MÉXICO, D.F. (apro).- En marzo de 2006, el mismo día que el Senado de
la República discutió la Ley Televisa en medio de presiones infames, la
directora del Instituto Mexicano de la Radio, Dolores Béistegui,
promovió una protesta conmovedora: todas las estaciones del IMER
transmitieron ese día una misma melodía.
Esa era la ilustración auditiva que resumía la importancia de rechazar una ley de ese tipo: la pretensión de uniformidad, de homogenizar los contenidos en medios masivos en función de los intereses de un monopolio mediático o de un monopolio político que, en México, están fusionados.
La Ley Televisa fue aprobada, a pesar de argumentos en contra,
protestas y escándalo internacional. La Suprema Corte la desechó un año
después, en 2007, porque contenía justamente lo que la protesta del IMER
ilustró: el derecho a la información veraz, plural, se contrapone a la
uniformidad, a la ley del más fuerte.
Al escuchar la radio matutina en este mes de ausencia de Carmen
Aristegui y de su equipo en la primera emisión de MVS Radio, recordé
aquella protesta del IMER y la valentía de Beistegui frente al innegable
descontento del gobierno de Vicente Fox y la incomodidad de la mayoría
de los concesionarios, alineados con los intereses de Televisa.
A nueve años de aquella ley, en la radio comercial mexicana existen
muchos noticieros, pero la diversidad de enfoques y contenidos es poca.
Tal parece que todos tocan la misma “tonada”, la que quieren desde
alguna oficina de un pequeño Hitler, que sueña con el control total,
vana y peligrosa pretensión, pero más ofensiva por el silencio que
domina en el espectro.
La ausencia del noticiario de Aristegui se siente más por el
silenciamiento de asuntos fundamentales de interés público que sólo se
leen en algunos medios impresos, en las redes sociales (a las cuales
sólo accede menos de 30% de la población) o en comentarios de boca en
boca.
No se profundiza sobre la presunta ejecución forzada de 16 personas
el 6 de enero de 2015 en Apatzingán; se ignoraron los siete meses de la
tragedia de Iguala y la inminente liberación de María de los Ángeles
Pineda; las casas de Osorio Chong quedaron en el baúl de un desmentido
que no desmiente nada; el discurso de Jorge Ramos en la ceremonia de
premiación de la revista Time no fue analizado y menos reproducido; la
narcoviolencia en Tamaulipas es minimizada con discursos triunfalistas, y
muchos otros asuntos que no son cómodos para la agenda informativa
oficial quedan en la mordaza.
Los concesionarios danzan entre el circo y el talk show de las
campañas, las entrevistas cómodas y los mensajes inductivos de “nos irá
bien aunque la economía ahora esté mal”.
Algunos casos de colegas periodistas y analistas llaman más la
atención por la ausencia de resortes de indignación en el gremio de
quienes nos dedicamos al oficio de informar.
¿Por qué prevalecen las pequeñas y grandes mezquindades en este
escenario de silenciamiento? ¿Por qué no entendemos –como lo entendieron
en Francia con el ataque a la revista Charlie Hebdo o en Estados Unidos
ante cualquier caso de censura– que la agresión a un equipo informativo
se combate no sólo por afinidad o amistad, sino por el más elemental
sentido de advertencia y de indignación? ¿Acaso quienes tan
acuciosamente minimizan la importancia del litigio entre MVS y Aristegui
no vivieron también experiencias de expulsión en otros medios?
A más de un mes del silenciamiento muchos radioescuchas observan con preocupación lo siguiente:
1. Se confirma la metáfora del IMER todas las mañanas cuando no
existe un espacio crítico, de calidad informativa, que ocupe el espacio
que dejó vacío la primera emisión de Aristegui en MVS.
2. La empresa sigue respondiendo como el implacable capataz que
castiga a alguien sin convencer que el tamaño de la sanción es
equivalente a la presunta violación. En la versión oficial del
rompimiento, MVS no dice que Aristegui mintiera, calumniara o hiciera
mal su trabajo. Mucho menos que no tuviera audiencia. Simplemente que
violó “la marca” y no se quiso sujetar a unos lineamientos editoriales
que alteraban el contrato de sociedad que existía entre ambos y que
garantizaba justo lo que ahora no se quiere en la mayoría de los medios
electrónicos concesionados: la autonomía editorial del periodista.
3. Lo ideal era una composición donde funcionara el árbitro, José
Woldenberg, elegido por ambas partes en un contrato, o el ombudsman de
MVS, Gabriel Sosa Plata, quien realizó observaciones muy puntuales que
nadie de la empresa rebatió. Simplemente decidieron ignorarlos. Al
hacerlo, mandaron un duro mensaje a sus audiencias y a sus propios
trabajadores. Bajo el dictado de la ley del más fuerte, sólo existe una
posibilidad: acatar y callar. La pregunta es: ¿Quién impone la “ley del
más fuerte en este caso? ¿Es la empresa, el gobierno o un conjunto de
intereses alineados?
4. Como en el caso de la Ley Televisa, el diferendo entre Aristegui y
MVS no se resolverá por la vía de la conciliación sino de los
tribunales. Es un largo camino que presagia una solución nada clara.
Aquí no se trata de modificar una contrarreforma legislativa, sino el
estado prevaleciente de uso y abuso de las concesiones en perjuicio del
derecho a la información y el derecho a las audiencias.
Suena muy abstracto, pero cuando uno enciende la radio en las
mañanas, todos los días, confirma que cada día el silenciamiento tiene
un objetivo: mandar un nefasto mensaje de ley mordaza.
