Javier Lozano no sabe qué hacer. Sabe que todo lo que toca lo hecha a perder y cada vez que abre la boca pidiendo una reforma laboral es el pretexto para que se atrase y se atrase más. Está desesperado porque todo le sale mal.
03 agosto 2011 | MANUEL FUENTES*
Los diputados de la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados andan muy misteriosos. Se habían comprometido a entregar un dictamen de reformas de la ley federal del trabajo desde el pasado jueves 30 de julio pero el trabajo se les ha complicado; se pusieron a revisar cada una de las propuestas de reformas que se encontraban en la bodega legislativa de hace varios años hasta las últimas presentadas por el PAN en 2010 y las del PRI y del PRD en este 2011.
Hay un borrador no hecho público, aprobado por los representantes de los partidos políticos que integran esa Comisión, de 350 artículos con varios puntos de coincidencia pero también de desencuentros. En el sector obrero, empresarial y gubernamental andan muy inquietos cada uno tratando que sus demandas queden plasmadas. Los enviados del sector patronal y la Secretaría del Trabajo son los más interesados y andan haciendo lobby con los diputados más afines a ellos.
Las llamadas telefónicas, las reuniones discretas y entre pasillos hablando en voz baja con los diputados y sus asesores es lo más notable de los últimos días; todos hacen la misma pregunta ¿qué pasa con el dictamen de la reforma laboral?
Javier Lozano no sabe qué hacer. Sabe que todo lo que toca lo hecha a perder y cada vez que abre la boca pidiendo una reforma laboral es el pretexto para que se atrase y se atrase más. Está desesperado porque todo le sale mal. Sus bonos se fueron al suelo, después del ridículo de su disque precandidatura presidencial y los empresarios ya no lo ven como un interlocutor válido para promover esta reforma.
La principal preocupación empresarial en el proyecto laboral es que las llamadas empresas outsourcing, terceristas o subcontratistas queden legalizadas. Pero el borrador esta atorado, porque hay un grupo de diputados, sobre todo de la bancada del PRI, que están porque se legalice este tipo de empresas pero hay otro que no está de acuerdo en que su partido pague el costo político de la aprobación.
Los sectores empresariales “únicamente” se conforman con legalizar a las empresas outsourcing, los contratos a prueba, los de capacitación inicial y los de temporada, que haría que los contratos de trabajo en adelante únicamente fueran temporales. No quieren más, con eso les basta, porque sus costos laborales se abaratan de manera increíble.
No es para menos. Todos sus empleados son temporales y no generan antigüedad y los salarios que se pagan en promedio no rebasan los dos salarios mínimos, con prestaciones que no rebasan el tope legal y sin cubrir reparto de utilidades. Es el mundo feliz patronal.
Las demandas laborales en las juntas de conciliación y arbitraje, les dan risa a los empresarios, porque ponen enfrente a las empresas outsourcing y no tienen de qué preocuparse; son verdaderos escudos de protección estas empresas fantasmas para evitar pagar indemnizaciones y salarios caídos. Basta firmar un contrato de exclusión de compromisos y ¡listo! las autoridades laborales lo dan por válido.
Las empresas outsourcing, permiten a los empresarios evadir impuestos, pago de prestaciones y de seguridad social y hasta evadir a la hacienda pública. En los estados de la república son un problema, se instalan con un domicilio de otra entidad y ello les posibilita no pagar impuestos en ese lugar.
Los inspectores laborales y de seguridad social son prácticamente inexistentes y ello permite dar de alta y de baja a los trabajadores cuando les plazca sin que se les aplique sanción alguna. Someten a los trabajadores a condiciones de explotación sin que nadie les llame la atención.
Los domicilios legales de las contratistas carecen de bienes. Son verdaderas empresas fantasmas que tienen contra la pared a los trabajadores y los constantes cambios de denominación de esas empresas evita a los trabajadores generar antigüedad y pérdida de derechos laborales con la firma de hojas en blanco para presentarlos como renuncia en cualquier tiempo.
Son este tipo de empresas del fraude que se quieren legalizar con las reformas a la ley laboral. Son ese tipo de intereses los que en los próximos días y semanas se desgarraran las vestiduras para exigir a los diputados un dictamen congruente a sus intereses.
En el gobierno de Calderón tienen adeudos con ese sector y veremos cómo trataran de cumplirlos. Son los estertores de un gobierno que termina, pero que los sectores financieros que usan el fraude como práctica quieren dar el último jalón en este periodo legislativo que se aproxima.
*Es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, profesor de derecho laboral y de seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Consejero de la “Casa de los Derechos de Periodistas”, así como asesor legal de diversas organizaciones civiles, de derechos humanos y laborales. Es autor de diversos artículos en materia de justicia y derechos humanos.
