Como en los mejores tiempos de la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo federal, el bloque conformado por PAN, PRI y Partido Verde aprobó las 16 leyes secundarias en materia energética, divididas en cuatro dictámenes. El paquete fue discutido y aprobado vía fast track en el Senado. No hubo ninguna movilización o acto de protesta en las calles capitalinas tras el prolongado diálogo de sordos en el que la oposición minoritaria de las izquierdas fue mayoriteada.
Como en los mejores tiempos de la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo federal, el bloque conformado por PAN, PRI y Partido Verde aprobó las 16 leyes secundarias en materia energética, divididas en cuatro dictámenes. El paquete fue discutido y aprobado vía fast track en el Senado. No hubo ninguna movilización o acto de protesta en las calles capitalinas tras el prolongado diálogo de sordos en el que la oposición minoritaria de las izquierdas fue mayoriteada.
La aplanadora funcionó. Con excepción de los balbuceos de algunos priistas, como el senador petrolero Carlos Romero Deschamps –quien le reprochó en comisiones al PAN su pretensión de volver “productivo” a Pemex– o la salida de las bancadas del PRD y del PT de las sesiones del lunes 14 y martes 15 en comisiones, los legisladores del PRI y del PAN aprobaron de manera unánime con 15 votos los cuatro dictámenes.
Los últimos dictámenes se redactaron en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Así lo confirman dos correos electrónicos provenientes de la cuenta de Sharon María Teresa Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la consejería, enviados al Senado el lunes 7 con el dictamen 1 (Ley de Hidrocarburos) y otro de la misma fecha con el dictamen 4 (órganos reguladores y agencias), cuyas copias tiene Proceso.
Como ocurrió en la ley secundaria de telecomunicaciones, el consejero jurídico Humberto Castillejos y su equipo, encabezado por Cuenca Ayala, impusieron la “línea” y la negociación en Presidencia de la República con el PAN, como lo admitió el propio coordinador de la bancada Jorge Luis Preciado.
Ante la pregunta de cuáles fueron los principales cambios introducidos en las negociaciones con su partido, Preciado afirmó: Lo más importante “tiene que ver con los nombramientos de los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos para que sean ratificados por el Senado; el tema de los derechos superficiales, que ha generado controversia; asimismo, se quitó el tema de la expropiación y quedó ocupación temporal y la posibilidad de que haya una buena negociación entre los dueños de la superficie y quienes lleguen a explotar el subsuelo”.
La negociación con los panistas con el consejero jurídico de la Presidencia de la República estuvo encabezada por los senadores calderonistas, especialmente por Salvador Vega Casillas –extitular de la Secretaría de la Función Pública–, Jorge Lavalle Mauri, Francisco Domínguez Servién y Ernesto Cordero –excoordinador de la bancada y contendiente perdedor por la dirigencia nacional del PAN.
Sin embargo, la premura no fue marcada por los tiempos del Ejecutivo federal, sino por los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos y la subsecretaría para América del Norte de la cancillería mexicana.
Desde el lunes 14 entró en vigor el Acuerdo Transfronterizo de Hidrocarburos (ATH) entre México y Estados Unidos que prohíbe la explotación unilateral de las reservas energéticas en aguas del Golfo de México y establece los modelos de contratos entre arrendatarios estadunidenses y Pemex.
El acuerdo fue aprobado el 19 de diciembre del mismo año por el Senado estadunidense, justo la víspera de que se aprobaran las reformas constitucionales en materia energética en el Congreso mexicano.
Propone “fortalecer la seguridad de América del Norte” y practicar una “administración responsable” de ambos países en esta zona de yacimientos donde se considera que existen 172 mil millones de barriles de crudo y 304 mil millones de pies cúbicos de gas natural.
De igual manera, modifica los derechos de propiedad de la explotación petrolera mexicana, quitándole a Pemex el carácter de operador único. Con las nuevas leyes secundarias, es factible que Pemex y las empresas estadunidenses del sector firmen un convenio de “unitización” (unificación de yacimientos) para determinar las dimensiones de cada yacimiento y las reservas que contienen. Pemex participaría con “no menos de 20%” de los proyectos de explotación, de acuerdo con los artículos 16 y 17 de la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada ya en el Senado.
Impacto negativo: Pemex
El exsubsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Mario Gabriel Budebo, declaró al periódico El Financiero que el acuerdo es que si se descubre un yacimiento con 70% del lado estadunidense, “lo que se extraiga de crudo o gas será distribuido en el mismo porcentaje: 70-30, y así para cada caso que se descubra, se irá caso por caso”.
La prisa por aprobar las leyes secundarias radica en que la Ley de Hidrocarburos establece las nuevas modalidades de contratos, como son los de servicio, utilidad compartida y los de producción compartida y licencias, con un porcentaje mínimo de participación de Pemex de 30%.
La Ley de Hidrocarburos dispone que no hay posibilidad de cancelar los contratos cuando lo considere pertinente el interés nacional (artículo 20), y en los casos de rescisión administrativa se prevé la solución de controversias por arbitraje internacional (artículo 21).
Las nuevas figuras de contratos con entidades privadas son los servicios de utilidad y de producción compartida, así como las licencias. Las modalidades de pago quedaron de la siguiente manera: en efectivo para la contratación de servicios; con un porcentaje de la utilidad, con un porcentaje de la producción o con la “transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo para los contratos anteriores”. También se puede dar una combinación de los cuatro anteriores.
Lejos de la bonanza que implicarán los nuevos contratos con organismos privados y la restructuración interna a raíz de la nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pemex, la paraestatal admitió el pasado 15 de mayo ante la Securities Exchange Commission, de Estados Unidos, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México que “estos efectos podrían ser adversos” y “pudieran requerirse dispensas por parte de sus acreedores o tenedores, según sea el caso”.
En el debate del jueves 17 en el pleno del Senado, la perredista Dolores Padierna divulgó partes del informe de Pemex ante la SEC, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.
“El decreto de la Reforma Energética establece la transferencia de determinados recursos de Pemex Gas y Petroquímica Básica relacionados con el sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento a un nuevo organismo público descentralizado que será creado en el futuro”, advierte Pemex.
Ante las autoridades bursátiles y financieras, Pemex admite que la nueva legislación podría afectar la producción y el incumplimiento de sus obligaciones:
“El gobierno federal podría, en la implementación del decreto de la reforma energética o a través de su legislación secundaria, reorganizar la estructura de la emisora o transferir la totalidad o parte de la emisora y los organismos subsidiados, o bien, sus respectivos activos a una entidad que no esté controlada por el gobierno federal. La reorganización y transferencia de activos contemplados en el decreto de la reforma energética o cualquier otra reorganización o transferencia que el gobierno federal realice, podría afectar de manera adversa la producción de Pemex…
“Pemex no puede garantizar que tendrá o estará en posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los recursos suficientes que sean necesarios para explotar las reservas a través de las asignaciones que el gobierno federal le adjudique en la Ronda Cero o, en su caso, a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro.”
