MÉXICO, D.F. (apro).- El director de Human Rights Watch (HRW) para
las Américas, José Manuel Vivanco, emplazó a Arely Gómez, titular de la
PGR, a dar a conocer los nombres de las “30 mil personas cuyo paradero
se desconocía y han sido halladas, así como de las 22 mil que continúan
extraviadas, según cifras gubernamentales basadas en información
recogida por las procuradurías de justicia”.
En vísperas de que Gómez cumpla dos meses al frente de la PGR, el
defensor urgió también a la funcionaria federal a concluir las
investigaciones de las ejecuciones en Tlatlaya y la desaparición de
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, “dos gravísimas atrocidades que
ocuparon los titulares de los medios de comunicación en el mundo”.
Asimismo, José Miguel Vivanco hizo un llamado a Arely Gómez a
“impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todos
los casos de presuntas desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y
torturas, y asegurar que las víctimas, sus familiares y el público en
general tengan el mayor acceso que permita la ley a los avances en esas
investigaciones, y garantizar que los perpetradores de abusos sean
llevados a la justicia”.
En una carta dirigida a Gómez González fechada en la sede de HRW en
Washington, Vivanco hace un recuento de algunos de los tropiezos de la
PGR para abordar casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas, como los mencionados, que “no se trata de incidentes aislados
sino que reflejan un patrón mucho más generalizado de abusos”
documentados por la propia HRW y otras organizaciones en los últimos
años.
En la misiva recuerda que en sus primeras declaraciones como
procuradora Arely Gómez “se comprometió a trabajar en protocolos de
investigación de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales,
así como en continuar investigando la desaparición de los estudiantes en
Iguala y el caso de Tlatlaya”, además de hacer “hincapié en el problema
de la tortura del país”.
Tras advertir a la funcionaria que “para que México pueda superar la
crisis de derechos humanos que atraviesa actualmente es indispensable
que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas”, el director
de HRW para las Américas apunta que “la inadecuada respuesta de la PGR
ante casos de desapariciones se hizo evidente con la desaparición de los
43 estudiantes en Iguala”.
El activista cuestiona que hasta ahora el gobierno de Enrique Peña
Nieto no haya informado cuántas de las 22 mil personas desaparecidas o
extraviadas desde 2006, reconocidas en agosto de 2014, sean casos de
presuntas desapariciones forzadas.
Al resaltar que en 2013 HRW presentó un informe que documenta 250
casos de desapariciones, 149 de ellos identificados como desapariciones
forzadas, Vivanco retoma que la Comisión Nacional de los Derecho Humanos
(CNDH) ha emitido 13 recomendaciones sobre desapariciones forzadas y
que tiene “evidencias de la probable participación de agentes del Estado
en otros 600 casos” registrados desde 2006.
De los “resultados sumamente limitados” del gobierno federal para
abordar las desapariciones, Vivanco hace referencia al acuerdo de la PGR
y la Secretaría de Gobernación (Segob) con el Comité Internacional de
la Cruz Ruja (CICR) para crear una base de datos de personas
desaparecidas y no identificadas, sistema que hasta agosto de 2014 “no
estaba funcionando bien”.
El defensor también destaca en la carta los resultados de la Unidad
Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que hasta enero de
2015 tenía 435 expedientes de búsqueda, que equivalen a 621 personas, de
las que “solamente había encontrado a 102 personas que habían sido
denunciadas como desaparecidas o extraviadas”, 72 de ellas con vida y 30
fallecidas.
De la actuación de la Unidad, Vivanco critica que desde su creación
en junio de 2013 “no había logrado ninguna condena por desapariciones
desde 2007”.
En cuanto al tratamiento que la PGR ha dado a casos de ejecuciones
extrajudiciales, como el de Tlatlaya y el de Apatzingán, Michoacán,
agrega que “no ha sido mejor” que en el de los desaparecidos de Iguala.
Del primer caso, Vivanco resalta que mientras la recomendación de la
CNDH identificó que de las 22 personas que murieron en el operativo
militar sólo 12 habían sido ejecutadas por soldados, por este caso
únicamente fueron consignados ante la PGR siete elementos y un teniente
por la muerte de ocho personas, en tanto que “la investigación aún no ha
identificado a todos los militares implicados en el encubrimiento”.
Sobre la presunta ejecución en enero de este año de 16 personas en
Apatzingán, operativo atribuido a agentes de la Policía Federal (PF), el
defensor lamenta que haya sido hasta el 18 de abril que la Comisión
Nacional de Seguridad haya dado parte a la PGR del “uso excesivo de la
fuerza o abuso de autoridad” de sus subalternos, y que hasta el lunes 20
el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, haya solicitado a la
procuradora Gómez que abriera la investigación.
En su carta, Vivanco retoma las conclusiones del relator especial de
la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, y señala que al igual que en los
casos de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales,
“la regla es que las torturas queden impunes. El gobierno ha informado
sobre apenas cinco condenas por tortura entre 2005 y 2013”.
El activista añade en la misiva que el caso Tlatlaya es también un
ejemplo de la generalización de esa práctica, tal como lo indica Méndez,
ya que las tres sobrevivientes de la matanza fueron víctimas de tortura
por parte de policías del Estado de México “para obligarlas a que
confesaran tener vínculos con personas asesinadas en los incidentes, y a
declarar que los militares no eran responsable de las muertes”.
Luego reprueba que hasta ahora “la Procuraduría General del Estado de
México no ha consignado a ninguno de los funcionarios involucrados en
las torturas inflingidas a las testigos, y ninguna de las víctimas ni
sus familiares ha recibido un resarcimiento por lo abusos sufridos”,
según información recibida por HRW.
Frente a ese escenario, Vivanco recomienda a Arely Gómez dar a
conocer los nombres de las “30 mil personas cuyo paradero se desconocía y
han sido halladas, así como de las 22 mil que continúan extraviadas,
según cifras gubernamentales basadas en información recogida por las
procuradurías de Justicia”.
Asimismo, que garantice que la Unidad Especial de la PGR y que otros
agentes del MP “tengan los recursos y el personal que necesitan, y que
los investigadores reciban cooperación plena y activa de todas las
instituciones federales y de los estados”, así como acelerar la
implementación de bases de datos “ante mortem/post mortem que podrían
aportar información clave para que los agentes del Ministerio Público
impulsen investigaciones penales”,
El director de HRW también pide a Gómez González “permitir que
expertos independientes involucrados en la investigación de las
desapariciones en Iguala, y en cualquier otro caso en el que se requiera
su intervención, realicen su labor sin interferencias indebidas”.
Después de exhortar a que la dependencia a su cargo colabore con
organismos internacionales de derechos humanos, de manera particular
solicita que brinde apoyo a los expertos designados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para evaluar las políticas
públicas con las que México espera abordar la desapariciones forzadas y
en especial la solidez de la investigación sobre la desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa”.
