Napoleón Gómez Urrutia - Opinión
La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), que encabeza la mexicana Alicia
Bárcena Ibarra como su secretaria ejecutiva, organismo regional de la
ONU que dirigió en sus años iniciales el distinguido economista
argentino Raúl Prebisch, no es una institución que se dedique a
calificar o descalificar superficial o arbitrariamente las políticas o
las situaciones que viven las economías de los países de la región,
sino, por el contrario, aparece siempre investida de objetividad,
prudencia y tino en sus diagnósticos sobre el desempeño de nuestras
naciones.
Conviene tomar en serio, pues, sus análisis y sus juicios. En un reporte que para la fecha de hoy ya habrá presentado en Lima, Perú, el lunes 2 de noviembre en el seno de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, la Cepal dice que más de la tercera parte de los habitantes de América Latina viven en la pobreza, y eso significa que se trata de 167 millones de personas en esa situación, y que de ellos, 50 por ciento padece carencia extrema, o sea 84 millones. Es decir, por lo menos abarca 30 por ciento de la población de esta región. Uno de cada tres habitantes vive en esta condición, pero no se detiene allí la estimación, si se piensa en las desigualdades en el ingreso de los respectivos sectores de población, donde apenas una quinta parte, la más rica, percibe más de 40 por ciento del ingreso general, dejando muy atrás a las clases de ingresos medios (o clases medias) y bajos (o populares).
Para México, según la Cepal, las proporciones no son halagüeñas. A diferencia de lo ocurrido en países como Brasil, Argentina, Uruguay y, sobre todo, Bolivia, donde los ingresos de los sectores pobres crecieron en proporciones discretas en los últimos años, pero no dejaron de subir, en México estos indicadores no sólo se mantuvieron estables a la baja, sino que la pobreza aumentó, de acuerdo con mediciones del Inegi dadas a conocer más o menos recientemente, según las cuales subieron sus niveles.
La Cepal señaló que uno de los indicadores más objetivos del atraso o el avance económicos, que es el de los salarios, y entre ellos el mínimo, en México
se ha estancado por casi 20 años, llegando a ser uno de los más bajos de América Latina, tal como se ha señalado en diversas ocasiones por instituciones y académicos estudiosos de este fenómeno en nuestro país, donde incluso estamos por debajo de Haití, uno de los países innegablemente más pobres de la región y del mundo.
El hecho muy conocido de que sólo 300 familias de México concentran toda la riqueza, y con ello controlan la economía nacional, en un universo de más de 120 millones de habitantes, habla muy claramente de la descomunal desigualdad social, a lo que se agrega la falta de empleos formales, el aumento exponencial de los informales y la inexistencia real de una política de trabajos decentes, así como que las oportunidades de avance económico de la población se encuentran bloqueadas por una política que privilegia el beneficio de una minoría. Todo ello significa que el modelo de desarrollo de México se ha desgastado a fondo.
Si a ello se suman las calamidades de la inseguridad pública, es que nos encontramos en un cuadro que desfavorece el crecimiento de la economía popular y, con eso, el de la actividad productiva nacional, pues al no haber ingresos suficientes entre los más necesitados, la demanda de bienes y servicios se reduce y el mercado se restringe, provocando que el país no crezca.
Entre los muy privilegiados se encuentran, sin duda, algunos
miembros del sector empresarial, que hasta hoy confiados en su relativo
bienestar han hecho oídos sordos a las múltiples señales y voces que
indican que la distribución del ingreso es muy desigual e injusta en la
sociedad mexicana, las que a su vez son llamadas de atención hacia
previsibles estallidos de cólera social, una de cuyas consecuencias
habría de ser, de no detenerse este proceso destructivo, la fractura de
la economía.
Por eso es muy lamentable, y una cruel burla a los ciudadanos y a la
patria, que a uno de esos empresarios egoístas e insensibles, como
Alberto Bailleres González, del Grupo Peñoles y Palacio de Hierro,
algunos legisladores hayan impulsado su opción para recibir este año la
Medalla Belisario Domínguez, máxima presea que se otorga
a los ciudadanos más eminentes, la cual honra la memoria del senador chiapaneco asesinado el 7 de octubre de 1913 por denunciar y oponerse a la usurpación y a la dictadura de Victoriano Huerta.
Bailleres González se ha destacado como un perseguidor de
trabajadores que luchan por sus derechos e intereses de clase, y como un
represor de los esfuerzos de ellos por su dignidad, como lo muestra el
hecho de que haya promovido recientemente un recuento empresarial
simulado en la sección 64 del sindicato nacional de mineros, sito en
Torreón, Coahuila, donde con base en intimidaciones y amenazas contra
los trabajadores, violatorias de la ley y de la libertad de asociación, y
con la complicidad de autoridades laborales, impuso a seudolíderes a su
servicio, los cuales habrán de obedecer en adelante sus dictados
prepotentes, según este resultado que no es definitivo ni lo es para
siempre. Este es un claro caso de un empresario que tiene convertidos
sus centros de trabajo en verdaderos campos de concentración.
Esta misma persona se ha negado a que sus trabajadores obtengan mayor
educación, pues no supone que ello los hará mejores seres humanos, sino
que entonces
atentaráncontra la economía de su negocio. Un empresario, en fin, que permitió a sus sicarios reprimir el 10 de junio de 2009 una manifestación pacífica de mineros en Fresnillo, Zacatecas, de lo cual fue asesinado a tubazos en la cabeza el trabajador Juventino Flores Salas, de la sección 62 de dicha población, y varios más resultaron heridos, el cual es un crimen que se mantiene sin castigo para sus agresores tanto materiales como intelectuales.
El pueblo mexicano repudia la actuación con la que empresarios como
Bailleres González y otros han sumido a la economía nacional y a la
clase popular y trabajadora con el incremento de la pobreza y con
crímenes como el cometido contra Juventino Flores Salas. Es preciso que
se contengan las desigualdades sociales en México y el país se rija por
un verdadero estado de derecho, para lo cual es una burla sangrienta el
intento de otorgarle la Medalla Belisario Domínguez a ese personaje. Qué
mal está el país y qué degradación de un reconocimiento tan
trascendente cuando a los represores del pueblo los honran con estas
preseas.
