La Jornada - Editorial
Los jefes de las
bancadas del Partido Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN) en la
Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz y Marko Cortés Mendoza,
respectivamente, expresaron propósitos de transparentar y fiscalizar las
cuentas del Poder Legislativo, el cual, como se sabe, recibe
presupuestos multimillonarios que son ejercidos en discrecionalidad y
opacidad casi totales.
Cabe recordar que las percepciones anuales de cada diputado federal,
sumadas las dietas y aguinaldos, más los seguros mencionados –con
cobertura parcial para familiares–, así como otros rubros como
ayuda para despensa, ascienden a casi 2 millones de pesos. Adicionalmente, el erario aporta los viáticos de los legisladores en sus salidas al extranjero, así como los sueldos y prestaciones de asesores, secretarias y choferes a su servicio. Muchas de esas prestaciones, como los seguros médicos y de vida, benefician también a los altos funcionarios de la Cámara de Diputados. Por añadidura, cada legislador recibe partidas de
asistencia legislativay de
asistencia ciudadanade las que puede disponer con total discrecionalidad.
La fiscalización y la transparencia en el manejo de los
recursos, ciertamente, resultan imperativo elemental para instituciones y
funcionarios públicos. Los órganos del Poder Legislativo no deben ser
la excepción, y es urgente adoptar mecanismos concretos para ejercer un
mínimo control sobre los miles de millones de pesos que ambas cámaras
cuestan al país. Sin embargo, tal propósito, de no ir acompañado de una
política de austeridad en las percepciones, prestaciones y gastos de
legisladores y funcionarios, deviene en un mero ejercicio de cinismo
institucional.
En efecto, los ingresos de los altos funcionarios y de los
representantes populares del país resultan desproporcionados en relación
con los ingresos medios de la población e incluso ofensivos si se
considera que el salario mínimo vigente apenas sobrepasa 2 mil pesos
mensuales. Las reformas propuestas por la Presidencia y aprobadas por el
Legislativo han exigido a la mayoría de la población severos
sacrificios económicos que no han tenido correspondencia alguna en las
cúpulas del poder, cuyos integrantes siguen dándose un tren de vida
injustificable y dispendioso.
Pero además, si los elevadísimos gastos de los tres poderes y de los
organismos autónomos resultan injustificables en cualquier
circunstancia, tanto más lo son en el escenario de dificultades
económicas mayúsculas que el país enfrenta, y que de acuerdo con todos
los pronósticos se agudizarán el año próximo. La transparencia, en suma,
es obligada, y la austeridad es inaplazable.