Héctor Tajonar - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- ¿Por qué es tan baja la calidad de la
democracia mexicana? ¿Cómo explicar que pese a los avances
institucionales México sea el país más insatisfecho con el desempeño de
su democracia y que ocupe el último lugar respecto a la precepción de
limpieza en los procesos electorales en toda Latinoamérica? ¿A qué se
debe que los partidos políticos en México estén peor evaluados que la
policía y que sólo el 17% de los ciudadanos se sientan representados por
los diputados y senadores surgidos del pluralismo que acabó con la
septuagenaria hegemonía del PRI? ¿Por qué con la democracia no
disminuyeron sino aumentaron la violencia y la corrupción?
La respuesta a estas interrogantes es múltiple y compleja, pero puede sintetizarse en la expresión surgida de la inteligencia e ingenio de Gabriel Zaid que da título a este texto. Estado de chueco es la más concisa y certera descripción de la realidad política nacional. La falta de un auténtico Estado de derecho merecedor de ese nombre es la mayor carencia de nuestro sistema de gobierno. Ahí se ubica el origen de la mediocridad de nuestra democracia y de muchos de los graves problemas que aquejan al país.
Sin Estado de derecho no hay democracia.
Este principio inamovible de la teoría democrática explica que a pesar
de la transición iniciada en 1997 México no haya superado un nivel de
primitivismo político y endeble moral pública en el cual la trampa y el
engaño, la arbitrariedad y la codicia, la corrupción y la barbarie
mantienen su primacía sobre la legalidad. En ese sentido somos todavía
una democracia de fachada, sólo que con un vestuario institucional más
sólido. Hemos pasado de un sistema autoritario a secas a un
autoritarismo electoral (Schedler). En este régimen híbrido y paradójico
conviven de manera abierta y complaciente el pluralismo, comicios
libres, mayores libertades políticas y una estructura institucional
formalmente democrática con una idiosincrasia y prácticas propias del
régimen despótico al que supuestamente se había sustituido. No desdeño
los indudables avances democráticos, enfatizo la futilidad y riesgos de
esa evolución si no va acompañada del gobierno de la ley y de una
cultura política de la legalidad.
Un Estado de derecho deformado
como el que tenemos pervierte el sustento normativo y el funcionamiento
de la democracia. Las consecuencias son nefastas. Mientras el instituto
electoral organiza los comicios, cuenta los votos y ofrece resultados
expeditos y precisos de la contienda, los partidos políticos violan
impunemente las leyes electorales, dilapidan los recursos que les otorga
el Estado y se exceden de los límites en los gastos de campaña
utilizando dinero a veces de procedencia ilícita. De una pluralidad
convertida en mercado podrido surgen gobernadores, presidentes
municipales, legisladores locales y federales con escasa o nula
representatividad de sus electores y dudosa vocación de servir el
interés de los ciudadanos por encima de los propios y los de sus
benefactores o socios, algunos de ellos vinculados al crimen organizado.
Parafraseando a Rousseau, en nuestra democracia “representativa” los
ciudadanos sólo elegimos a quien habrá de esquilmarnos.
Ayotzinapa es un caso emblemático de los niveles de barbarie a los que
puede conducir la connivencia entre las autoridades y el narcotráfico.
La ausencia de Estado de derecho es caldo de cultivo para el desarrollo
del crimen organizado y de su infiltración en los tres poderes y niveles
de gobierno. Como lo muestra la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera,
el poder corruptor del narcotráfico parece no tener límite y revela una
presunta colusión con altos mandos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong que la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)
pretende encubrir con el encarcelamiento de la excoordinadora general de
los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y del ex
director del Penal de El Altiplano. El ocultamiento del video con sonido
de la celda de El Chapo antes de su fuga, filtrado a una televisora,
exhibe en toda su ineptitud a un sistema de seguridad infectado por la
corrupción y el encubrimiento.
De acuerdo con el Índice de Paz
Mundial 2015, México es el segundo país más violento de América, sólo
superado por Colombia, y ocupa el lugar 144 entre 162 países medidos. La
violencia y el poder del crimen aumentan mientras se profundiza el
desplome del sistema de justicia. Asimismo, el Estado de chueco permite y
protege la corrupción a gran escala en la cima del poder político por
conflicto de interés, tráfico de influencias y abuso de autoridad, lo
cual ha causado hartazgo e indignación en una ciudadanía más politizada y
mejor informada a pesar del control de los medios ejercido a través de
la dirección de comunicación de la Presidencia.
Todo lo anterior
ocurre bajo el manto protector de una impunidad inconmovible. Democracia
fallida, violación de los derechos humanos, violencia e infiltración
crecientes del crimen organizado, corrupción avasallante y un sistema de
justicia colapsado, son algunos de los costos por la carencia de un
auténtico Estado de derecho en México. “Con toda razón, los ciudadanos
claman por un Estado de derecho que supere al Estado de chueco. Pero
¿cómo llegar a un Estado de derecho retrocediendo a donde ni siquiera
hay Estado?” –se pregunta Zaid.
En tanto no se imponga la
supremacía del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres,
se evite la arbitrariedad y discrecionalidad en el ejercicio del poder y
se garantice la igualdad de todas las personas ante la ley, la
gobernabilidad democrática estará en riesgo. Seguirá debilitándose la
capacidad del país de establecer y definir políticas y resolver sus
conflictos de manera pacífica dentro del orden jurídico vigente. Por
ello, en medio de la peor crisis de credibilidad y legitimidad de los
últimos 18 años, la construcción de un verdadero Estado de derecho es el
mayor y más urgente reto político que enfrenta la nación.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
