MÉXICO, D.F. (Proceso).- Algo que celebrar, algo que
lamentar. Algo que aplaudir, algo que criticar. Así hay que evaluar el
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Un paso hacia adelante, pero un
paso muy pequeño. Un movimiento en la dirección correcta, pero no la
sacudida que el país quería y necesitaba. Insuficiente para lidiar con
el pesado fardo
que la corrupción nos coloca. Un país donde en 2014 se registraron 200 millones de actos de corrupción. Un país que ocupa el lugar 77 de 99 países en materia de sobornos, según el World Justice Project. Donde la corrupción cuesta 1.4 mil millones de pesos al año. Donde cada semana surge otro síntoma de la podredumbre. La Casa Blanca. La Línea 12. La Casa en Malinalco. La Estela de Luz. La licitación del tren México-Querétaro.
que la corrupción nos coloca. Un país donde en 2014 se registraron 200 millones de actos de corrupción. Un país que ocupa el lugar 77 de 99 países en materia de sobornos, según el World Justice Project. Donde la corrupción cuesta 1.4 mil millones de pesos al año. Donde cada semana surge otro síntoma de la podredumbre. La Casa Blanca. La Línea 12. La Casa en Malinalco. La Estela de Luz. La licitación del tren México-Querétaro.
Actos cotidianos de corrupción que involucran a la
policía, a los legisladores, a los contratistas, a los gobernadores, a
los empresarios que prestan aviones, a los que reciben “moches” y
ofrecen “mordidas”. Actos que rara vez son investigados o sancionados y
que llevan a México a ocupar el lugar 58 de 59 países miembros de la ONU
en materia de impunidad. En un sitio similar a Filipinas, Colombia,
Turquía y la Federación Rusa. Un sitio en el cual –como dice José
Merino– la transición democrática dejó sin tocar cosas relevantes que
atañen a la corrupción. Dejó intacto un andamiaje institucional que no
atacaba la corrupción. La permitía. La solapaba. La promovía.
Entre lo positivo está la construcción de un nuevo sistema
de cooperación entre diversas entidades encargadas de combatir la
corrupción. Entre lo loable está el fortalecimiento de las funciones de
la Auditoría Superior de la Federación. Entre lo aplaudible está que la
ASF puede revisar en qué gastan los gobiernos estatales y municipales,
así como hacer auditorías en tiempo real. Particulares involucrados en
actos de corrupción podrán ser sancionados e inhabilitados. El
secretario de la Función Pública tendrá que ser ratificado por el Senado
y no sólo según el libre albedrío del presidente, como fue el caso de
Virgilio Andrade.
Pero para que el nuevo andamiaje funcione hará falta
voluntad política. Hará falta tiempo y dicen que el sistema no entrará
en función plena sino hasta 2018. Hará falta la captura de algunos peces
gordos y muchos charales. Hará falta –como ha argumentado Luis Carlos
Ugalde– que el Congreso ejerza su papel de contrapeso en lugar de
comportarse como cómplice. Con demasiada frecuencia, en la era de la
transición democrática, el Congreso se ha vuelto uno de los peores
culpables de la corrupción. Con los pagos irregulares a legisladores.
Con las “subvenciones” a los grupos parlamentarios. Con prácticas
administrativas opacas y discrecionales. Con la etiquetación de partidas
del presupuesto que desencadenaron la práctica de los “moches”. Y es
ese Congreso el que tendrá que vigilar y vigilarse a sí mismo, castigar y
castigarse a sí mismo, combatir la corrupción, incluso la que emana de
sus propias curules.
Una misión imposible desde el momento en el cual las
bancadas del PRI y del PVEM votaron en contra de la eliminación del
fuero. Una tarea incumplible desde el momento en el cual la mancuerna de
dos partidos parecidos votaron en contra de la posibilidad de que el
Presidente fuera procesado por actos de corrupción. Peor aún cuando se
negaron a incorporar la obligatoriedad de hacer públicas las
declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. Y
con esas tres acciones convirtieron al Sistema Nacional Anticorrupción
en el Sistema Nacional Para la Protección. Protección para fortunas
acumuladas desde el poder público, desde el gabinete, desde los
partidos, desde las presidencias municipales. Allí quedó ese corredor de
impunidad que va desde la Colina del Perro hasta la Casa Blanca. Allí
queda el presidente protegido e impune, haga lo que haga, contratista
que beneficie tras contratista que beneficie. Grupos Higa ad infinitum.
Junto con lo que quedó fuera y nos prometen que se
abordará en la legislación secundaria. Ponerle topes y candados a la
comunicación social. Crear esquemas más amplios de participación
ciudadana en la denuncia y el combate a la corrupción. Crear un sistema
sancionatorio. Responsabilizar a personas morales, como las empresas.
Establecer nuevos mecanismos para sancionar la corrupción en el Poder
Judicial. Desarrollar inteligencia financiera. Y dicen que “faltan
algunas pequeñas partes”. Y dicen que “faltan algunos pedacitos”. Y
todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la
elaboración del nuevo sistema se congratulan de que exista. Y argumentan
que era mejor aprobar la legislación incompleta que se elaboró que
permitir que los gobernadores la bloquearan. Desde luego es mejor que
sea así. Pero parecería que volvemos a caer en la misma trampa de ir
cojeando de una reforma incompleta a otra. De argumentar que la nueva
ley es una mejora sustancial sobre las leyes vigentes. De darnos
palmadas en la espalda porque algo es mejor que nada.
Y el “algo” aprobado todavía tiene muchos huecos, lagunas,
recovecos y espacios para que la corrupción florezca sin sanción. El
Sistema Nacional Anticorrupción va a operar en un sistema político con
una ausencia alarmante de mecanismos de rendición de cuentas, de
auditores autónomos, de medios que en lugar de vigilar al poder se
vuelven sus escribanos. Quienes le apuestan a la efectividad del nuevo
sistema piensan que el único peligro que enfrenta son “los coletazos de
los dinosaurios locales”, que tratarán de impedir la legislación y que
podrán monitorearse mediante un “anticorruptómetro” para medir avances.
Pero el problema es que el Sistema Nacional Anticorrupción trata sólo de
colocarle una correa al dinosaurio y no lo logra al permitir que
persista la práctica del fuero que lo volvió tan voraz. Como escribió
Enrique Berruga: “Deja un mal sabor de boca que el Congreso haya dejado
abierta esa gran ventana a la impunidad”. El fuero seguirá permitiendo
el desvío de fondos, la concesión de contratos a cambio de casas, el uso
de bienes públicos para fines privados.
Más grave aún, el Sistema Nacional Anticorrupción falla al
dejar libre al dinosaurio más grande de todos. Al líder del país que
debería ser ejemplo de honestidad y apego a la legalidad. Al
Peñanietozauros Rex. Al que la nueva ley no podrá tocar. Y por ello, lo
que veremos en el futuro quizá sea algún castigo por la construcción de
covachas, pero jamás una remoción por la construcción de Casas Blancas.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
