, los monopolios de los medios, sobre todo electrónicos, no los molestan porque son ellos mismos parte del jugoso botín de la fibra óptica que daña cada día más la economía del pueblo al que, como en el tiempo de los romanos, se le intenta dar pan y circo para distraer su atención, como sucede con la polémica Estela de Luz que debió inaugurarse hace un año y tres meses y que ahora, al pie del Paseo de la Reforma, será con sus 104 metros de altura y sus más de mil millones de pesos de costo, el gigantesco monumento a la corrupción y a la ineptitud oficial del actual sexenio.
