MÉXICO, D.F. (apro).- El caso de Ayotzinapa es más que un dolor de
muelas para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos lo comparan con
la matanza de 1968 que marcó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por
ordenar la represión de los estudiantes en Tlatelolco.
La comparación, sin embargo, no es válida pues a diferencia de esta última, en la que participó el Ejército y la policía, en el caso de los estudiantes de la Normal Superior de Guerrero, la desaparición forzada fue una acción concertada entre distintos actores de gobierno y el crimen organizado, dejando a la luz pública lo que no se quiere reconocer en los niveles más altos del gobierno mexicano: el surgimiento del Narco Estado.
A punto de cumplirse un año de la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
“Raúl Isidro Burgos”, lo que más les cuesta creer a los distintos
actores políticos y representantes del gobierno federal es que el Narco
Estado o el cogobierno del crimen organizado en México ya es una
realidad.
Los casos de Guerrero y Michoacán son los ejemplos más
claros de la fusión del poder político con el de las bandas del crimen
organizado y de cómo este último ha avanzado hasta llegar a controlar
zonas del territorio nacional donde no hay otra ley que la voluntad del
jefe de la plaza que puede ser el gobernador o el jefe de la policía.
En estas dos entidades hay revelaciones de los grupos criminales que
afirman haber entregado a los gobernadores en turno grandes cantidades
de dinero para que ganaran las elecciones hace cuatro años.
Sidronio Casarrubias, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, reveló
hace tiempo que la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero fue
financiada por la familia Pineda Villa, de la cual era parte María de
los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala y operadora de
ese mismo grupo criminal.
Por su parte, Servando Gómez La Tuta aseguró que Los Caballeros Templarios hicieron
una campaña de inhibición con gente armada en contra de los otros
candidatos del PAN y del PRD, así como haber entregado 300 millones
pesos a Jesús Reyna para que ganara el priista Fausto Vallejo.
Tanto en Michoacán como en Guerrero se perfiló con claridad la
existencia del Narco Estado con sus respectivas características
similares:
El control de territorio por parte de los grupos
criminales; la imposición de jefes policiacos a la voluntad del crimen
organizado; la corrupción de las autoridades civiles y militares; el
cogobierno; la economía local en manos de industria criminal; el cobro
de impuestos como el derecho de piso y la instauración del terror como
principal instrumento de control y dominio social.
A un año de
la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala,
el presidente Enrique Peña Nieto no tiene una investigación profunda,
seria y creíble. Lo único claro es que detrás de todo está la
manifestación poderosa del Narco Estado como la forma de gobierno en
Guerrero.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
