Flor Goche - Contralinea
Los asesinatos y las desapariciones forzadas cometidas contra los normalistas rurales de Ayoztinapa no fueron las primeras atrocidades perpetradas por el crimen organizado contra activistas y defensores de derechos humanos en Guerrero. Al menos desde hace 10 años el narcotráfico ha atacado a las personas y a los pueblos que se organizan. Líderes sociales y defensores observan que la mafia es una extensión del poder público y que realiza labores de contrainsurgencia. Los ejemplos se multiplican: desplazamiento forzado, ejecuciones y desapariciones de miembros de la comunidad de La Laguna; de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; de Máximo Mojica Delgado; de Eva Fe Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle; de integrantes de la organización Unidad Popular y de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata…
Los asesinatos y las desapariciones forzadas cometidas contra los normalistas rurales de Ayoztinapa no fueron las primeras atrocidades perpetradas por el crimen organizado contra activistas y defensores de derechos humanos en Guerrero. Al menos desde hace 10 años el narcotráfico ha atacado a las personas y a los pueblos que se organizan. Líderes sociales y defensores observan que la mafia es una extensión del poder público y que realiza labores de contrainsurgencia. Los ejemplos se multiplican: desplazamiento forzado, ejecuciones y desapariciones de miembros de la comunidad de La Laguna; de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; de Máximo Mojica Delgado; de Eva Fe Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle; de integrantes de la organización Unidad Popular y de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata…
Aun así, el tema se aborda a tientas.
Se teme que la denuncia pública convierta al luchador social, al
defensor de derechos humanos, al ambientalista, a sus familias, en
blanco de ataque. Se teme, asimismo, la inminente calumnia orquestada
desde algunos medios de comunicación oficialistas: “que el activista
está coludido con la maña y que por eso lo agreden”.
En este contexto, el manubrio narcogobierno pareciera inexistente; su violencia, invisible. No hay bitácora pública de sus ataques.
A raíz de los hechos de finales de
septiembre pasado, en Iguala, en los que fueron asesinados tres
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, Guerrero, y detenidos-desaparecidos otros 43, la realidad
resultó inocultable. El Estado mexicano, en voz de la Procuraduría
General de la República, tuvo que salir a reconocerlo: un presidente
municipal, José Luis Abarca, operando a través y con el cártel Guerreros
Unidos. Cruentas maniobras perpetradas bajo el telón de la impunidad.
Días después, en la víspera de su caída
como gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero pediría a la
Secretaría de Gobernación investigar a los 81 alcaldes del estado así
como a las corporaciones policiacas locales, luego de reconocer que
existe infiltración del crimen organizado en diferentes municipios de la
entidad. La pregunta obligada era: ¿por qué hizo esta confesión hasta
transcurridos 30 meses de su gestión?
Del encuentro con diversas organizaciones
sociales con sede en Guerrero puede afirmarse que la agresión contra
normalistas de Ayotzinapa es tan sólo una pizca de esta realidad.
En la historia reciente de la entidad han ocurrido, al menos, ocho
episodios en contra de la población organizada, en los que el vínculo
grupo criminal-Estado es desnudado.
El desplazamiento forzado, ejecución, desaparición forzada y encarcelamiento de miembros de la comunidad de La Laguna; la desaparición forzada, tortura y posterior ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco; la desaparición forzada, tortura y posterior encarcelamiento de Máximo Mojica Delgado, profesor de primaria e integrante de la Asociación Tierra y Libertad; la desaparición forzada de Eva Fe Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán; el asesinato de Rocío Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; la desaparición forzada y tortura contra siete miembros de la organización campesina Unidad Popular y el ulterior asesinato de tres, entre ellos Arturo Hernández Cardona; el asesinato y tortura de tres integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata.
Aunque el tema del narcogobierno adquirió
fuerza a nivel nacional durante la administración de Felipe Calderón
Hinojosa, presidente de México de 2006 a 2012, Bertoldo Martínez,
dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de
Guerrero, asegura que el fenómeno no es nuevo: el narcotráfico y el
gobierno siempre han sido aliados. La diferencia, explica, es que ahora
“se descaran porque empiezan a perder terreno frente al movimiento
social que crece”.
En el caso de Guerrero, dice, esta
problemática data de al menos 25 años atrás, cuando personajes como José
Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer y el propio Ángel
Aguirre Rivero (entonces miembro del Partido Revolucionario
Institucional) ya figuraban en la política pública de esta entidad.
En aquellos tiempos, refiere el también integrante del Movimiento Popular Guerrerense, mientras los narcotraficantes –que se reconocían por sus ostentosas esclavas y cadenas– no sacaran sus mercancías, no había mayor complicación puesto que hasta ese momento ellos estaban inmersos en el entorno comunitario. Cooperaban, por ejemplo, para la pintura de la iglesia o de la escuela.
Fue, sin embargo, a principios de este
siglo que la problemática se agudizó. Entonces, empezaron los atropellos
generalizados contra la ciudadanía y, poco después, a partir de la
gubernatura de Zeferino Torreblanca (2005-2011), los grupos de la
delincuencia organizada fueron utilizados para exterminar a los
luchadores sociales, en una política de contrainsurgencia que busca
“meter miedo”.
“En 2005, en el marco de la supuesta
guerra contra el crimen organizado de Calderón, que era en realidad un
operativo para darle seguridad al cargamento y una política de
terrorismo de Estado que resultó en una grave crisis humanitaria,
nosotros decíamos que ya estábamos viviendo en un narco-Estado.
No lo decíamos públicamente pero sí considerábamos la situación de cómo
el Estado había cobijado de tal manera al crimen organizado”, dice
Raymundo Díaz Taboada, coordinador estatal del Colectivo contra la
Tortura y la Impunidad.
De acuerdo con Vidulfo Rosales Sierra,
integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
fue en 2007 que se empezó a vislumbrar con más claridad que las
estructuras estatales están permeadas por la delincuencia organizada:
“Que hay determinados jefes policiales, de la policía ministerial y
municipal, que ya trabajan para determinados grupos delincuenciales”.
En este contexto, el 13 de febrero de
2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el
Futuro del Pueblo Mixteco, fueron detenidos-desaparecidos por civiles
armados y, a los 8 días, encontrados sin vida y con evidentes huellas de
tortura.
Vidulfo Rosales refiere que este caso reafirmó, para la organización que representa, la colusión existente entre agentes estatales y el crimen organizado. Y es que, explica, los hechos se dieron en el contexto de las protestas que estos dos líderes encabezaban en contra de Armando García Rendón, entonces presidente municipal de Ayutla, mismas que habían derivado en la toma del ayuntamiento y que se preveía escalarían de nivel.
“Advertimos que, en lo posterior, las
autoridades podían utilizar esta estructura del crimen organizado para
agredir a defensores, luchadores que cuestionaran a las autoridades. Sin
embargo, entonces, la nuestra era una voz en el desierto. Una voz solitaria”, comenta el abogado de formación.
Y agrega: “Tenemos un narcogobierno.
La línea que divide el narco y el gobierno es totalmente invisible. Tú
interpelas a la autoridad, pero no sabes que esa autoridad contra la
cual estás elevando tú voz es un narco, un delincuente que no tiene en sus coordenadas los derechos humanos y el uso proporcionado de la fuerza”.
—¿En alguna ocasión se han acercado a la
federación para plantearle cómo opera el poder público al interior de
Guerrero? –se le pregunta a Bertoldo Martínez.
—A nosotros no se nos hace muy fácil ir a
la federación, a la Procuraduría [General de la República] a decir esto
porque no les tenemos fe. Nosotros sentimos que si vamos, ellos son los
mismos, y que si uno va a hacer una denuncia, ellos la van pasar a los
sicarios y al rato nos van a estar matando. La gente le tiene más fe a
la Asamblea Nacional Popular, y tiene la esperanza que haya un cambio de
régimen de gobierno. Eso tiene que pasar, de lo contrario no podemos
tener libertad.
La Laguna: desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones
Raymundo Díaz Taboada, coordinador
estatal del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, con sede en
Acapulco, da cuenta del caso de los desplazados de la comunidad de La
Laguna, ubicada en el municipio de Coyuca de Catalán.
Refiere
que el conflicto data de 2005, cuando integrantes del crimen organizado
solicitaron permiso a Rubén Santa Ana Alonso para explotar el
patrimonio de su familia: las tierras de los ejidos de La Laguna. El
control territorial permitiría a los delincuentes, además del trasiego
de drogas, el acceso a los recursos naturales de la zona: agua, madera y
minas.
La negativa desató la violencia y
persecución por parte de delincuentes y autoridades locales, comenta.
Tanto que, desde entonces, unas 30 personas de esta comunidad han sido
asesinadas (entre ellas Rubén Santa Ana) y tres desaparecidas, hechos
que permanecen en la impunidad.
En este contexto, el 21 de abril de 2011,
más de 150 personas, mayoritariamente mujeres y niños, fueron
desplazadas forzadamente de La Laguna hacia el Puerto de las Ollas. Las
familias que lograron retornar a su comunidad serían desplazadas
nuevamente el 28 de noviembre de 2012, día en que Juventina Villa
Mojica, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalá fue ultimada por un grupo armado, no
obstante las medidas cautelares con que contaba debido a amenazas
previas. Antes de ser ejecutada, Juventina fue obligada a presenciar el
asesinato de Reynaldo Santana, su hijo de apenas 13 años de edad.
A decir de Raymundo Díaz, este caso
evidencia la existencia de un grupo armado al que se le ha dejado actuar
y, peor aún, que ha contado con el apoyo de autoridades locales e
incluso del Ejército mexicano, que en diversas ocasiones irrumpió en La
Laguna bajo el pretexto de buscar armas entre la comunidad a la que se
ha pretendido criminalizar y vincular con el Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente.
A Joel Santana Villa, hijo de Juventina,
por ejemplo, le fabricaron diversos delitos (portación de arma, posesión
de droga y robo de vehículo) que lo llevaron a la prisión de Iguala,
lugar en donde fue asesinado, en diciembre de 2011. La primera versión
de la autoridad penitenciaria apuntaba a que Joel murió de un infarto.
Al final se supo que fue envenenado con plaguicida.
Desaparición y aprehensión de Máximo Mojica
El 27 de noviembre de 2008, Máximo Mojica
Delgado, profesor de primaria e integrante de la Asociación Tierra y
Libertad, fue detenido-desaparecido en el centro de Teloloapan por
civiles. Unas horas antes, el hombre fue interceptado en un retén de la
extinta Agencia Federal de Investigación en donde fue interrogado y su
vehículo cateado.
Para el 29 de noviembre el hecho empezaba
a configurarse como un secuestro debido a la llamada telefónica que
recibió María de los Ángeles Hernández, su esposa, en la que le pedían a
un rescate de 50 mil pesos.
Sin embargo, el 2 de diciembre Máximo fue encontrado en los separos
de Acapulco con visibles huellas de tortura y acusado de dos
secuestros. Desde entonces se encuentra preso. Después de 6 años de
reclusión no le han dictado sentencia definitiva, luego de que sus
abogados echaran abajo, mediante recurso de apelación, la pretensión de
condenarlo a más de 67 años de cárcel, refiere Pastor Mojica Delgado, su
hermano.
A la fecha, dos personas más se
encuentran presas, acudas de estos delitos. Se trata de la esposa de
Máximo y de Santiago Nazario, también integrantes de la organización
Tierra y Libertad.
Después de armado el rompecabezas,
advierte Raymundo Díaz Taboada, coordinador estatal del Colectivo
contra la Tortura y la Impunidad, con sede en Acapulco, es posible
concluir que no fueron policías quienes detuvieron a Máximo, “sino un
grupo de gente que trabajó junto con ellos vinculado al crimen
organizado y que los mismos policías estaban actuando como miembros del
crimen organizado”.
En palabras de Pastor Mojica Delgado: “Nosotros decimos que son paramilitares que el Estado ha implementado [sic] en Guerrero, que ellos son el brazo ejecutor porque el Estado quiere lavarse las manos de las acciones de represión en contra de las organizaciones sociales”.
Desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista
El 7 diciembre de 2011, Eva Fe Alarcón
Ortiz y Marcial Bautista Valle, de la Organización Ecologista de la
Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y miembros del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad, fueron detenidos-desaparecidos por un grupo
de hombres armados, quienes, se presume, contaron con la protección de
elementos del Ejército y de la policía ministerial. Sus raptores los
interceptaron sobre la carretera Zihuatanejo-Acapulco cuando se dirigían
a la Ciudad de México.
Según refiere Vidulfo Rosales Sierra,
integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
existen indicios de que en el origen de esta desaparición forzada está
la denuncia que realizó Eva Alarcón sobre los nexos entre policías
ministeriales y el crimen organizado.
Asesinato de Rocío Mesino
El
19 de octubre de 2012, mientras supervisaba la rehabilitación de un
puente tras los daños que dejó la tormenta tropical Manuel y el huracán
Ingrid, Rocío Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra
del Sur –a la que pertenecían los 17 campesinos abatidos el 28 de junio
de 1995 en Aguas Blancas– fue acribillada por un hombre armado.
Norma Mesino, su hermana, exige que se
abra una investigación profunda contra el exalcalde de Atoyac, Carlos
Armando Bello Gómez, por estar supuestamente relacionado con el crimen
organizado y con la muerte de su hermana. Este personaje, asevera,
amenazó constantemente a Rocío a raíz de que ella denunció las prácticas
de corrupción que caracterizaron su gestión. Según Norma Mesino, el
exalcalde cuenta con “todo el respaldo” del priísta Armando Ríos Peter.
“En el caso de Rocío es evidente esta
colusión entre el crimen organizado y el gobierno. Nosotros lo
denunciamos en su momento y nadie nos hizo caso, y lo seguimos
denunciando y nadie nos hace caso”, reprocha Norma Mesino.
Ejecución de Arturo Hernández Cardona
El 30 mayo de 2013, Arturo Hernández
Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arroyo
Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Román y Jimmy
Castrejón, de la organización campesina Unidad Popular, fueron
detenidos-desaparecidos por un grupo de hombres armados a la altura de
la caseta de cobro de Iguala. Fueron torturados.
Previo a los hechos, estos hombres habían
participaron en una protesta en demanda de obra pública, fertilizantes y
cese a las amenazas contra líderes sociales, y por la expulsión de la
nómina del gobierno municipal de los familiares del alcalde.
Cuatro días después de la desaparición,
los cuerpos sin vida de Arturo, Félix y Ángel fueron hallados con
huellas de tortura en el tramo de Mezcala a Iguala de la carretera
federal México-Acapulco.
José Luis Abarca Velázquez y Felipe
Flores Velázquez, exalcalde y exsecretario de Seguridad Pública de
Iguala, respectivamente, estarían implicados en los hechos.
Asesinato y tortura de integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata
El 5 de agosto de 2013, Raymundo
Velázquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera,
de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y del Partido
Comunista de México fueron hallados sin vida en un paraje a las orillas
del Río de Coyuca de Benítez. Presentaban impactos de bala y huellas de
tortura.
Para Marco Vinicio Dávila Juárez, integrante del Partido Comunista de México, es claro que aunque el brazo ejecutor
de estos crímenes fue la delincuencia organizada actuando como grupo
paramilitar, hay elementos que configuran la participación del Estado en
los mismos.
El también miembro de la Comisión
Política Nacional de Frente de Izquierda Revolucionaria relata que estos
tres hombres habían logrado un acuerdo con el gobierno de Guerrero para
bajar recursos por más de 1 millón de pesos para los damnificados por las lluvias. La maña,
“no por casualidad”, se enteró de la fecha en que Raymundo recibió el
monto del cheque y lo interceptaron para quitárselo. El hecho culmina
con una amenaza de muerte que se cumple el día en que los tres hombres
regresaban de una reunión en Cuernavaca.
Constante acoso contra la normal de Ayotzinapa
Los ataques del 26 y 27 de septiembre
pasados en Iguala no son los únicos que los alumnos de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, han recibido por parte
del crimen organizado, en colusión con el gobierno.
Integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón acceden a hablar, aunque con cierto temor, del tema.
Los episodios más recientes se dan en el
contexto de la lucha que sostienen por la presentación con vida de sus
43 compañeros detenidos-desaparecidos.
Al menos en dos ocasiones, los dirigentes
estudiantiles han sido interceptados en las calles por hombres a bordo
de camionetas, quienes les han advertido que no los quieren volver a ver
“en su territorio” y que “le bajen a su desmadre”.
En Tixtla, por ejemplo, un joven fue
golpeado y amenazado por un grupo de hombres que le dijeron: “Deja de
hacer las cosas que haces o, si no, atente a las consecuencias”.
Los jóvenes estudiantes de la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, dicen desconocer con exactitud
el número de agresiones de las que han sido objeto. No obstante,
aseguran que el hostigamiento por parte de estos grupos no es nuevo. Se
agudizó, sobre todo, a raíz del asesinato de sus compañeros Jorge Alexis
Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, a finales de 2011 durante
una protesta. Este crimen fue perpetrado por policías.
En 2013, por ejemplo, cuando realizaban una “actividad” de ordeña
de diésel cerca de Coyuca, fueron golpeados por hombres armados,
“personas que no cuentan con ningún código de respeto”, quienes los
despojaron de sus celulares y los amenazaron de muerte. Una señora del
lugar les advirtió que se trataba de narcos.
En ese mismo año, un grupo encapuchado
ingresó a las instalaciones de la normal, pateó la puerta del dormitorio
de uno de los integrantes del Comité y lo amenazó con arma de fuego.
Flor Goche, @flor_contra/Enviada
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