MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales alertaron sobre la
inoperancia de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, y
aseguraron que a casi cinco meses de su entrada en vigor carece de una
reglamentación y de presupuesto para operar.
En conferencia de prensa, en la que anunciaron la creación del Frente Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, representantes de algunas de las 67 organizaciones advirtieron del riesgo de que dicha ley se convierta en “letra muerta”, a pesar de las condiciones de pobreza en las que se encuentran 21 millones de menores, de los cuales 4.7 millones viven en pobreza extrema.
Recordaron que desde que la ley fue aprobada, en noviembre del año
pasado, una de las críticas fue que nació sin recursos públicos, por lo
que exhortaron a los legisladores que en el diseño del próximo
presupuesto se considere la Ley General y se dote de fondos la operación
del Sistema Nacional de Protección Integral.
Al anunciar la creación del Frente, Alejandro Poiré, de Save the
Children, admitió que a pesar de que la Ley General de Derechos de la
Niñas, Niños y Adolescentes no responde en su totalidad a los estándares
internacionales, fue el resultado “de un gran esfuerzo” de
organizaciones sociales para modificar el proyecto original de Peña
Nieto, que no se acercaba siquiera a lo que al final aprobó el Senado de
la República.
Puntualizó que legalmente el gobierno de Peña Nieto estaría obligado a
presentar la reglamentación de la ley en junio próximo, documento que
se le encomendó a la Secretaría de Gobernación (Segob), pero del que
hasta ahora no se tiene información de avances.
A unos días de que venza el plazo, Poiré señaló que en una reunión
que sostuvieron miembros de organizaciones sociales con el nuevo titular
de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa,
“dijo que va a haber consultas”, por lo que consideró que se corre el
riesgo de aprobar un reglamento inoperante sólo por acatar los tiempos
legislativos.
Gabriela Escobar, de la Fundación Junto con las Niñas y los Niños
(Juconi), destacó que en junio próximo también vence el plazo para que
los Congresos locales homologuen sus leyes a la nueva Ley General, pero
sólo lo han hecho los diputados de Durango, Colima, Zacatecas y Baja
California.
Por su parte, Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia
(Redim), sostuvo que dichas legislaciones “no cumplen con los
estándares internacionales, ni siquiera con el piso mínimo que establece
la Ley General. Se ve que sólo hicieron un ejercicio de copiar y pegar,
porque incluyeron en la legislación local atribuciones que corresponden
a la Federación, es decir, no hicieron el proceso de revisión y
adaptación de la legislación a su realidad”, dijo.
Gabriela Morales y Sair Pinilla, del Centro Fray Matías de Córdova y
Aldeas Infantiles SOS, respectivamente, ofrecieron algunos datos que
ilustran la situación crítica por la que atraviesa la niñez en México.
Tras señalar que de los 39.1 millones de mexicanos menores de 17
años, 54% viven en pobreza, destacaron que 30% de los adolescentes no
cuentan con servicios de salud y en esa misma proporción jóvenes de
entre 15 y 17 años no van a la escuela, en tanto que 5.4% de las niñas
de ese rango de edad fueron madres, y de ellas el 90% están fuera del
sistema educativo.
El drama del abandono institucional a la infancia y la niñez,
apuntaron, se refleja en que cerca de 3 millones de niños de entre 5 y
17 años de edad trabajan, mientras que de los 2 millones de jornaleros
agrícolas migrantes, 39.1% son personas menores de 18 años, de acuerdo
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Respecto de la movilidad humana, resaltaron que el Instituto Nacional
de Migración (INM) reportó 16 mil 971 niños repatriados de Estados
Unidos, de los cuales 13 mil 864 de entre 12 y 17 años, y 214 menores de
11 años, viajaban solos.
Los activistas insistieron que ante el escenario preocupante por el
que atraviesan los infantes en México, decidieron conformar el Frente
Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para
vigilar que se instrumenten de manera correcta la Ley General y el
Sistema Nacional de Protección Integral, y se modifique el actual modelo
asistencialista y tutelar por uno de reconocimiento de los menores como
sujetos de derechos.
