Julio Hernández López - Astillero
El reordenamiento del
mercado de las drogas, con la liberalización del consumo en varios
lugares de Estados Unidos, y la reformulación de los objetivos
empresariales de los cárteles mexicanos (concentrados más en
las drogas sintéticas y los productos clásicos, pero de alto costo, como
la cocaína) han sido bien correspondidos en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al dar el primer paso procesal en la ruta casi
irreversible de la flexibilización en cuanto a la producción y el
consumo personales (por lo pronto) de la mariguana.
A ese primer desenlace favorable para cuatro demandantes del recurso de amparo ha seguido una serie de declaraciones, iniciativas y propuestas que se encaminan inequívocamente a la búsqueda de que se permita abiertamente el consumo personal de la famosa planta, que forma parte de la familia de las cannabáceas. Enrique Peña Nieto envió, a unas horas de la decisión de la Corte, a su consejero jurídico, Humberto Castillejos, y a su vocero, Eduardo Sánchez, a tratar de contradecir la obviedad de que se está abriendo la puerta a la legalización de ese consumo. El nunca bien comprendido personaje de esta columneja, don Periscopio Contreras, recordaría de inmediato que en cuanto más afán muestra esta administración en postular algo, hay pleno derecho histórico a pensar que se pretende hacer todo lo contrario.
En un sistema político tan rígido, y actualmente tan sujeto a los
designios del poder presidencial, resultaría sumamente extraordinario,
casi un milagro, que en un tema tan delicado, que tiene implicaciones de
seguridad nacional, se hubiera producido un histórico gesto de
independencia de criterio de los ministros de una Suprema Corte tan
sometidos como están y tan sometidos como se les pretende exhibir en
estos días, a propósito de la imposición de nuevos integrantes. Ya antes
se les insertó a Eduardo Medina Mora, sin experiencia ni méritos en el
terreno judicial, con historial negativo como procurador federal de
justicia y como secretario de seguridad pública. Y ahora cavila Los
Pinos para decidir a cuál subordinado directo y a cuál aliado, como
cuota panista, postulará para cubrir las dos vacantes en turno.
La promoción judicial tan sorpresivamente exitosa fue hecha por
integrantes de la organización México Unido contra la Delincuencia
(MUCD: www.mucd.org.mx), que
preside Josefina Ricaño Nava, madre de un joven asesinado en el
torbellino de violencia impune que vive el país desde hace décadas. Ella
fundó dicha asociación civil no lucrativa el 11 de noviembre de 1997 y
tuvo uno de sus momentos cumbre en cuanto a movilización y convocatoria
públicas dieciocho días después, con una marcha pacífica y silenciosa,
la mayoría de los partícipes vestidos de blanco, que desembocó en el
Zócalo capitalino. En agosto de 1998 estuvo en el acto oficial,
encabezado por Ernesto Zedillo, de lanzamiento de una cruzada nacional
contra el crimen y la delincuencia. En actos similares organizados por
los siguientes ocupantes de Los Pinos, Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, se ha tomado como representantes de la sociedad
civil a ciertos dirigentes de este tipo de asociaciones (una de ellos
incluso fue candidata del PAN calderonista a la jefatura del gobierno
capitalino).
Tres de esos promotores del amparo flexibilizador no son
activistas tradicionales en pro de la despenalización del consumo de
mariguana. Uno de ellos, Armando Santacruz González, es presidente del
grupo Pochteca, dedicado a los rubros de papel, alimentos, lubricantes,
químicos, solventes y mezclas, que cotiza incluso en la Bolsa Mexicana
de Valores. Juan Francisco Torres Landa (secretario general del MUCD) es
abogado y como tal fue acusado en 2005 de tener información sobre los
sobornos de Walmart a funcionarios y políticos mexicanos y no haber
actuado jurídica y cívicamente en consecuencia (congresistas
estadunidenses mostraron un correo electrónico en el que Torres Landa
informaba a la asesora general de la matriz de Walmart, Maritza Munich,
de
contribuciones para facilitar trámites en el Distrito Federal, con el entonces legislador Graco Ramírez como intermediario). José Pablo Girault Ruiz es vocal de la Fundación Rafael Dondé, institución de asistencia privada que apoya programas educativos y opera casas de empeño.
La decisión de solicitar el amparo fue organizada a través de la
Sociedad Mexicana para el Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart),
con integrantes del mencionado MUCD, y su punto de arranque se dio en
junio de este año, a partir de la solicitud del padre de la niña
Graciela Elizalde de conseguir autorización oficial para usar mariguana
en un tratamiento médico. Más que las marchas juveniles, las pancartas
contestatarias, los humeantes plantones e incluso las promociones de
legisladores perredistas, como lo fue Fernando Belaunzarán, lo que
funcionó esta vez fue la iniciativa empujada por el mencionado
Movimiento Unido contra la Delincuencia.
Los planetas institucionales tan súbitamente alineados para permitir
producción y consumo personal de estos cuatro personajes, con la ya
varias veces mencionada apertura de puertas a una flexibilización
generalizada, ha sido saludada positivamente por el gobierno de Estados
Unidos, que ha dejado en el gobierno mexicano (¿era necesario decir algo
que debería ser obvio?) la decisión de legalizar o no ese asunto. Desde
luego, el cantado desenvolvimiento de esta apertura comercial será
aprovechado por empresarios y políticos. Vicente Fox Quesada es uno de
ellos, dispuesto desde ahora para sembrar y comercializar la mariguana
en cuanto le sea permitido. Negocio es negocio.
Y, mientras continúa el debate respecto al otorgamiento de la medalla
Belisario Domínguez al empresario Alberto Bailleres (hay una etiqueta
en Twitter: #NoAlMagnateBailleres ), en una entrega Totalmente Palacio
Nacional que se realizará en el Senado, en recuerdo de un mexicano que
fue asesinado por denunciar los abusos del poder presidencial que
causaba miseria, asesinatos e injusticia en toda la nación, ¡hasta el
próximo lunes!
Fuente: La Jornada - Opinión
Fuente: La Jornada - Opinión
