Gloria Leticia Díaz - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Horas antes de que el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del presidente
Enrique Peña Nieto, entregara a la Cámara de Diputados su tercer
informe de gobierno, padres de familia de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos hace casi un año afirmaron que en esta
administración la “impunidad incubada por décadas adquirió carta de
naturalización”.
Reunidos en el Monumento a la Revolución, los familiares de los estudiantes se congregaron para dar a conocer el “Contra-Informe de gobierno”. En él, abordan los problemas de los sectores más vulnerables del país, así como las consecuencias de la política económica, social y educativa, así como la dirigida a las poblaciones indígenas y campesinas.
De acuerdo con los padres de familia, el tercer año de gobierno de
Peña Nieto se distinguió por “ejecuciones extrajudiciales, persecución y
encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones forzadas”. De ahí
que el mandatario “ha conducido al país a una de las mayores crisis de
las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza
para todo el mundo”.
El documento, firmado por el Comité de padres y madres de familia de
los normalistas de Ayotzinapa, la Asamblea Popular y la Convención
Nacional Popular, fue leído por el vocero del movimiento guerrerense,
Felipe de la Cruz Salgado, ante decenas de periodistas congregados y
algunos simpatizantes.
Los denunciantes consideraron el ataque contra los normalistas como
“la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente
del país, que sintetiza la descomposición del Estado y pone al
descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades y
funcionarios políticos”. Luego, hicieron un recuento de hechos que han
marcado el último año de gobierno.
En la lista incluyeron el escándalo de la “Casa Blanca” y la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán,
como “los signos característicos de su gobierno”. A estos hechos
sumaron “los multihomicidios de Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán,
Calera y la colonia Narvarte, en el Distrito Federal”.
Los firmantes del escrito hicieron una lista de nueve puntos
encabezados por la exigencia de la presentación con vida de los 43
estudiantes desaparecidos y el castigo a los culpables. Le siguieron la
libertad a los presos políticos, el cumplimiento de las recomendaciones
del relator de la ONU sobre el tema de la tortura y del grupo de trabajo
de la Comisión Interamericana sobre el tema de las desapariciones
forzadas, así como la abrogación de las reformas estructurales.
En entrevista, Melitón Ortega, representante y padre de uno de los
jóvenes desaparecidos, sostuvo que a casi un año de los hechos, Peña
Nieto no ha cumplido el compromiso que les hizo en noviembre, cuando se
reunieron con él en Los Pinos.
“Seguimos sin tener respuesta positiva de los estudiantes, con lo que
dijo de que iba a haber castigo para responsables de esos hechos”,
añadió Melitón. Luego, exigió al gobierno federal “seguir las
recomendaciones que habrá en los próximos días por parte del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tienen que ser
cumplidas y ejecutadas tal cual”.
El representante de los padres de familia resaltó que desde que el
exprocurador Jesús Murillo Karam dio su “verdad histórica”, las acciones
de búsqueda se suspendieron, así como todas las reuniones informativas
para dar seguimiento a la investigación.
“No hay nada de contacto (con el gobierno), a lo mejor lo que están
pensando es que ahí está la ‘verdad histórica’ y ya no hay nada qué
hacer. A raíz de eso viene ese olvido, piensan que ya para qué si está
resuelto”, dijo Ortega. Enseguida, exigió al gobierno de Peña Nieto
atender las recomendaciones del GIEI así como ampliar el tiempo de su
mandato.
