MÉXICO, D.F. (apro).- Más de la mitad de los 569 mil millones de
pesos que el gobierno federal destinó al gasto social en 2015 se
dispersó en una gran cantidad de programas y acciones mal diseñados o de
desempeño insuficiente, mientras 75 mil mdp fueron operados de manera
opaca, reveló el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales
(Indep) 2015, publicado hoy por la organización Gestión Social y
Cooperación (Gesoc).
Al presentar el informe ante un panel de legisladores y funcionarios, Alejandro González Arriola, director de la ONG, expuso que sólo 23 de los 161 programas de distintas secretarías del gobierno federal fueron manejados de manera correcta.
Además,
lamentó que este año, por primera vez desde 2009 –cuando Gesoc elaboró
el primer Indep–, “vimos un retroceso en la política social”.
“Observamos un incremento en el número de programas con un desempeño
insuficiente y una disminución de los programas que funcionan”, afirmó
González, al resaltar que 55 programas sociales fueron “reprobados en su
desempeño” en 2015, unos 22 más que un año antes.
Entre éstos
destacan el Programa de Vivienda Rural, Programa Integral de Desarrollo
Rural, Programa de Infraestructura Indígena, Pprograma de Abasto Rural a
cargo de Diconsa o el programa de Comedores Comunitarios.
Asimismo, 47 programas fueron bien diseñados y obtuvieron avances
“aceptables” en el cumplimiento de sus metas, pero no llegaron a cubrir
al menos a 65% de población potencialmente beneficiaria, por lo que
Gesoc considera que reflejan la “dispersión de la política social” del
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Se trata, por ejemplo, de los
programas de Apoyo Alimentario (PAL), de Fomento a la Agricultura y
Granadero (Proagro y Progan) o Hábitat. Al sumar los fondos atribuidos a
los 47 programas se obtiene un total de 108 mil 605 millones de pesos,
19.1% del gasto social.
Solamente 10 programas, entre ellos el
Seguro Popular o el de Pensión para Adultos Mayores, alcanzaron un nivel
de desempeño “óptimo” –11 menos que en 2014– y otros 13 –siete menos
que el años pasado– contaron con un “alto potencial” de desempeño; es
decir, fueron bien diseñados pero no contaron con el presupuesto
necesario para cubrir toda la población objetivo.
Prospera, el Programa de Vivienda Digna o el de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, recibieron esta calificación.
El nivel general de desempeño de los programas también empeoró: de
68.78 puntos promedio el año pasado –sobre un total de 100–, se redujo a
62.40 este año. Debajo de 60 puntos, el Gesoc considera que un programa
es de desempeño “escaso”.
“Este índice es el primero que
verdaderamente captura a esta administración. Por la lógica del índice,
pusimos datos del año previo (2014), que necesariamente refleja el
desempeño de un año antes (2013). Es decir, es el primer índice que
refleja el desempeño de la actual administración en la política social”,
insistió González.
La demoledora conclusión del informe planteó:
“El 85.7% (138 de los 161) de los programas sociales del gobierno
federal, que representan 55.7% del total del presupuesto asignado en
2015 a este sector, están bajo de una de dos condiciones: No se puede
estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien no tienen posibilidad
alguna de resolver el problema público que abordan debido a la
dispersión programática y presupuestal que presentan”.
González
resaltó que este esquema de eficiencia baja del gasto público se refleja
en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), ya que muchos de estos
programas forman parte de la estrategia de la administración de Peña
Nieto para combatir el escaso acceso a la alimentación.
“Caja negra”
El documentó exhibió que, bajo la administración de Peña Nieto, el
presupuesto dedicado a programas que operan bajo opacidad absoluta –y
que conforman la “caja negra” del gasto social– se disparó, al pasar de
41 mil 418 millones de pesos en 2014 a 75 mil 256 millones este año.
Esto es el caso de los más de 20 mil millones de pesos destinados al
programa de implementación de operativos para la prevención y disuasión
del delito, que dirige el comisionado de la Policía Federal (PF),
Enrique Francisco Galindo Ceballos.
También se ignora el
desempeño de los 6 mil millones del programa de productividad y
competitividad agroalimentaria, a cargo de Ricardo Aguilar Castillo
–actualmente funcionario en la Sagarpa–, quien fungió como secretario
del Trabajo durante la administración de Peña Nieto en el Estado de
México y además se desempeñó como expresidente del PRI en la entidad.
La Conagua y su titular Roberto Ramírez de la Parra –coordinador
jurídico de la Secretaría de Agua y Obra Pública durante la gubernatura
de Peña Nieto– maneja de manera discrecional cuatro programas sociales
–que involucran un total de 3 mil 443 millones de pesos–, mientras el
DIF nacional, a cargo de Laura Ibernia Vargas Carrillo –la esposa de
Miguel Ángel Osorio Chong–, tiene tres programas de desempeño
desconocido.
Alejandro del Mazo Maza, funcionario de la Semarnat,
diputado del PVEM e hijo de Alfredo del Mazo –exgobernador mexiquense y
primo de Peña Nieto–, dispone de tres programas sociales que no rinden
cuentas sobre su desempeño.
Del mismo modo, quienes manejan los
más de mil 365 millones de pesos dedicados a la gestión del deporte en
la Secretaría de Educación Pública (SEP) –a cargo de Alfredo Castillo
Cervantes, excomisionado de seguridad en Michoacán y exfuncionario del
Estado de México— no rinden cuentas sobre su desempeño.
Así opera
más de una cuarta parte de los programas con una vertiente social del
gobierno federal, que operan 13.2% del presupuesto asignado a la
política social, lamentó el informe, al subrayar que “debido a que
persisten graves problemas de opacidad, no existe razón por la cual un
solo peso deba ser asignado a este tipo de programas”.
“Son
puertas abiertas para el uso discrecional y arbitrario de fondos
públicos”, insistió González, al añadir que “hay intereses detrás de
cada presupuesto asignado”.
Pese a los repetidos señalamientos de
mal desempeño de la mayoría de los programas, cada año los diputados
federales aprueban su presupuesto.
En otras palabras, lamentó
González, los legisladores votan el proyecto de presupuesto que les
entrega la Secretaría de Hacienda sin conocer su contenido, debido a que
no existe una oficina legislativa encargada de estudiar los ingresos y
egresos de la Federación.
“El gasto que aprobamos en el
Legislativo no tiene ninguna relación con ninguna evaluación ni con
ningún indicador, y no me queda claro que Hacienda lo haga”, abundó
Vidal Llerenas, diputado de Morena, al precisar: “En materia de
seguridad por ejemplo, no sabemos si es mejor comprar armas que invertir
en inteligencia, que comprar aviones; los compramos pero no tenemos
ninguna claridad en lo que estamos haciendo”.
El “presupuesto
base cero” que el gobierno federal operará en el ejercicio fiscal 2016
prevé una reducción de 46 mil millones de pesos en el gasto social,
debido a la supresión de programas y la fusión de otros.
Sin
embargo, Gesoc observó que 25 de los 42 programas que operaron en 2015
con un nivel de desempeño “escaso” continuarán el próximo año: 20 no
sufrirán modificación alguna y otros cinco se fusionarán. La SHCP
mantendrá 23 de los 43 programas que conforman la “caja negra” del gasto
social, a los que adjudicará 56 mil 653 millones de pesos.
Los
programas de desempeño “óptimo”, por su parte, sufrirán de un recorte de
4 mil 788 millones de pesos, “a pesar de que la inversión en estos
programas resulta socialmente rentable”, señaló el informe.
Un
funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que asistió a
la presentación del reporte lamentó que el gobierno federal recortara
el presupuesto del programa de Pensión para Adultos Mayores en cerca de 3
mil millones de pesos.
“Con este recorte se dejará de atender a cerca de 794 mil adultos mayores”, advirtió.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
