Jenaro Villamil - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con algunas horas de diferencia, mientras
Enrique Peña Nieto presumía en Berlín las estelas de la cultura maya, en
el bosque de Xochicuautla, zona otomí del Estado de México, personal de
la empresa Autovan, filial de Grupo Higa, ingresó en un predio para
desalojar a sus habitantes, destruir casas y parte del bosque, en franca
violación a la suspensión definitiva que obtuvo la comunidad en un
juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en
Toluca.
Con el apoyo de los granaderos estatales y haciendo valer su condición de contratista privilegiado, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú –el mismo empresario consentido del peñismo, el de la Casa Blanca, de la Casa de Malinalco, del millonario proyecto del Acueducto hacia Monterrey, del Aeropuerto de Toluca, del frustrado proyecto de tren hacia Querétaro, más los que se sumen– hizo valer el poder de la impunidad y el respaldo de las autoridades del gobierno del Estado de México.
La tarde del lunes 11, maquinaria pesada demolió la vivienda
propiedad del delegado Armando García Salazar, bajo el pretexto de que
se encontraba en el polígono expropiado, que forma parte de la concesión
de la carretera Toluca-Naucalpan.
Las imágenes de la demolición de la vivienda, del ingreso de más de
100 granaderos, de la expulsión de los habitantes de esta zona, se
difundieron a través de cuentas en Twitter y en otras redes sociales
como Periscope. El hashtag #AlertaXochicuautla se convirtió de inmediato
en Trending Topic. Las cuentas falsas del oficialismo federal y estatal
y la estrategia de “inflar” otras frases insulsas para borrar Trending
Tópics incómodos fue aplicada durante toda la tarde del mismo lunes 11
para “encubrir” la agresión.
En la mañana de este martes, los granaderos continuaron con su labor
de desalojo. A las 10:30 de la mañana se registró otro ataque. Las
imágenes de agresiones a mujeres otomíes orando y con veladoras, en una
de las capillas de la comunidad, recorrieron las redes sociales.
El gobierno de Eruviel Ávila, siempre dispuesto a lavarse las manos
ante la arbitrariedad de su propio gobierno, informó que el Sistema de
Autopistas del Estado de México inició trabajos de construcción de la
autopista Toluca-Naucalpan, en el tramo de los kilómetros 16 a 19, “a
fin de ejecutar conforme a derecho de posesión un predio ejidal
expropiado en junio de 2015”.
Es decir, justificaron el desalojo remitiéndose al decreto de
expropiación firmado por Enrique Peña Nieto el año pasado, que afecta a
37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar con una
carretera que lleva más de seis años de retraso.
Los pobladores de la zona otomí afirmaron que el gobierno federal de
Peña Nieto nunca hizo la consulta a la que estaba obligado antes de
emitir el decreto expropiatorio, por lo que ellos promovieron un juicio
de amparo y ganaron en febrero de 2016 la suspensión definitiva. El juez
quinto de distrito en materia administrativa ordenó al Grupo Higa no
realizar obras ni invadir los predios de Xochicuautla, hasta que se
emita la sentencia del juicio de amparo.
El tamaño del negocio es de 7 mil 200 millones de pesos que el
gobierno del Estado de México concesionó a Grupo Higa desde que Enrique
Peña Nieto era gobernador. Se trata de la construcción de la vía de
cuota de 39 kilómetros que conectará a la autopista La Venta-Chanopa,
para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del
Estado de México y, sobre todo, al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Toluca, concesionado “casualmente” también a Grupo Higa.
El acto de represión contra los pobladores de Xochicuautla ocurre una
semana después de que Juan Armando Hinojosa Cantú apareciera en los
#PanamaPapers como uno de los empresarios mexicanos que utilizaron este
mecanismo para encubrir fondos por más de 100 millones de dólares, justo
cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto lo “investigaba” a través de
la Secretaría de la Función Pública por posible corrupción en los casos
de la Casa Blanca y también de la casa de Malinalco.
La represión ocurre también “casualmente” cuando Peña Nieto está
fuera del país. Una vez más se repite el guión: cada vez que está
ausente del territorio nacional el primer mandatario, algo ocurre con
Grupo Higa y este personaje que parece romper todos los récords de
impunidad y de silencio.
En medio de esta trama hay un creciente pleito entre los distintos
bloques y grupos de poder del Estado de México: principalmente entre
quienes participan en el gobierno federal de Peña Nieto y han apoyado a
Hinojosa Cantú hasta la ignominia (léase Gerardo Ruiz Esparza, titular
de la SCT y exsecretario estatal de Infraestructura y también vinculado
al escándalo OHL) y entre quienes están en el gobierno de Eruviel Ávila,
una administración cercada por sus propias torpezas y fracturas.
La conspiración mexiquense apenas empieza. Y se esperan capítulos aún
más represivos y violentos. No en balde la llamada #LeyAtenco parece
retratar a una clase política que se divide y se fractura por sus
intereses y negocios en juego, pero que coincide en una sola cosa: la
ley del más fuerte es la que impera en el medioevo mexiquense.
