Arturo Alcalde Justiniani - Opinión
El proceso de creación
de la Secretaría de Cultura está plagado de interrogantes. La última fue
la votación casi unánime de los diputados de las distintas fracciones
con una sola abstención en favor de la iniciativa, cuando todavía
semanas antes existía un clamor bastante generalizado en su contra,
incluyendo a legisladores de oposición, que ahora inesperada e
inexplicablemente votaron a favor.
La iniciativa generó desde un inicio múltiples críticas provenientes de todos los sectores, incluyendo al ámbito cultural, académico y laboral. Una opinión común es que no existía una explicación convincente que justificara su creación, menos aún, en un entorno de restricción presupuestal. El Ejecutivo proponía la reforma señalando que en fecha posterior se haría el diagnóstico sobre las funciones y la estructura orgánica de las entidades que la integrarían. Lo deseable hubiera sido un proceso al revés: primero el diagnóstico y la estructura, luego la propuesta legislativa. La pregunta que surge de inmediato es el porqué de tanta prisa.
En los días siguientes se generaron múltiples análisis de la iniciativa, advirtiendo no sólo de las deficiencias técnicas del documento elaborado al vapor, sino apoyados en objeciones de fondo relacionadas con riesgos de afectación a las labores sustantivas de las principales dependencias que la integraban: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Se acreditó que dicha iniciativa mermaba la autoridad de estas instituciones en la protección del patrimonio cultural, artístico, arqueológico e histórico tangible e intangible, por ejemplo, en el caso del INAH, reducía su autoridad para la declaración de zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológico. La decisión se hacía depender de nuevos superiores jerárquicos en niveles aún inciertos, dependiendo de la estructura a definir. En suma, se afectaba su valioso y difícil papel en un entorno de constantes intentos privados o de dependencias estatales y municipales para disponer del patrimonio nacional protegido.
Contrario a lo señalado por el secretario de Educación, en su inesperada aparición en la Cámara de Diputados para vitalizar la iniciativa, es claro que con la misma se incrementan los riesgos de burocratización, tanto en el INBAL como en el INAH. La primera tiene como tarea la difusión, promoción y educación en el ámbito artístico; la segunda es una entidad atípica que integra un importante papel de autoridad, que cuenta con los profesionales y técnicos para sustentar sus decisiones, que genera la investigación para fortalecer su labor, que forma a profesionales en la materia y que además administra y protege de manera directa, sitios, monumentos y museos. Más allá de algunas críticas fundadas en relación con prácticas laborales o procesos institucionales inadecuados, estas no son representativas, ya que el INAH y el INBAL cuentan con un valiosísimo recurso humano representado por custodios, museógrafos, maestros, investigadores, restauradores, músicos, técnicos y artistas, entre otros. Someter esta gigantesca labor a una nueva esfera burocrática de estructura incierta, no parece ser el mejor camino para fortalecer su tarea.
La nueva secretaría se integra por dependencias de carácter
diverso, que deberán incorporarse en el futuro. Su historia gremial
tiene características particulares. Si bien, la mayoría de ellas son
delegaciones del SNTE, en el pasado lucharon por su propia autonomía,
creando gremios con prácticas democráticas que les dieron consistencia,
como la elección por voto universal, directo y secreto de sus
dirigentes, la transparencia y rendición de cuentas de sus procesos y
una permanente consulta a las asambleas. Una característica que la
distingue de otros gremios es que han integrado en su quehacer la
defensa de la materia de trabajo de sus instituciones. Es impresionante,
por ejemplo, el compromiso y generosidad de los trabajadores de Radio
Educación para mantener, pese a adversidades y carencias, el digno papel
de esa emisora, líder en la difusión cultural.
Toda la energía y experiencia democrática de los trabajadores que se
integrarán a esta nueva secretaría se canalizará seguramente a la
formación de un sindicato nacional de la Secretaría de Cultura. Crear
este medio de representación y defensa es la mejor vía para negociar la
transición y responder al nuevo escenario institucional. Si bien son muy
diversas las dependencias de origen, los y las trabajadores de todas
ellas, pueden encontrar un espacio de representación propio en el nuevo
sindicato, a través de secciones autónomas que tomen decisiones en el
espacio de sus propias asambleas y representaciones. Por esta vía,
lograrán el respeto a los derechos laborales adquiridos. Su
representación general o directiva puede diseñarse a través de formas
colegiadas que eviten el desgaste propio de la competencia, sin
menoscabo de las labores ejecutivas necesarias.
La formación del sindicato nacional que integre a todos los
trabajadores en sus distintas categorías es una tarea urgente, porque no
puede ocultarse que algunos funcionarios del Conaculta trabajan ya para
la formación de un sindicato blanco, apuesta que sería nociva para los
trabajadores y también para la propia institución.
Salvo que en el Senado se logre recapacitar sobre los riesgos de esta
iniciativa generada y votada al vapor, de confirmarse su nacimiento los
trabajadores y sus aliados deberán crear de inmediato las condiciones
para que los valores sociales que sustentan las instituciones se
preserven y, al mismo tiempo, se construya un órgano gremial
ejemplarmente democrático, apoyado en la generosidad, responsabilidad,
militancia e imaginación que han practicado en el pasado.