Piden aumentar facultades de inspección en las condiciones laborales
Ángel Bolaños Sánchez
Sábado 30 de abril de 2011, p. 36
Sábado 30 de abril de 2011, p. 36
El PRD capitalino entregará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) un documento suscrito por especialistas en derecho laboral, escritores y académicos como Manuel Fuentes, Arturo Alcalde, Luis Hernández, Paco Ignacio Taibo II, en el que instan a los diputados locales a legislar para fortalecer a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) en
sus funciones de inspección de las condiciones de trabajo en las empresas y penalizar a los empleadores que obliguen a sus trabajadores a firmar renuncias y documentos en blanco.
La presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales Magdaleno, dijo que esperará el escrito para comenzar a trabajar en ese sentido y aunque no garantizó que se elabore una iniciativa en lo inmediato, aseguró que el Legislativo coincide con el planteamiento de poner a la ciudad de México a la vanguardia en protección al empleo y los derechos de los trabajadores, como lo es ya en otras garantías fundamentales de los ciudadanos.
Refirió que ese fue el sentido de la reforma al Código Penal que se aprobó en el reciente periodo ordinario para tipificar como delito al lucro de las expectativas de empleo de la gente, cuando se ofrecen trabajos para engancharlas en otro tipo de cosas.
El documento, que el presidente del PRD-DF, Manuel Oropeza, entregará a la ALDF, es resultado de los foros sobre la reforma política organizados por el instituto político con la Brigada Cultural para Leer en Libertad, que coordina el escritor Paco Ignacio Taibo II.
El escrito insta, además, a los legisladores a aumentar el presupuesto de la STFE; propiciar el diálogo con empresarios, trabajadores, organizaciones y especialistas para concertar mejores condiciones de trabajo en el sector de la construcción y servicios; buscar soluciones a prácticas de corrupción sindical y comercio de contratos colectivos de protección patronal, y atender las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre la conflictividad en las instancias de procuración de justicia laboral, entre otras.
