Ernesto Villanueva - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El imaginario colectivo ha responsabilizado a
Televisa de que el “apagón analógico” (la “muerte” de la televisión
como se ha conocido hasta hoy y la adopción de la televisión digital
como medio único para ver televisión abierta y para suscriptores) no se
vaya a realizar en la fecha prevista: el último día de diciembre de
2015. Pero existen otros elementos para explicar este fallido proceso de
transición. Veamos.
Primero. El artículo quinto transitorio, tercer párrafo, de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 dispone: “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015”. Se trata, pues, de un mandato constitucional con una fecha puntual. Esta fecha no ha sido la primera establecida para tal efecto, y podría no ser la última. En 2004, mediante un acuerdo entre el gobierno federal y los concesionarios de la radio y televisión, se estableció que el apagón analógico ocurriría, previsiblemente, en el año 2021. En 2010, sin embargo, un decreto presidencial programó la transición para el 31 de diciembre de 2015, y tres años más tarde esa fecha se incluyó en los artículos transitorios de la reforma constitucional comentada. Tanto antes como ahora ha sido evidente la dificultad para cumplir el apagón analógico. Y, de hecho, llama la atención que, para fijar el día para “bajar el switch” no se hayan encargado y difundido estudios de factibilidad. O, si se hicieron, estuvieron mal elaborados. Esto es grave porque hasta ahora se han destinado más de 30 mil millones de pesos a la entrega de adaptadores y televisores que supuestamente tendrían internet –lo que fue una mentira más del secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Segundo. La
ausencia de condiciones razonables para el apagón analógico implica
responsabilidad política y administrativa del presidente Enrique Peña
Nieto y de Ruiz Esparza, por dolo o, en el mejor de los casos, por
negligencia. Ambos hechos están previstos como causales de
responsabilidad administrativa, de acuerdo con el artículo 8, fracción I
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, y de responsabilidad política, por incumplir los
artículos 7, fracciones VI y VII de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, que regula el juicio político.
Además
podrían configurarse otros ilícitos o delitos. Los servidores públicos
federales tienen doble responsabilidad: a) Por presentar una iniciativa
de reforma constitucional sin estudios de factibilidad o mal elaborados,
y b) Por incumplir lo dispuesto en la reforma constitucional, lo que
cierra el círculo del desaseo político y administrativo. La
responsabilidad no sólo abarca al Poder Ejecutivo federal, sino también a
los diputados y senadores federales y diputados locales que aprobaron
sin el debido estudio la iniciativa presentada. Este hecho pone de
relieve la necesidad de introducir en la ley la figura de “la
responsabilidad de los legisladores”, para que no aprueben disposiciones
sin antes haber hecho un análisis ponderado de sus consecuencias.
Tercero. En la lógica del absurdo, los mismos senadores que en 2013
aprobaron la reforma constitucional y la fecha del apagón analógico,
ahora sostienen la postura contraria y hablan de una nueva reforma
constitucional para postergar la transición digital. Arguyen que “no hay
condiciones” para concretarla este diciembre. ¿Cómo pudo haber
condiciones en 2013 y no en 2015? El problema es un agravio al derecho a
la información de la sociedad, puesto que afecta a su posibilidad de
ver o no la televisión comercial y pública. A la fecha, el Canal 22 y el
11 están plenamente digitalizados y podrán hacer frente al apagón
analógico, pero casi ningún otro canal público se encuentra en esa
circunstancia. Por esta razón, el apagón significará, en los hechos, que
esos canales públicos desaparecerán de la pantalla.
Paralelamente, la reforma constitucional de 2013 dejó claro que no
debería haber partida presupuestal alguna para que esos canales
alcanzaran la digitalización de sus contenidos, dándole el tiro de
gracia a la televisión pública a lo largo y ancho del país. Mal y de
malas en este sector, donde la ocurrencia ganó la partida al estudio
racional.
