La competencia en la transmisión y distribución de energía eléctrica no necesariamente llevará a mejorar las tarifas eléctricas al consumidor
21 julio 2014 | Eduardo Esquivel | SDP Noticias
El pasado sábado 19 de julio el senado de la república aprobó en lo general, con 92 votos a favor y 27 en contra, la expedición de la Ley de la industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, además de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, todo esto dentro del marco de las leyes secundarias de la reforma energética, que se aprobó en diciembre del año pasado. La aprobación de la Ley de la industria Eléctrica avala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de ser el monopolio del Estado mexicano de la industria eléctrica, al permitir la participación del sector privado en la generación y el suministro de energía eléctrica, esto con el argumento de que la estatal eléctrica es insuficiente para llevar energía eléctrica a todo el país, actividad que ha realizado de 1960 a la fecha.
Compañías como Cemex y Walmart son algunas de las empresas que podrían entrar a la venta mayorista de energía eléctrica, ahora que podrán los corporativos privados comercializar el servicio eléctrico.
Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) han sido de los principales promotores de la apertura del sector eléctrico del país, dada la incapacidad de la CFE; esto llama la atención ya que en la administración del gobierno de Felipe Calderón, la Comisión Federal de Electricidad era considerada empresa “de clase mundial” y por eso, en octubre de 2009 se liquidó y se despidió a 44 mil trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que la CFE se hiciera cargo de la transmisión y distribución eléctrica en el centro del país.
La participación del sector privado en la industria eléctrica del país no es nueva, tendremos que recordar que desde 1995 la colaboración privada se dio primero en proyectos de electricidad para la CFE, bajo el esquema de Construir – Arrendar – Transferir (CAT) que evolucionó en un esquema de Producción Externos de Energía (PEE), que son productores independientes acotados a la demanda del mercado. Con este esquema la CFE se encarga de producir y comprar a privados energía eléctrica, conservando a la empresa estatal la exclusividad en la transmisión y distribución de la electricidad en el territorio nacional.
Actualmente, aproximadamente el 50 por ciento de la electricidad consumida en el país es maquilada por los conocidos como “Productores Independientes de Electricidad” (PIE), destacándose la empresa española Iberdrola, que tiene como consejera a Georgina Kessel, quien fuera en el gobierno de Felipe Calderón, Secretaria de Energía.
Los PIE generan electricidad principalmente a través de termoeléctricas, que tienen como insumo gas natural, y dado que México no es autosuficiente en este energético, se tiene que importar a precios que no son siempre los más competitivos. Aproximadamente el 60 por ciento del presupuesto para adquisición de energía eléctrica a los privados por parte de la CFE se gasta en el pago de gas natural.
Los parques eólicos que se han construido en el país para la generación de energía eléctrica, en muchas ocasiones, han sido construidos con capital privado, y hay casos como el de Piedra Larga, en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, que mandó hacer el Grupo Bimbo, de Lorenzo Servije Sendra, en sociedad con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de Renovalia Energy de España, este parque se hizo para crear energía con el viento, para satisfacer la demanda del corporativo y sus plantas de la empresa panificadora, siendo ellos los administradores del proyecto; la energía que les sobra es vendida a la CFE.
La propuesta panista de focalizar los subsidios a la luz solamente a los hogares de menores recursos y de zonas con mayor marginación, fue desechada de última hora en el dictamen aprobado por los senadores, ya que esto causaría muchos problemas a los consumidores y también al sector productivo del país. Actualmente México es el país que más subsidios paga por la electricidad en la región latinoamericana, puesto que el gobierno aporta casi 23 centavos de dólar (2.76 pesos) por kilowatt – hora consumido en el sector comercial, en tanto el subsidio al sector industrial asciende a 22 centavos de dólar (2.6 pesos), mientras que en el residencial la aportación es de 14 centavos de dólar (1.68 pesos) por kilowatt hora consumida (con datos de la consultora internacional Fitch Ratings).
Los altos subsidios, en el consumo de luz, representan un serio problema ya que por un lado representan un desembolso muy significativo de los recursos de los contribuyentes; pero sí estos subsidios se quitan, acarrearía un aumento de casi el doble a los consumidores residenciales y un aumento de los costos de producción para los industriales y comerciantes, lo que los obligaría a un aumento de precios de sus productos. Los subsidios al consumo de luz podrían recaer en una ayuda indirecta por parte de los contribuyentes a las empresas privadas, que estarán en el negocio de la creación, transmisión y distribución de electricidad.
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martin Esparza, argumentó, que si la Compañía de Luz y Fuerza del Centro tenía grandes pérdidas, éstas eran debido a que la CFE les vendía la electricidad a un costo mayor al que cobraban ellos en los recibos a los consumidores, a los cuales les tenían que aplicar el subsidio gubernamental y que solo el 39 por ciento de las transferencias recibidas por el gobierno federal correspondían a cubrir sueldos, prestaciones y jubilaciones.
La Ley Eléctrica aprobada por los senadores también quitó aparentemente la posibilidad de expropiar para la construcción e instalación de centrales eléctricas y postes para transmisión, pero este concepto realmente sólo cambió de nombre al de “ocupación temporal”, donde el contratista tendrá que llegar a algún tipo de arreglo con el dueño de la tierra para poder explotarla e incluso tendría que pagarle con un porcentaje de sus ganancias. Este cambio de nombre no frenará los abusos y el despojo de muchas tierras, principalmente del área rural y de propiedad comunal, como ya ha sucedido con las tierras de campesinos en Oaxaca, donde empresas españolas como Iberdrola han instalado generadoras de electricidad eólicas y han despojado a campesinos de sus tierras.
La competencia en la transmisión y distribución de energía eléctrica no necesariamente llevará a mejorar las tarifas eléctricas al consumidor, y casos como el de España nos demuestran que la apertura del sector no siempre lleva a mejorar las tarifas. Existen casos de éxito como en Argentina y Chile, donde sí se lograron mejores tarifas para los consumidores después de la privatización de la industria.
Lo que sí es seguro es que la CFE se hará más pequeña y tenderá a desaparecer, ya que se le desmantelará, y tampoco habrá más empleo ya que muchas plazas laborales se perderán en la estatal eléctrica, y éstas difícilmente serán absorbidas en su totalidad por las empresas privadas del ramo. La Ley Eléctrica ahora se encuentra discutiéndose en la Cámara de diputados y pronto entrará en operación.
