El caso de Ayotzinapa y lo que ocurre en el país en este sexenio constituyen “un escándalo internacional muy grande”, y ante los acontecimientos de Iguala y de Tlaltaya se han puesto en evidencia las “debilidades del sistema político mexicano”. Esta es la apreciación del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, entrevistado por Proceso. Advierte: el gobierno de Peña Nieto se tardó en reaccionar, cuando en crisis parecidas, como las de Aguas Blancas y Acteal, se produjeron de inmediato las renuncias de los gobernadores y de un secretario de Gobernación.
WASHINGTON.- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, califica de insuficientes la respuesta y el manejo que ha dado el gobierno de Enrique Peña Nieto a los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, y recuerda que una crisis similar, como la masacre de Acteal en 1997, ocasionó inclusive la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
En entrevista con Proceso, dice Álvarez Icaza: Los casos de “Aguas Blancas (Guerrero, 1995) y Acteal (Chiapas) generaron una respuesta que provocó una reacción mucho más rápida del sistema político en México. Cayeron más rápido los gobernadores y los secretarios de Gobernación”.
En las crisis de Tlatlaya y Ayotzinapa, “tal vez no tan prolongadas como profundas, la respuesta se tardó, lo que pone en evidencia las debilidades del sistema político mexicano”.
Durante las cinco audiencias realizadas el pasado 30 de octubre sobre la situación de los derechos humanos en México, dentro del 153 periodo de sesiones de la CIDH, los asuntos más destacados fueron la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución extrajudicial de 21 jóvenes –presuntos delincuentes– en Tlatlaya, Estado de México, por elementos militares.
Luego de escuchar los argumentos del gobierno de Peña Nieto sobre estos dos casos de violación a los derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH declara que “no son sorpresivos” porque no se trata de nuevos acontecimientos. “Son indignantes y dolorosos en cuanto a su dimensión”, manifiesta.
Pero Álvarez Icaza va más allá. Puntualiza que la situación “refleja de una manera tan nítida el fenómeno de corrupción, de crisis de justicia, de descomposición en derechos humanos, que eventualmente ese es el factor que ha hecho que Ayotzinapa sea un clamor nacional”.
Las audiencias en la CIDH, organismo jurídico dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sirvieron como plataforma para las denuncias de la sociedad civil mexicana contra Peña Nieto. Le gritaron que no le creen y que el caso de Ayotzinapa es un crimen de Estado en el cual la Procuraduría General de la Republica (PGR) se quedó dormida en sus laureles.
En la primera audiencia, realizada por petición del Estado mexicano, Álvarez Icaza expuso que acontecimientos como los de Ayotzinapa y Tlatlaya son “el patrón” de las violaciones de derechos humanos que se cometen en México.
A la par, integrantes de 13 organizaciones no gubernamentales (ONG) que asistieron a las audiencias levantaron pancartas antes de que hablaran delante de la delegación mexicana oficial: “Fue el Estado”. Leyeron uno a uno los 43 nombres de los normalistas desaparecidos y de las seis personas ejecutadas en Iguala el 26 de septiembre. Por las víctimas, pidieron a la sala guardar un minuto de silencio. Silencio que se percibió como un ambiente de impotencia social ante la cruel realidad que vive México.
Estas organizaciones asistieron a las sesiones de la CIDH en calidad de peticionarias, así como en representación de la sociedad civil y de los familiares de víctimas de los abusos contra los derechos humanos.
A su vez, en nombre del Estado mexicano, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, justificó:
“En ambos casos, Tlatlaya y Aytozinapa, el Estado mexicano ha manifestado su compromiso con una investigación en el ámbito de la justicia civil de manera diligente, objetiva e imparcial para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantizar la atención a las víctimas y el diálogo con las organizaciones de derechos humanos que representan sus intereses, como le consta a la comisión.”
“Lo que se ve es que hay un cambio de narrativa, pero no un cambio de realidad”, advirtió por su parte Álvarez Icaza acerca de las declaraciones y explicaciones del gobierno de Peña Nieto ante la CIDH y la delegación de peticionarios que viajó a esta ciudad.
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| DF. Miles exigen la aparición de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Benjamin Flores |
Gobierno “impune que maquilla”
A más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, y a cuatro de que 21 jóvenes fueran ejecutados por miembros del Ejército en Tlatlaya, las ONG Fundar, Artículo XIX, Asociadas por lo Justo, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Documenta, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Propuesta Cívica Sin Fronteras, además de patentizar que Peña Nieto miente a los familiares de las víctimas, le dijeron que está al frente de un gobierno impune que maquilla.
“México es un país de contradicciones… es un país adolorido que no puede tolerar más la simulación”, denunció Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de derechos humanos de Fundar.
En cambio, la delegación oficial mexicana pretendió mostrar un rostro de dolor por lo ocurrido y habló del compromiso de resolver los casos y castigar a los responsables.
“Para este objetivo, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud de asistencia técnica a esta comisión y esperamos definir sus términos a la brevedad”, externó la subsecretaria Limón.
La misión de control de daños con la que llegó la delegación del gobierno de Peña Nieto a Washington, encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió el apoyo técnico del organismo.
Mientras tanto, el secretario ejecutivo de la CIDH considera que la crisis de derechos humanos por la que pasa la administración de Peña Nieto “es un escándalo internacional muy grande”. Comenta que hace unos días, durante un viaje que realizó a Ginebra, Suiza, fue abordado con la misma pregunta por el relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, por la Comisión Africana de Derechos Humanos, por la Asiática y por el Parlamento y la Unión europeos: “¿Qué está pasando en México?”.
“Honestamente, creo que el Estado mexicano tiene que desplegar una mucho mayor capacidad, y yo creo que la tiene. Tiene que entender, y me parece que se necesita asumir con mayor claridad que esto debe ser un quiebre en términos de que no pueden repetirse hechos de esta naturaleza”, insiste Álvarez Icaza.
Al preguntarle si la crisis de derechos humanos que se vive en el actual sexenio es la más profunda que ha experimentado México en los últimos 30 años, plantea que no le gusta hacer una “especie de competencia de tragedias”, aunque hace comparaciones con episodios trágicos anteriores:
“Pasó lo mismo con el Movimiento por la Paz, de Javier Sicilia. Pasó lo mismo con los temas que tenían que ver con las marchas por la inseguridad. La pregunta es: ¿Qué tienen que hacer las estructuras, las instituciones del Estado, para responder en buenos términos, para que otras (crisis) no pasen? Ojalá que ahora haya una condición de quiebre y de aprendizaje para que esto no se repita.”
El 28 de junio de 1995, la policía del estado de Guerrero masacró a 17 campesinos e hirió a otros 21 en el vado de Aguas Blancas, un crimen de Estado que causó la renuncia del entonces gobernador de la entidad, Rubén Figueroa Alcocer.
El 22 de diciembre de 1997, en la población de Acteal, Chiapas, 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas fueron asesinados por un grupo paramilitar. Esta matanza, que incluyó a niños y mujeres embarazadas, provocó la dimisión del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien es hoy titular de la Secretaría de Educación.
“No es política de Estado”
También en entrevista con Proceso, el subsecretario Gómez Robledo, quien durante las audiencias estableció que “no es política de Estado” la violación de derechos humanos en México, rechaza de manera categórica la declaración de que en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya no se está actuando con transparencia.
“El contacto, el diálogo, la cooperación con los familiares es algo que no podemos poner en duda; un aspecto muy importante que deriva de una ley que fue promulgada por este gobierno, la Ley General de Víctimas, que da a los familiares un papel de coadyuvancia en las investigaciones y que tampoco tiene precedente. Es la primera vez que se pone en aplicación la ley en este aspecto”, sostiene el funcionario de la cancillería mexicana.
Gómez Robledo admite que hay “impaciencia por la dilación” en el esclarecimiento de los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, pero enfatiza que la PGR –que ya ha detenido a 56 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas– está desarrollando una investigación efectiva.
Contra la percepción generalizada, Gómez Robledo cataloga el pronunciamiento del Parlamento Europeo de la semana pasada como “de respaldo irrestricto a lo que ha hecho el Estado, de condena (también) por supuesto; pero es de respaldo y es un voto de confianza de que el Estado va a poder avanzar”.
Asimismo, no comulga con la acusación de que el gobierno de Peña Nieto está muy limitado para resolver el caso de Ayotzinapa, como se podría interpretar de la solicitud de asistencia técnica que el gobierno mexicano hizo a la CIDH, o la participación en las investigaciones de los especialistas forenses argentinos.
“En el caso de los peritos extranjeros”, apunta Gómez Robledo, “fue una decisión del gobierno de México, el primer día, de llamarlos. ¿Por qué? porque, primero, ya había habido una experiencia previa con este equipo ante los feminicidios en Ciudad Juárez. Ya los conocemos, sabemos de la profesionalidad y credibilidad que tienen; y porque pensamos que era muy importante que vinieran a apoyar, sobre todo al inicio, cuando todo estaba en el fuero local, a los servicios periciales del estado de Guerrero.”
–¿Incomodan al gobierno de México las expresiones de preocupación que recientemente emitió la Casa Blanca, y lo que publican los medios de comunicación en Estados Unidos sobre Ayotzinapa y Tlatlaya? –pregunta el reportero a Gómez Robledo.
–No, no, por supuesto que no incomoda. México ha transitado de ser un país muy reacio a la mirada externa en estos temas a ser, probablemente, por lo menos en América, el país más abierto.
–¿Cuándo iría la CIDH a México?
–El esquema de la asistencia técnica no supone necesariamente una visita de la comisión. La idea que han planteado ya por escrito los peticionarios es que vaya un grupo de expertos que tenga el aval de la comisión para hacer una serie de tareas.
En las audiencias de la CIDH, mientras la subsecretaria Limón solicitaba la asistencia técnica del organismo jurídico interamericano, los peticionarios clamaban por una “visita in loco” (en el lugar), lo antes posible, de los comisionados de derechos humanos de la OEA.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
