MÉXICO, D.F. (Proceso).- El presidencialismo mexicano ha cobrado
nuevos bríos en este gobierno, a pesar de la baja popularidad de quien
hoy ostenta la titularidad del Ejecutivo. Se ha restaurado la
preeminencia de éste sobre los otros dos poderes, con el exceso y
arbitrariedad en el uso de sus facultades propio del sistema de partido
hegemónico del siglo pasado. Ello no es una buena noticia para nuestra
endeble democracia, tampoco para el imperio de la ley o la
gobernabilidad.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso
que, por disposición de las normas, el poder frene al poder”, escribe
Montesquieu en consciente de que el gobernante tiende a abusar del poder
hasta donde encuentra límites. Desde entonces la división de poderes es
requisito indispensable de toda constitución democrática. Sin embargo,
influidos por las ideas de Emilio Rabasa 1912), los constituyentes del
17 asentaron la preponderancia del presidente al llamarlo depositario
del “Supremo Poder Ejecutivo”. Además, el artículo 108 le otorga
inmunidad: “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos
graves del orden común”, lo que es contrario al pensamiento de
Montesquieu, quien sostenía que “la ley debe ser como la muerte, no
exceptúa a nadie”.
El abuso del poder presidencial es causa de una
de las enfermedades que corroe al sistema de justicia en México: la
supeditación del derecho al dominio del mandatario en turno. Dos casos
paradigmáticos que han marcado a la presente administración
ejemplifican, con oprobio, la vigencia de una justicia sometida.
El
derrumbe de la “verdad histórica” presentada por la Procuraduría
General de la República sobre la irresuelta tragedia de Iguala y la
investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública sobre el
conflicto de interés relacionado con las “casas turbias” son dos
evidencias del sometimiento de la justica a los dictados del señor
presidente. Ambas investigaciones fueron realizadas por instituciones
dependientes del Ejecutivo con la intención de ocultar la verdad acerca
de acontecimientos que afectan intereses de la élite gubernamental. El
propósito de las amañadas pesquisas no era la búsqueda de la verdad
legal, sino su encubrimiento. Es claro que ni Jesús Murillo Karam ni
Virgilio Andrade actuaron con independencia sino por consigna. Sus
investigaciones estuvieron orientadas y acotadas por razones
extrajurídicas provenientes del Ejecutivo.
El informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refuta los ejes fundamentales
de la investigación de la PGR:
1. Los estudiantes de Ayotzinapa no
fueron cremados en un basurero de Cocula. 2. En el lugar de los hechos
estuvieron presentes y participaron miembros de la Policía Federal y del
Ejército, incluidos agentes de inteligencia militar. Ello había sido
negado por la PGR, así como por el secretario de la Defensa. 3. La
Sedena no permitió que los integrantes del 27 Batallón de Infantería,
asignado a Iguala y sus alrededores, fueran interrogados por los
expertos de la CIDH. 4. Los supuestos miembros del grupo criminal
Guerreros Unidos confesaron bajo tortura el asesinato e incineración de
los estudiantes. 5. No sólo fueron cinco muertos, 43 desaparecidos y 22
heridos en los ataques, como se ha dicho oficialmente. La investigación
del GIEI asienta que fueron 180 las “víctimas directas en violaciones a
los derechos humanos” en los ataques de la noche del 26 de septiembre,
en Iguala; la mayoría jóvenes y menores de edad. 6. El informe señala
que esa noche y en la madrugada del día siguiente los estudiantes
sufrieron nueve ataques distintos, lo que implica que debieron ser
coordinados y organizados por algún individuo o grupo aún no
identificado. 7. El centro que concentra las comunicaciones de policías
estatales, municipales y del gobierno federal, conocido como C4,
interrumpió su funcionamiento “a ciertas horas” –especialmente las que
siguieron a la detención y desaparición de los estudiantes– “porque la
comunicación está intervenida por la Sedena”, afirma el documento
elaborado por el GIEI. 8. No fueron cuatro, como lo aseguró la PGR, sino
cinco los camiones utilizados por los estudiantes de Ayotzinapa. No se
ha resuelto la función de ese quinto autobús, probablemente relacionado
con el tráfico de heroína a los Estados Unidos. “Podría ser un elemento
clave para explicar los hechos”, señalan los expertos de la CIDH.
Como
se ha documentado con amplitud, la investigación que exoneró al
presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda de haber incurrido
en conflicto de interés al haberse beneficiado del trato preferencial de
Grupo Higa, que ha recibido contratos multimillonarios del actual
gobierno federal y de la anterior administración mexiquense, carece de
verosimilitud desde su origen.
A partir de la reforma
constitucional de 1900 que separó al procurador general de la República
de la Suprema Corte de Justicia para situarlo bajo la autoridad del
presidente de la República, el titular del Ejecutivo federal funge como
jefe del Ministerio Público Federal (Héctor Fix Zamudio, El Ejecutivo
Federal y el Poder Judicial, IIJ UNAM). Ello implica que el mandatario
en turno tiene la última palabra en asuntos de procuración de justicia
delicados y trascendentes políticamente, sea por involucrar a
instituciones (como las Fuerzas Armadas) o a individuos (gobernadores,
secretarios de Estado o el propio mandatario y su familia).
Fieles
seguidores de Carl Schmidt (“la ley deriva y está sujeta al poder”),
los presidentes mexicanos han abusado de sus poderes legales y
metaconstitucionales ejerciendo una discrecionalidad sin límites para
determinar el sentido de investigaciones sobre violaciones a derechos
humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo), así como los
innumerables casos de corrupción patentes como el sol del mediodía que,
tapados con el dedo del señor presidente, quedan impunes (OHL, por
ejemplo); a menos, claro, que por decisión del jefe máximo deban ir a
prisión, independientemente de la solidez del proceso penal contra el
inculpado.
Una justicia capturada por el poder político no es
justicia. El fracaso del combate a la corrupción y el escandaloso nivel
de impunidad en el país son consecuencia de la (in)justicia
presidencialista. Sin una auténtica autonomía de las instituciones del
ramo –actuales y futuras– ni el estado de derecho ni la gobernabilidad
democrática son viables.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
