Jesús Cantú - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde que se discutía la legislación
secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, los
especialistas advirtieron los riesgos que implicaba determinar la
preponderancia por sector y no por servicio. Sin embargo, la mayoría de
los legisladores (diputados y senadores) ignoraron las advertencias y no
únicamente dejaron pasar el proyecto en sus términos, sino que
agregaron una nueva cláusula en el artículo 9 transitorio para
permitirle a Televisa adquirir firmas de televisión restringida.
El resultado ha sido justo el que preveían en aquel momento los expertos: Televisa adquirió otras dos empresas de televisión de paga vía cable (Cablecom y Telecable); tiene poder sustancial en 2 mil 124 localidades; posee el 61.9% de los 16.1 millones de suscriptores de televisión restringida en el país y el índice de concentración de la televisión restringida más alto en Latinoamérica, casi el doble del de Chile. Lo peor es que dicho indicador de concentración ha crecido en 23% a partir de la aprobación de la legislación secundaria.
El
favoritismo hacia Televisa se hace más evidente cuando se revisan el
resto de los servicios de telecomunicaciones: en el de telefonía fija la
reducción del índice de concentración ha sido constante desde el primer
trimestre de 2013 (incluso antes de la aprobación de la reforma) hasta
el cuarto de 2014; lo mismo sucedió en el caso de telefonía móvil y
banda ancha. Así, el único servicio en el que crece la concentración es
en el de la televisión restringida.
Obviamente, entre las
consecuencias de esta gran concentración destaca el hecho de que el
margen del grupo televisa es de 40% en televisión por cable y de 48.1%
en la vía satélite, que contrasta con el 25% de Megacable, uno de los
principales competidores de Televisa, con el 15.1% de los suscriptores,
de acuerdo con un análisis desarrollado por Jorge Fernando Negrete,
Efrén Páez y Jorge Bravo.
Según otro estudio de los mismos
autores, lo anterior se traduce en una afectación al bienestar de los
consumidores, que tienen que soportar un incremento en los precios del
servicio: “Una vez más con base en cifras del IFT sobre tarifas de
servicios de telecomunicaciones, los precios del servicio de TV de paga
crecieron 2.5% entre febrero de 2013 y enero de 2015. Se trata de un
lapso de dos años sin que decrecieran las tarifas. El caso contrario
fueron los servicios de telefonía móvil (-16.7%), telefonía fija (-4.6%)
e internet (-0.8%) que en términos reales se ofrecieron más baratos a
los consumidores durante el mismo periodo”.
Las diferencias entre
el desarrollo de los distintos servicios claramente tiene que ver con
las resoluciones que ha tomado el órgano regulador: en los servicios de
telefonía fija, telefonía móvil y banda ancha le aplicó la definición de
actor preponderante y, en consecuencia, con dicha definición dictó una
serie de medidas que han permitido disminuir los índices de
concentración y abaratar el precio de los servicios.
En
contrapartida, en lo que respecta al servicio de televisión restringida,
cinco de los siete comisionados del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) resolvieron hace unos días que Grupo Televisa
no tiene poder sustancial y, por lo tanto, resguardaron los privilegios
del consorcio para seguir incrementando su participación en el mercado,
los precios de sus servicios, sus ganancias y obviamente su
concentración (Proceso 2031).
La decisión de los comisionados del
IFT consolidó de esa manera el proceso que inició el presidente Enrique
Peña Nieto con la iniciativa de ley que envió al Congreso el año pasado
–reforzada por los legisladores con la serie de enmiendas que
introdujeron–, y sobre el cual el órgano regulador emitió sentencia con
una resolución a todas luces insostenible.
El trato privilegiado a
Televisa únicamente puede interpretarse como el pago por los servicios
prestados de parte del grupo de comunicación para construir una opinión
pública que al final le permitió a Peña Nieto ganar la elección
presidencial en 2012, y ahora por su aporte a la magnificación del
discurso oficial, sobre todo en los momentos más difíciles, como el
actual.
Es muy sintomático que justo en una de las coyunturas más
críticas para el actual gobierno, particularmente por lo que hace a la
grave crisis de derechos humanos que se vive en el país –como han
certificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas en sus recientes visitas a México–, los noticiarios de Televisa
dediquen espacios privilegiados al secretario de la Defensa Nacional
para defender la actuación del Ejército, y al subsecretario de
Gobernación Roberto Campa para intentar desacreditar el informe de la
CIDH.
Así, mientras el gobierno se encarga de preservar los
privilegios y el poder preponderante de Televisa, el consorcio se ocupa
en incidir en la opinión pública para intentar restaurar la tan dañada
imagen del Ejecutivo federal… Un intercambio de favores sin que importen
las consecuencias que esto tiene para la ciudadanía y el país.
A
pesar de la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, la televisión sigue siendo el medio de comunicación con
mayor penetración en México, y seguramente mantendrá dicha posición por
algunos años más. De acuerdo con las cifras del IFT, también es evidente
que el número de suscriptores de la televisión de paga en México casi
se triplicó en los últimos ocho años, y de 2013 a 2014 creció en casi
9%; es decir, se trata de uno de los mercados con mayor crecimiento, lo
cual lo vuelve muy atractivo para Televisa y el gobierno.
Así, al
menos en este servicio los presuntos objetivos de la reforma
constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión
sucumbieron ante la voracidad del grupo Televisa y las necesidades del
gobierno de Peña Nieto.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
