En un comunicado, el organismo detalló que dicha falta está considerada como grave en el Código Penal Federal, por lo que no alcanzan los beneficios de la ley para enfrentar el proceso en libertad.
En
el caso particular de Nazariega Segura, el Juzgado Segundo de Distrito
de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en
Toluca, Estado de México, le imputó también el delito contra el consumo y
la riqueza nacionales. Esta falta no es grave.
Los presuntos
responsables se encuentran a disposición del Juzgado Quinto de Distrito
del Estado de Oaxaca en reclusión en el Centro Federal de Readaptación
Social Número Uno Altiplano, en el Estado de México.
Los
profesores fueron detenidos el pasado 29 de octubre. La Procuraduría
General de la República (PGR) informó que fuerzas federales ejecutaron
órdenes de aprehensión en diversos lugares de Oaxaca en contra de
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE).
En aquel entonces, el Ministerio Público Federal señaló
que los aprehendidos podrían alcanzar penas de entre tres a 40 años de
prisión y fueron puestos a disposición de jueces federales, ya que “se
les vincula con varios delitos federales”.
Entre las imputaciones
se encuentran la toma violenta de las instalaciones de la Junta
Distrital en Tehuantepec; la toma de instalaciones estratégicas de
Petróleos Mexicanos como la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, y
el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en la ciudad de
Oaxaca.
Asimismo, se les acusa de “actos de vandalismo” en contra
de las instalaciones de la Octava Región Militar en la capital del
estado y del robo de diez mil libros de texto gratuitos propiedad de la
Secretaría de Educación Pública.
En el operativo también fue
aprehendido Carlos Orozco Matus, a quien se le menciona como probable
responsable de los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el
consumo y riqueza nacional en la toma de las instalaciones de la Junta
Distrital electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la
refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, y Roberto Abel Jiménez García,
quien es señalado por diversos delitos del fuero común.
Sin
embargo, el vocero de la sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, advirtió que
esta decisión judicial “no cambia el plan de acción ni va a disminuir
la movilización; al contrario, vamos a defender los derechos sindicales y
a accionar hasta lograr la libertad de los cuatro maestros recluidos en
el penal de máxima seguridad del Altiplano”.
Mientras tanto,
dijo, continuarán protestando en los juzgados federales para denunciar
estas arbitrariedades, y el 14 y 15 de noviembre realizarán un boicot a
la evaluación programada por la Secretaría de Educación Pública, donde
los maestros tienen previsto bloquear las sedes donde se aplicarán los
exámenes.
También dijo que consideran que esta decisión del juez
confirma que se trata de “un proceso amañado, es un proceso político más
que jurídico, pues a los profesores se les violentó el debido proceso
al estar incomunicados y no permitir tener una defensa adecuada, ya que
el amparo que les concedieron no fue respetado”.
Se trata, acusó,
de una “cacería en contra de los integrantes de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación, sin embargo, ni encarcelando ni
girando más órdenes de aprehensión vamos a disminuir la movilización. No
cambia el plan de acción. Vamos a defender los derechos sindicales”,
puntualizó.
En tanto, en el Istmo de Tehuantepec maestros de la
sección 22 realizaron un bloqueo carretero en el kilómetro 309+500, a la
altura del poblado “Tapanala” que pertenece al municipio de San Pedro
Huamelula, sobre la carretera Salina Cruz-Huatulco, donde exigieron la
libertad de sus cuatro compañeros presos en El Altiplano.
Los
inconformes reiteraron que el próximo 14 y 15 de noviembre no
participaran en la “evaluación punitiva” que anunció la SEP, pues sería
darle legalidad a una reforma que no es educativa, sino laboral.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso