José Antonio Almazán González | La Jornada Opinión
Con incrementos superiores a 125 por ciento en el precio medio de la tarifa doméstica, entre 138 y 144 por ciento en tarifa industrial, 107 por ciento en tarifa comercial, 81 por ciento en agrícolas y 83 por ciento en servicios, de 2000 a la fecha la electricidad en México se ha convertido en una mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la disyuntiva mensual de pagas la luz o comes”, contradiciendo una de las muchas promesas incumplidas de Calderón, quien en 2006 se comprometió a bajar el precio de la electricidad.
Estos desorbitados incrementos colocan a México en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo –muy por encima del incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (59 por ciento) y del “crecimiento” de los salarios mínimos (54 por ciento) en los últimos 11 años–. Todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la industria eléctrica iniciada por el priísta Carlos Salinas de Gortari en 1992, en virtud de la cual CFE avanza hacia una bancarrota similar a la provocada deliberadamente para extinguir Luz y Fuerza del Centro y golpear criminalmente al SME. Los únicos “ganones” son las empresas privadas extranjeras, como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, cuya sola presencia vulnera el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Los perdedores son la nación y el pueblo de México. En este contexto, hablar de renacionalización de la industria eléctrica y una tarifa eléctrica justa pareciera remontarnos a los años 60, cuando las ligas de consumidores electricistas y el SME, expresando el descontento popular, pero también de sectores empresariales, demandaron y lograron con el gobierno del presidente Adolfo López Mateos la nacionalización eléctrica.
Estos desorbitados incrementos colocan a México en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo –muy por encima del incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (59 por ciento) y del “crecimiento” de los salarios mínimos (54 por ciento) en los últimos 11 años–. Todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la industria eléctrica iniciada por el priísta Carlos Salinas de Gortari en 1992, en virtud de la cual CFE avanza hacia una bancarrota similar a la provocada deliberadamente para extinguir Luz y Fuerza del Centro y golpear criminalmente al SME. Los únicos “ganones” son las empresas privadas extranjeras, como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, cuya sola presencia vulnera el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Los perdedores son la nación y el pueblo de México. En este contexto, hablar de renacionalización de la industria eléctrica y una tarifa eléctrica justa pareciera remontarnos a los años 60, cuando las ligas de consumidores electricistas y el SME, expresando el descontento popular, pero también de sectores empresariales, demandaron y lograron con el gobierno del presidente Adolfo López Mateos la nacionalización eléctrica.
El problema de las altas tarifas eléctricas en México se remonta a mediados de los años 70, pero se acentuó a partir de la década de los 80, con la imposición del modelo neoliberal en México, iniciado por gobiernos del PRI. Sin embargo, el mayor mérito les corresponde a los gobiernos de Fox y Calderón. Al primero por su arbitraria y antipopular tarifa doméstica de alto consumo (DAC) y al segundo por el golpe fascista asestado al SME, que lo catalogó como una de sus grandes reformas estructurales. Los números hablan por sí mismos. Pagada en dólares y con ingresos promedios ocho veces superiores a los salarios mexicanos, en diversos estados de nuestros vecinos del norte el precio de las tarifas doméstica e industrial es más barata que en México. Pero no sólo frente al imperio del norte: en países de mayor pobreza o mejor distribución del ingreso, como Haití, Nicaragua, Venezuela, España, Francia, Brasil y Ecuador, el precio de la electricidad es más bajo que en nuestro país.
Una revisión de las finanzas de la CFE de 2000 a la fecha muestra el terrible impacto de la privatización. Con pérdidas crecientes en sus resultados financieros y de explotación, una deuda de 603 mil millones de pesos, CFE enfrenta un catastrófico futuro que en unos años la llevarán a la quiebra o a convertirse en una “sucursal” de cobro al servicio de las empresas españolas, japonesas, estadunidenses, etcétera, que ya controlan más de 50 por ciento de las plantas de generación en México. Por el contrario, las únicas beneficiadas con el desastre eléctrico de CFE y las altas tarifas eléctricas son las empresas privadas extranjeras, que acumularán ganancias de un billón 320 mil millones de pesos en los próximos 20 años.
La última calificación de calidad en el suministro de energía eléctrica (interrupciones y fluctuaciones de voltaje) del Foro Económico Mundial en su Global competitiveness report 2011-2012 coloca a CFE con 4.3 puntos (en una escala de uno a siete) de un total de 142 países. Muy por debajo de Reino Unido y Francia (6.7), Canadá (6.7), Barbados (6.3), Estados Unidos, España y Uruguay (6.0), Chile (5.8), Costa Rica, Namibia (5.6), Trinidad y Tobago (5.5), Panamá (5.3), Colombia (5.2), Guatemala (5.1), Puerto Rico (5.0), Perú y Brasil (4.9), El Salvador (4.8), Irán y Turquía (4.7), Egipto (4.6), Gambia (4.4). Salta a la vista que el lema “CFE, empresa de clase mundial” es sólo un recurso publicitario para ocultar su corrupción, desastre financiero y pésimo servicio.
El problema de las desorbitadas tarifas eléctricas y del futuro de la industria eléctrica en México no tiene solución en el marco actual del neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica. La palabrería del PRI, que medra políticamente con el problema, sólo busca obtener votos, pues avaló la extinción de Luz y Fuerza y apoyó la privatización. Tampoco se resuelve con exhortos de diputados y senadores dirigidos a un gobierno insensible a los reclamos del pueblo. Resolver el asunto de las elevadas tarifas eléctricas requiere de cirugía mayor. Comenzando con la renacionalización de la industria eléctrica en estricta aplicación del artículo 27 constitucional, dando por terminada los ilegales permisos otorgados al capital privado y aboliendo la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promovida por Salinas de Gortari en 1992. Otorgando energía eléctrica gratuita a los sectores de la población con consumos bimestrales menores a 200 Kw. Derogando la antipopular tarifa DAC. Cancelando los adeudos pendientes a millones de usuarios domésticos, derivados de los cobros locos de CFE. Suspendiendo los ilegales cortes de luz. Reduciendo el precio de las tarifas eléctricas 50 por ciento y congelando su precio para reactivar el mercado interno. Y, por supuesto, derogando el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
