Autor: Álvaro Cepeda Neri *
17 ABRIL 2011
La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo a punto de su aprobación, que empezó con los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados del Congreso, lleva visos de que le sea imputada a un Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, con el planteamiento del senador Beltrones, empieza a dibujar su posible conquista del cargo presidencial, cargando sobre sus espaldas con las críticas obreras (y no precisamente por los acomodaticios dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y otras organizaciones seudosindicales).Y es que para no armar el estallido general, los diputados federales, sus consejeros los abogados patronales y los propios empresarios, le han sacado la vuelta a contrarreformar la Constitución y suponen que, con las introducidas a la iniciativa, van a salirse con la suya.
Se trata de dar marcha atrás a las conquistas laborales establecidas en el artículo 123 constitucional, con adiciones a la Ley Federal del Trabajo, que lo reglamenta. Todo en aras, dicen, de adecuar la legislación a lo que los patrones por vía de hecho han implantado en complicidad con las Juntas de Conciliación y Arbitraje de todo el país (todos a una: Calderón, Ebrard, el PAN y el PRI). Por todas partes prospera la contratación a través de empresas, es decir, terceros, para que los patrones se sacudan sus obligaciones laborales. Y los trabajadores queden a expensas de la explotación patronal para ser despedidos sin responsabilidades.
En el seno de los panistas y priistas, se cocina echar a la calle a los trabajadores para que éstos, sin la menor protección, soporten todavía más, y ya por ley carezcan del derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS (o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, los trabajadores de las burocracias, donde ya terceros se hacen cargo de algunos servicios para quitarle responsabilidades a los gobiernos). Que legal y pacíficamente no puedan reclamar indemnizaciones ni tener organizaciones que los defiendan. Y si los empleados logran permanecer los años requeridos, las jubilaciones serán equivalentes a sólo un año. Y nada más. Lo que desde el salinato se llamó priismoempanizado busca, por la ley federal que reglamenta el artículo 123 constitucional, convertir a los trabajadores en esclavos del capitalismo salvaje.
Los trabajadores de la nación no tienen más opción que, como nunca, salir a las calles para protestar enérgicamente contra la amenaza a punto de ponerse en marcha, de materialmente echarlos a la calle como parias, que casi regalen su fuerza laboral, si es que quieren un empleo transitorio, ya que constantemente sufrirán despidos para andar itinerantes de empleo en empleo. Los trabajadores del país sobreviven con salarios de hambre y con sus enfermedades a cuestas por el desabasto de medicinas y médicos en el ISSSTE y el IMSS. Y es que durante el foxismo y lo que va del calderonismo, se consumó lo que Zedillo y Salinas, pro panistas y derechistas, impulsaron: las contrarreformas de facto que ahora PRI-PAN quieren legalizar. No hay más respuesta que los trabajadores, echados a la calle, la ganen para reclamar sus derechos pisoteados.
