Agro devastado
Carolina Gómez Mena | Periódico La Jornada | Sábado 7 de enero de 2012, p. 2
Organizaciones campesinas criticaron el veto del presidente Felipe Calderón al decreto aprobado por la Cámara de Diputados para canalizar 10 mil millones de pesos para solventar los estragos provocados por las contingencias climáticas en el agro.
En conferencia de prensa, el diputado Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenistas, y Marco Antonio Ortiz, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, criticaron la negativa del mandatario a atender la “crisis” que se vive en el campo.
Ovalle calificó de “irresponsabilidad” el rechazo presidencial a ejercer esos recursos, que “son urgentes”, y añadió que eso evidencia que al “gobierno le falta mucha sensibilidad y responsabilidad ante una situación tan grave”.
“Posible estallido social”
El legislador agregó que hay de dónde obtener esos recursos. “Los 10 mil millones pueden salir del subejercicio, de los excedentes petroleros y de las economías que se hacen a partir de las transferencias de recursos de una dependencia a otra”, apuntó, y llamó al gobierno a dejar de hacer “anuncios falsos y demagógicos” en torno a los problemas de la sequía. Recordó los 2 mil millones de pesos anunciados hace algunas semanas “eran del Fonden, no eran recursos frescos”.
Los tres dirigentes llamaron al Ejecutivo y al Congreso a establecer con integrantes del medio rural un verdadero acuerdo que solucione los problemas que padece el campo. Adelantaron que, como cada año, a finales de este mes o a principios del próximo realizarán movilizaciones para exigir un cambio de rumbo en el agro, pues consideraron que a raíz de la crisis alimentaria, el país “está al borde de la hambruna y de un estallido social”, situaciones graves, sobre todo en un año electoral.
Remarcaron que es necesaria una atención inmediata a los problemas agropecuarios derivados de sequías, heladas e inundaciones, pues advirtieron que los meses más críticos para la agricultura mexicana serán marzo, abril y mayo. Señalaron que podrían dejar de sembrarse unas 2 millones de hectáreas de granos básicos por dichas contingencias, y la producción tanto de maíz como de frijol podría caer casi 50 por ciento.
Destacaron que el problema agroalimentario del país va más allá de posiciones políticas o partidarias, por lo que apremiaron a Calderón a aprobar el fondo para atender las consecuencias que fenómenos climáticos han provocado en 20 estados.
Correa insistió en que el llamado a Calderón es para que “nos convoque a organizaciones campesinas, agroempresarios, tiendas departamentales, sindicatos y organizaciones sociales, entre otros, a trabajar en unidad para garantizar el derecho constitucional a la alimentación”.
Agregaron que como consecuencia de estas situaciones y de la política neoliberal aplicada al campo, México gasta cada año en importaciones unos 20 mil millones de dólares, y criticaron que se compre en el extranjero 43 por ciento de los alimentos que se consumen en el país. Exhortaron a la administración a no derrochar recursos en obras como la Estela de Luz y, en cambio, emprender programas de infraestructura rural e hidroagrícola, así como habilitar áreas productivas en el sureste mexicano.