Mathieu Tourliere - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Prominentes empresarios,
contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con
la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras
en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance
del fisco y otras autoridades de México.
De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios
financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack
Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías
offshore.
Abogados
y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a
crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras
entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se
perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al
descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos
fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido
cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
Proceso fue el único medio impreso de México
convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de
archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó
bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros
alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más
grande del que se haya tenido registro.
En septiembre pasado, Proceso participó en la
reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El
encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en
Münich.
Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son
los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido
contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa
Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada
en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.
El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes
más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.
El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco,
Estado de México del secretario de Hacienda, Luis Videgaray –el
responsable de la recaudación fiscal en el país–, ha tenido prisa por
mandar dinero fuera de México.
En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña
Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de
cien millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por
varios países.
Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus ahorros”,
era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del
despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado
entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los
paraísos fiscales.
Proceso buscó al departamento de Comunicación del
Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo
que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la
República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se
trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la
Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.
El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la
propia firma panameña describe como “una de las personas más poderosas
de México gracias a sus empresas”: Ramiro García Cantú, quien ha hecho
su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.
El empresario Ramiro García Cantú.
Foto: El Diario de Victoria
Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua
con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura
de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta
Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las
islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza
Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.
Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en
el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la
ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos
en el futbol europeo.
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado
internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía,
empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con
millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y
Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres
empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este
de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que
desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación
aparece su firma.
Un buque de Oceanografía hallado enVeracruz. Foto: Yahir Ceballos
Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde
vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil.
Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal
para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a
nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de
outsourcing a la contratista.
La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña
Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos
financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez
Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero
en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y
del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al
sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según
los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría
General de la República (PGR).
Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del
gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack
Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del
Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma
de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de
2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a
través de Dubai.
El pasaporte de Emilio LozoyaFoto: Especial
La información disponible no refiere si se concretó la operación,
pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los
archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco
antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de
sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan
Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).
El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack
Fonseca de manera anónima y la compartió con el ICIJ, la red
internacional de periodistas con sede en Washington que organizó la
colaboración global.
El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma
panameña es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de información
contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan
prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación
en 1977 hasta diciembre de 2015.
En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países
y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre
los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá.
Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño
modesto de vidrios polarizados, que comparte con la clínica odontológica
Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra
y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como “el tornillo”, como
constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.
La sede del despacho MossackFonseca en Panamá.
Foto: Mathieu Tourliere / Procesofoto
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los
cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 –una de
las vías más importantes de la ciudad–, Mossack Fonseca adoptó un perfil
muy discreto, de tal forma que nadie creería, al pasar frente al
edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a través de
las cuales circulan millones de dólares cada día.
En respuesta a cuestionamientos durante la investigación
periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin
embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo
origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y
vendedores de armas.
Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se
conoce como debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se
trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una
empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con el primero, desestimó las evidencias sobre su relación con el
presidente Peña Nieto, a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la
categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en
inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en la categoría de
Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por
tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la
firma panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo
Higa a versiones periodísticas promovidas “por su principal competidor”,
el empresario Carlos Slim, por medio del diario The New York Times.
La misma falta de rigor mostró el despacho panameño en el caso del
colombiano Juan Pablo Londoño cuando en 2007 le creó la compañía
Monedeux International Services Inc. Sólo después de cinco años Mossack
Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública
la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de
Estados Unidos en el sentido de que la compañía estaba relacionada con
Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder
del cártel de Sinaloa.
Cronología de las designaciones de la OFAC contra el Cártel de Sinaloa.
(Clic para agrandar)
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En la creación de Monedeux, Mossack Fonseca se había conformado con
una carta de un certificador desde Medellín, Colombia, en la que le
dijo, en octubre de 2006, que Londoño movía 500 millones de pesos
colombianos al mes.
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la
puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes
Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al
gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva
Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La
operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió,
pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca
alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares
hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de
otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el
exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Omar Yunes Márquez y su esposaÁngela Ruíz. Foto: Heraldo de Veracruz
Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossak Fonseca,
asegura que sus clientes llegan a través de despachos de abogados e
instituciones financieras, incluidas sucursales de grandes bancos.
Consultado por Proceso, Sousa aseguró que Mossack
Fonseca trabaja “con muy pocos” PEP debido a que la regulación
internacional la considera de “alto riesgo”. Para la firma panameña, no
es el caso de Hinojosa Cantú: “Hice la búsqueda referente a la persona
que usted refiere y según World Check y World Compliance no está
calificado como PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas
simplemente por serlo; sencillamente es una cuestión de un análisis y
administración apropiados de riesgo”.
Respecto al caso de las dos personas señaladas por Estados Unidos
como integrantes del CJNG, dijo que si después de vender una compañía es
listada por la OFAC, “se hacen los respectivos reportes y se comienza
el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den
una instrucción”, respondió por escrito.
Aseguró que las personas utilizan las estructuras financieras de
Mossack Fonseca “para temas totalmente válidos y legales, siendo
probable que en algún momento alguna haya sido utilizada para asuntos
incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente con las
autoridades”.
De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso
mexicano en el que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista
mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En febrero de 2015, en
otra investigación internacional conocida como Swiss Leaks,
el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones de
dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir
impuestos o esconder el dinero.
La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del
desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que
estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a
mediados de los años noventa la llamada Operación Tigre Blanco.
El empresario Carlos Hank Rhon.Foto: Miguel Dimayuga
Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon,
aparece en los archivos de Mossak Fonseca como un “prospecto de cliente”
en 1996, cuando estaba en marcha la investigación estadunidense contra
la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político
Atlacomulco, Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto.
En la práctica, un “cliente” de Mossack Fonseca es un intermediario
entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las
compañías creadas para esconder el dinero. En esa misma condición de
prospectos de clientes de México aparecieron, en 1986, la firma
Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha, el Dresdner Bank Latinamerika, un
banco que tiene su sede en Fráncfort, Alemania.
Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano:
Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de Hacienda directamente
encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración
General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de
Fiscalización de Precios de Transferencia.
Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular
en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como
“prospecto” de intermediario en enero de 2013. En conversación con Proceso,
Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de
la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica.
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de
los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en
muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore.
Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de Santander
Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la
calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma
panameña. Son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero.
Tan sólo en 2010, envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos. De
acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más ha
recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el
abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios
financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado
complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en
distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en
la reorganización del sector farmacéutico en México.
Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel
central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo
holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las
acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas
en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de
pesos.
Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto,
junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también
financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión
Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que ésta
no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.
Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de
Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo
Nadro, líder en el sector de la distribución de medicinas. En
declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la participación de
Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos
para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya
apoderado de su rival directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa
Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del
exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Aurora Alcántara es hermana de
Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de
transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno,
Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil
millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y
Puentes Federales (Capufe) (Proceso 1974).
Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil
habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde
también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en
cuatro ocasiones.
En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax,
también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa,
excuñado de José Murat, padre del actual candidato al gobierno de
Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a
gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los
beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en
los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.
El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno
para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como
beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está
casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán
Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo
del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes. Alemán Velasco
ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre
otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a
las llamadas de Proceso. González fue además pareja del
exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante
gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010
trabaja para TV Azteca.
La actriz Edith González Fuentes.Foto: Proyecto 40
Del sector empresarial, Mossack Fonseca facilitó a la empresa Altos
Hornos de México (AHMSA) la creación en Panamá de una compañía llamada
Carlyle Techonologies Corporation que ha servido para la triangulación
de recursos de la empresa mexicana desde 2006, cuando AHMSA ya estaba en
quiebra. Empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores,
AHMSA todavía movilizó recursos en diciembre de 2015, de acuerdo con los
archivos filtrados.
La relación del despacho panameño con clientes mexicanos en busca de
paraísos fiscales data por lo menos de hace 30 años, cuando le abrió la
puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, en momentos en
que salían del país millones de dólares por la crisis económica en el
gobierno de Miguel de la Madrid.
En la primera mitad de los años 80, en pleno auge del cartel de
Guadalajara, Mossack Fonseca creó dos empresas para uno de los
principales líderes de esa organización, Rafael Caro Quintero.
Uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente
residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A.,
propiedad del narcotraficante sinaloense. Caro Quintero pasó 28 años en
prisión y fue liberado sin cargos en 2013. Tras unos meses de breve
libertad, está de nueva cuenta en condición de prófugo luego de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la orden de
liberación. En los ochenta Mossack Fonseca también creó la compañía
Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero.
Rafael Caro Quintero, narcotraficante.Foto: Archivo
La relación del despacho panameño con narcotraficantes mexicanos no
termina ahí. En 2012 abrió una empresa en Uruguay para Wendy Amaral
Arévalo y Gerardo González Valencia, boletinados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros
(OFAC, por sus siglas en inglés), como integrantes del Cártel Jalisco
Nueva Generación. Según las autoridades de México y Estados Unidos, esa
organización delictiva es una de las más poderosas en la actualidad.
Otro poder fáctico de México tampoco ha sido ajeno para Mossack
Fonseca: las televisoras. En 2005, entró en contacto con el despacho
Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, del que fue fundador el actual
vicepresidente de Finanzas de Televisa Alfonso de Angoitia. El despacho
le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a importantes
empresarios de México, como Emilio Azcárraga Jean, presidente de
Televisa. Uno de los productos de Mossack Fonseca que más le interesó al
despacho del ahora ejecutivo de la televisora fue la creación de
fundaciones.
Angoitia admitió haber adquirido esta empresa en Bahamas “con el
propósito de comprar un departamento y una membresía en un club de buceo
náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que practica desde
hace muchos años”. Pero aseguró que se trató de una “adquisición pública
y transparente”, por lo que le negó relevancia al tema, según respondió
el ejecutivo de Televisa a Aristegui Noticias a través del vocero de la
empresa, Alejandro Olmos.
El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca Ricardo
Benjamín Salinas Pliego también usó una compañía offshore creada en
Islas Vírgenes con la firma panameña para la compra de un yate.
Entre los prominentes hombres de negocios que han entrado al secreto
mundo de la movilización de capitales está Guillermo Cañedo White,
exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte,
Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012. Ese
periodo está bajo investigación de la justicia de estados Unidos como
parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).
Uno de los socios de Cañedo White es otro de los mexicanos con una
amplia relación con Mossack Fonseca, Ángel Remigio González González.
Dueño de medios de comunicación en Centro y Sudamérica, el empresario
conocido como El Fantasma, por su reiterada negativa a aparecer en
público, es socio de Cañedo White en una firma offshore creada en las
Islas Vírgenes Británicas. Ninguno se reportó a los llamados del
semanario.
También del sector de las telecomunicaciones aparece el empresario y
coleccionista de arte José Antonio Pérez Simón, quien creó empresas
junto con su hija. Formó parte del Grupo Carso de Carlos Slim, uno de
los hombres más ricos del mundo.
Aunque miembros prominentes de la actual clase política mexicana no
aparecen en el historial reciente de Mossack Fonseca, el contratista
Hinojosa Cantú es considerado en la investigación periodística
internacional como uno de los latinoamericanos poseedores de offshore
con más relevancia política. Su nombre está al lado del presidente
argentino, Mauricio Macri, quien está en la lista de doce líderes
mundiales que crearon compañías offshore a través de la firma
especializada de Panamá.
El pasaporte del empresario JuanArmando Hinojosa Cantú.
Foto: Especial
Consultada por Proceso y el grupo periodístico McClatchy Newspapers
de Estados Unidos, la presidencia de la República se negó a dar
comentarios sobre la relación personal de Peña Nieto con Hinojosa Cantú.
Sólo remitió a lo dicho por el secretario de la Función Pública (SFP),
Virgilio Andrade. Paulo Carreño King, de la oficina Marca País y Medios
Internacionales de la Presidencia de la República, le respondió a la
cadena estadunidense, el pasado miércoles 30, que se trataba de un
asunto pasado y remitió a los informes de la SFP sobre “el presunto
conflicto de interés”.
La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los
paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita,
H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh
Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro de Iraq,
Ayad H. Allawi.
Además del Primer Ministro de Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y
el presidente de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, figuran
empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La
investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ, medios
europeos y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil
millones de dólares por medio de Mossack Fonseca. También está la
familia del poderoso presidente de China Xi Jinping.
Sigmundur David Gunnlaugsson,primer ministro de Islandia.
Foto: AP / Seth Wenig
En total, fueron identificados 12 líderes, 128 políticos y altos
funcionarios públicos de todo el mundo, así como 58 familiares y socios
de presidentes, primeros ministros o reyes.
En el caso de México, uno de los políticos mencionados como
beneficiario de una de las empresas offshore es el exdiputado local de
Chiapas y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla
Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo del exministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de
Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León.
La ausencia de nombres de políticos mexicanos no significa que no
sean beneficiarios de sociedades a través de familiares o prestanombres.
El extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Gabriel Reyes
Orona asegura que los políticos mexicanos tienen mucha experiencia en
esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control
gubernamental.
Dice que con las triangulaciones y las complejas estructuras
financieras lo que se busca es perder la identidad de los dueños del
dinero a través de números y en las que las partes involucradas no se
conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las que la
información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero,
sino generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este
caso se trata de una “black cloud”, ironiza.
Tampoco extrañó que Mossack Fonseca no tenga oficinas en México, como
en otros países de América Latina. No las necesita. Cuenta con
numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los
beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.
A partir ahí, se empieza a construir un laberinto de compañías,
sociedades, directorios, asamblea de accionistas o fundaciones que
operan en diferentes jurisdicciones internacionales en las que es
difícil dar con el principal beneficiario de la operación de
ocultamiento.
De acuerdo con la información obtenida, en el caso de México se
contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o
dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con
mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho
panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades
registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.
Pocos son los casos en que una sola persona es beneficiario final,
cliente y accionista. En relación con México es el caso de Manlio
Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano radicado en
Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento de pago de
ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del
Desarrollo Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que
sus empresas con Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar
más información.
Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue representante
del PAN ante el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en
el Consejo Distrital 3 de Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en
compañías abiertas por Mossack Fonseca en la República de Seychelles, y
las Islas Vírgenes Británicas. Su nombre también aparece en los
registros públicos de compañías abiertas en Nueva Zelanda, otro paraíso
fiscal, aunque no queda claro si estas últimas se tramitaron también por
medio del despacho panameño. (Con la colaboración de Mathieu Tourliere).
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